Marlaska sostiene que SEGI no es “sino un tentáculo de ETA”

El juez de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, afirma en el auto en el que argumenta su decisión de enviar a prisión a 31 de los 35 detenidos en la macrooperación contra SEGI que esta organización abertzale juvenil no es “sino un tentáculo de ETA”, que es “utilizado de forma estructurada cuando conviene a la banda” y que se ha convertido en “una auténtica 'academia terrorista'”.

En el documento, de 59 páginas, el magistrado confirma que la operación desarrollada en la madrugada del pasado martes comenzó a gestarse tras la incautación de varios documentos al dirigente de ETA Ekaitz Sirvent, detenido en Francia el pasado mes de abril. En concreto, destaca uno, titulado 'La organización de la revolución juvenil en Euskal Herria', en el que se analiza la situación de la organización y que es considerado por el juez como una “directriz” a la organización SEGI, “coordinadora de todo el entramado que ha generado para la movilización juvenil”.

Este texto, afirma el juez, constituye “por sí solo prueba de que es ETA y siempre ETA quien rige los destinos de los movimientos juveniles de la izquierda radical abertzale, tengan estos el nombre que tengan”. Para ello, Sirvent recalca cuál debe ser el papel de su organización juvenil, a la que insta a “fagocitar cualesquiera otros de similares características”. Esto, afirma el juez, “ya es una realidad en el País Vasco”, donde el Movimiento de Liberación Nacional Vasco “se ha apropiado por las buenas o por las malas de otros movimientos juveniles, tipo ecologistas, musicales antisistemas, etc”.

LA KALE BORROKA, EL “PUNTO DÉBIL” DE ETA

Sirvent también se declaraba en este documento preocupado por las operaciones policiales contra la 'kale borroka' y llegaba a alertar, según el juez, de que éste es precisamente “el punto débil del entramado”. De hecho, apuntaba a que “el empleo masivo de la militancia” había producido “como efecto colateral un amplio conocimiento de la misma por las fuerzas de seguridad”, por lo que resulta “muy difícil presentar asociaciones 'limpias' o 'listas blancas' en procesos electorales'”.

Según el ideólogo etarra, la etapa actual requiere “planificación y reforzamiento organizativo” de la militancia y para ello establece que cuál debe ser “uno de los objetivos prioritarios en los próximos años” para la banda: “maximizar la propia maquinaria de estructura organizativa”. “No hay mejor escuela militante que la organización juvenil”, afirmaba en su documento.

De hecho, el magistrado alerta en su auto de que el “peligro” al que se enfrenta la sociedad es “una organización juvenil radical, antesala de lo que será la propia organización terrorista, fuerte, con estructuras definidas, sabiendo cuáles son sus objetivos a alcanzar y, lo más peligroso, con una fuerte base ideológica”. “Una auténtica 'academia terrorista' para la continuación de la 'lucha armada' durante tiempo, con objetivos a largo plazo”, resume.

Precisamente esta estrategia aparece perfectamente corroborada, según el juez, en uno de los documentos clave intervenidos en la operación desarrollada esta semana, en concreto, una información hallada en un soporte digital a Jagoba Apaolaza, considerado por el juez el responsable de SEGI en Vitoria, y en la que figuran los “puntos de hostigamiento” hacia los que debe dirigirse el movimiento juvenil.

Así, detalla que las acciones deberán dirigirse hacia “intereses económicos (correo, telefónica, estaciones de tren...), bienes o sedes gubernamentales (diferentes delegaciones, INEM...), símbolos (quemas masivas y públicas d ebanderas, paneles, placas en recuerdo de fascistas...), señalamientos contra las diferentes policías, tanto bienes como representantes de partidos políticos represores (UMP, PSF, PSOE-PSE-PSN, UPN, PP...), trabajo de señalamiento contra fuerzas autonomistas y regionalistas”.

Sin embargo, los objetivos no quedan ahí, ya que el documento instiga a analizar “en cada sitio, en función de las necesidades y posibilidades que ofrecen las diferentes luchas de los pueblos, el trabajo sobre algunos puntos de hostigamiento de otro tipo” y cita expresamente a la “dirección de alguna empresa que está en la lucha” e incluso algún “director represor de colegio”.

El auto detalla todos los documentos y otros efectos intervenidos a los detenidos, tales como panfletos, librillos, pegatinas, camisetas y tazas con inscripciones relativas a SEGI y otras plataformas “pantalla”, y enumera los seguimientos realizados a los imputados, en manifestaciones, ruedas de prensa y homenajes a etarras.

De todas estas investigaciones, afirma el magistrado, se concluye “la existencia actual de la estructura de SEGI, compuesta por la dirección nacional, subdividida en herrialdes (provincias), eskualdes (comarcas) y 'talde', vinculados a la organización terrorista ETA, sin perjuicio de que después de su ilegalización haya procedido a la instrumentalización de asociaciones pantalla”.

El juez subraya que “la organización terrorista SEGI, bajo la dirección de ETA, se dedica a dirigir los movimientos juveniles, sirviendo a los fines de la última, coordinando entre otros actos la coacción a distintos colectivos sociales, así como la denominada 'kale borroka'”.

Como resultado de todas las pesquisas, el juez acusa a los detenidos de “integración en organización terrorista” y establece prisión provisional, comunicada y sin fianza para 31 de los 34 detenidos, a los que hoy se sumó el arresto de un joven cuando se disponía a entregarse a la Audiencia Nacional y que fue puesto en libertad. Los otros tres que no han ingresado en prisión son Oihane Fernández, Raúl Iriarte y Joseba Dalmau, a quienes acusa de colaboración con organización terrorista y a quienes ha impuesto como medidas cautelares comparecencias semanales ante un juez, la obligación de comunicar su domicilio y la prohibición de salir del país.

Los 31 encarcelados

son Amaia Elcano Garralda, Garbiñe Urra larrión, Itxaso Torregrosa Arteaga, Oier Zúñiga Pérez, Eñaut Ayarzaguena Bravo, Mikel Arkaitz Totorica Valle, Nahia Elena Aguado Marín, Idoia Iragorri Petuya, Aritz Petralanda Mugarra,Ibai Esteibarlanda Echeberria, Jon Ligüerzana Ajuriaguerra, Nestor Silva Ibáñez, Unai Ruiz Pou, Goizane Pinedo Apaolaza, Jagoba Apaolaza Castro, Zumai Olalde Sáez, Aitor Ligüerzana Ajuriaguerra, Bittor González Villamayor, Aitziber Arrieta Fagoaga, Maialen Eldúa Azkárate, Oier Ibarguren Sarasola, Eihar Egaña García, Garazi Rodríguez Rubio, Euken Villasante Sarasibar, Mikel Ayestarán Olano, Xumai Matxain Arruabarrena, Aritz López Ugarte, Mikel Esquiroz Pérez, Irati Múgica Larreta, Jon Anda Vélez y Jon Ciriza Murugarren.

Según el auto del magistrado, del análisis de los datos obtenidos durante las investigaciones desarrolladas sobre SEGI se puede concluir que su máximo órgano directivo podría estar formado por al menos ocho personas, de los que tres fueron detenidos en esta operación, Irati Múgica, Ibai Esteibarlanda y Jon Anda Velez. El resto son Jon Telleria Barrena, Ainara Bakedano Cuaresma, Gaizka Likona Anakabe, Carlos Renedo y Olatz Izaguirre.