Los interinos salen a la calle para clamar estabilidad

Los empleados públicos temporales de las administraciones públicas de La Rioja han salido a la calle este jueves ante la amenaza de un ERE encubierto que podría llevar al desempleo a una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores. La manifestación ha sido convocada por la Plataforma de Empleados Públicos Temporales e Interinos de La Rioja.

La Plataforma calcula que en toda España hay entre 700.000 y 900.000 los afectados, varios miles de ellos en La Rioja. “Sin duda, es el mayor ERE de la historia”. Según ha sentenciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en septiembre de 2016, muchos gobiernos autonómicos y locales como los de La Rioja así como el del Estado, han tenido trabajadores temporales durante años en situación de un fraude de ley.

Y es que, según la Plataforma, han sumado relaciones de empleo temporal durante muchos años y para funciones que no eran auxiliares o temporales sino estructurales y permanentes, y no han convocado a puestos fijos en su debido momento y cantidad suficiente, incumpliendo con ello lo establecido en la Directiva 19999/70/CE de la Unión Europea sobre el trabajo temporal: “el empleo temporal debe tener un límite (3 años) y la legislación nacional debe incluir la sanción para el empleador y la compensación para el empleado en caso de incumplimiento”.

Este deber de modificar la legislación española “no solo ha sido incumplido por el Gobierno español para el caso del empleo público, regido por el Estatuto Básico del Empleado Público, sino que pone todas las resistencias posibles incluso en los tribunales para dar cumplimiento a ese mandato del TJUE de compensar al empleado con abuso de temporalidad en estabilidad o, incluso, indemnizaciones”.

Es más, la “solución” que ha decidido el Gobierno del Estado a esta situación llegó con la Ley de Presupuestos de 2017, y con el “sorprendente” acuerdo de los tres sindicatos nacionales mayoritarios supone “no solo no reconocer el fraude de ley, sino arrojar y sin indemnización alguna a la calle a cientos de miles de empleados públicos, sin tener en cuenta sus derechos adquiridos”.

Exigencias

Ante esta situación, exigen:

1. El reconocimiento de oficio por la Administración del Fraude de Ley de todos los empleados públicos, ya sean funcionarios interinos, laborales temporales o estatutarios eventuales / temporales que llevan más de 24 meses contratados dentro de un periodo de 30, tal y como ocurre con los indefinidos no fijos.

2. La paralización de las ofertas de empleo y las convocatorias de oposiciones que incluyan “plazas de estabilización” que afectan a estas personas hasta que se regularice su situación laboral y, por ende, de los sistemas de confección de las listas de interinos de manera que quede garantizado su derecho a la estabilidad. Seguir adelante podría suponer que la Administración tenga que hacerse cargo de indemnizar e incluso readmitir a cientos de miles de trabajadores y al pago de los salarios durante el período que puedan durar los juicios, es decir, miles de millones de euros y posibles responsabilidades patrimoniales de las que tendrán que responder los gestores públicos que las acordaron.

3. La aprobación de una Ley Orgánica de carácter transversal para la aplicación del artículo 61.6 del TREBEP a todos los empleados públicos temporales afectados (incluyendo a los indefinidos no fijos) con independencia de su distinta regulación legal, que permita introducir las modificaciones necesarias para habilitar un proceso de regularización mediante un concurso de méritos basado en el cómputo de la antigüedad como único mérito objetivo de valoración, aplicando las normas que para estas situaciones excepcionales recoge el ordenamiento jurídico. Cualquier alternativa negociadora que no conlleve la consolidación del 100% de las personas afectadas no será admitida.

4. Convocatorias de OPEs con concurso-oposición de periodicidad anual o bienal como máximo para los puestos ocupados por temporales de reciente creación o las nuevas vacantes para reposición para que de una vez por todas se cumpla la ley.

“Además de ser una exigencia justa para acabar con el abuso de temporalidad en el empleo público, se ahorrarán gastos enormes e innecesarios, costeados por los ciudadanos, por las indemnizaciones y costas judiciales que acabarán ganando en los tribunales los temporales que demandarán su 'cese' tras perder su puesto por esas OPEs injustas diseñadas desde el Gobierno. Además esos ciudadanos se beneficiarán del mejor servicio público al mantener en su mayor parte al personal que lo viene desempeñando”, han explicado.