La Ley de Capitalidad, una herramienta ante el “miedo a perder la ciudad”

El candidato de Cambia Logroño a la Alcaldía de la capital riojana, Gonzalo Peña, considera que “la Ley de Capitalidad es un intento del Gobierno regional de controlar el Ayuntamiento”, una situación que, a su juicio, responde al miedo que tiene el Partido Popular de perder la capital en las próximas elecciones.

Peña, junto con algunos miembros de la candidatura, ha repasado la norma, aprobada por el Parlamento de La Rioja el pasado día 19 de marzo, y que, en sus palabras, “tanto en su forma y como en sus contenidos, es muy pomposa”.

“Sin embargo, bajo ella subyace el blindaje de la Comunidad sobre competencias municipales”, ha apuntado Peña, quien ha resaltado que “el Gobierno regional se reserva privilegios en temas 'golosos' como urbanismo, vivienda o grandes infraestructuras”.

Para el candidato de Cambia Logroño, “se intenta vender algo muy positivo, cuando ni siquiera se ha pasado el texto por el Ayuntamiento, es curioso, sobre todo que se saque a pocos meses de las elecciones, no es más que un intento de controlar el Ayuntamiento por miedo a perder la capital”.

Ha incidido en que “seguiremos construyendo la ciudad con una alternativa para la ciudadanía”, por lo ha mostrado su compromiso de “redactar otra ley para atender las necesidades reales de los ciudadanos y no que responda a meros intereses partidistas”, con aspectos como la pobreza energética o el desempleo.

Por su parte, el miembro de la candidatura de Cambia Logroño José Manuel Zúñiga, ha señalado que “la ley recoge cosas necesarias para Logroño”, pero ha considerado como “un problema” que todas las decisiones “deban pasar por un Consejo de Capitalidad”.

Este organismo, formado por ocho personas, cuatro de la Comunidad y cuatro del Ayuntamiento, “puede presentar dificultades a la hora de adoptar acuerdos, si es que se produce alguna discrepancia entre sus miembros”.

A ello ha sumado que la ley “debería haber sido consensuada no solo por el Gobierno y el Ayuntamiento, sino, al menos, por todas las fuerzas políticas con representación en las instituciones”, y que “no cuenta con una dotación económica fija, sino que depende de las decisiones del Consejo de Capitalidad”.