Los interinos se concentran contra el “abuso” de las contrataciones temporales

La Plataforma de Temporales e Interinos de La Rioja (PIR) se concentrará ante la Delegación del Gobierno este jueves, a las 12:15 horas, para denunciar “el uso abusivo de las contrataciones temporales que sus administraciones empleadoras llevan haciendo durante años sin ningún tipo de sanción, incumpliendo la normativa española en materia de función pública y el derecho de la unión”.

Exponen que, “tras años denunciando esta situación en La Rioja y ante el continuado incumplimiento de las leyes españolas y la normativa europea por nuestra Administración, es necesario que se actúe con responsabilidad y se inspeccione el abuso de temporalidad. El respeto por las leyes, por nuestras familias y por nosotros mismos nos lleva directos a la huelga”.

Por ello, los empleados públicos temporales de toda España se van a concentrar frente a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de 40 ciudades de todas las comunidades autónomas.

“Desde hace más de 20 años, todas las Administraciones Públicas españolas recurren a contratos temporales para cubrir necesidades de las plantillas que no son provisionales y urgentes, sino permanentes y estables, lo que constituye un abuso de la contratación temporal, prohibido por una norma comunitaria de obligado cumplimiento, la Directiva 1999/70/CE que se sigue incumpliendo impunemente en nuestro país”, explican.

Recuerdan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige que se imponga al empleador, privado o público, una sanción disuasoria para evitar que vuelva a recurrir el abuso y que elimine sus consecuencias en el trabajador; bien a través de indemnizaciones disuasorias o estabilizando en el empleo a las víctimas del abuso.

La ministra de Función Pública, Carolina Darias, así como su secretario de Estado, Francisco Hernández Spínola, han informado en comparecencias y medios de comunicación, que es necesario terminar con esta situación. Sin embargo, “pretenden hacerlo, por una parte, reformando el artículo 10 del EBEP (el que se ha venido incumpliendo por la administración sin consecuencias) para evitar abusos a futuro; y por otra, mediante ofertas de empleo de estabilización de plazas, no de personas, confundiendo los sistemas de acceso a una administración de la que ya formamos parte, con la estabilización en el empleo como sanción al abuso cometido por la administración”.

Mientras el gobierno sigue estudiando cómo resolver esta situación, creada por las propias Administraciones, “se van sucediendo los ceses de empleados, con las consiguientes demandas, denuncias y movilizaciones sociales, como las concentraciones frente a las subdelegaciones, la huelga de médicos y resto de sectores públicos en Canarias, a las que pronto se sumará la Plataforma de Interinos de La Rioja (PIR) y los trabajadores públicos en abuso de toda España, si el gobierno no propone una solución acorde con la Directiva”.

En este escenario “de desamparo e incertidumbre para miles de familias”, que afecta principalmente a mujeres con una media de 50 años sin opción a incorporarse al mercado laboral si son cesadas, la Comisión Europea sigue vigilante para decidir si demanda al Reino de España por incumplimiento, manteniendo abiertos varios expedientes de infracción por este motivo, detallan.

“Si en el sector público no se pone en marcha un control de legalidad, inspecciones o auditorías contra el fraude y el abuso en las Administraciones, similares a las adoptadas en el ámbito privado, nunca se pondrá fin a la temporalidad abusiva”, concluyen.