Más taxis adaptados, y a mejor precio
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid [FAMMA-Cocemfe Madrid] ha denunciado hoy la escasez de vehículos Eurotaxis adaptados que existen en la capital así como los “elevados” precios de este tipo de servicios, que en ocasiones llegan con “hasta 14 euros de bajada de bandera”.
La Federación explicó en un comunicado que es necesario un replanteamiento de las ayudas al taxi adaptado para las personas con discapacidad y reclamaron la regulación específica del taxi adaptado en la Comunidad de Madrid.
“Con la ampliación y la regulación del servicio de Eurotaxi conseguiríamos la seguridad que requiere el colectivo a la hora de requerir este tipo de servicio especial para personas con discapacidad y el abaratamiento del servicio que es excesivo y desorbitado”, declaró la organización.
Además, señaló que los costes de los trayectos son “imposibles de sufragar” sin ayudas de la Administración, que éstas son escasas si cuesta entre 30 ó 40 euros el servicio, y que en la mayoría de ocasiones se reciben con bajadas de bandera que oscilan entre los 9 y los 14 euros [más el recorrido].
La Federación apuntó, en este sentido, que las ayudas más altas que se reciben por parte del Gobierno regional son para el empleo por una cantidad máxima de 145 euros al mes, y además, señalaron, “llegan tarde o no llegan nunca”.
“Si a esto se le suma que hay personas que en el mes de diciembre aun no han recibido la ayudas y que para que se las paguen tienen que justificar un gasto realizado antes del 31 de diciembre de 2010, la situación se complica aun más”, añadieron.
En este sentido, la Federación pide la concesión de un nuevo plazo para la justificación de las ayudas al transporte en taxi, que se inicie desde el momento de la concesión de la ayuda y una regulación del servicio que propicie la participación de las personas con discapacidad en la sociedad con normalidad y sin incertidumbre que en muchos casos acaban en la vuelta a la exclusión social. “Con una mayor implicación de la administración autonómica y local, solucionaríamos una situación conocida por todas las partes implicadas”, señalaron.
La Federación recordó que ya en 2003 se dio una situación que propició casi la total desaparición del servicio. “Quedo prácticamente al margen de la responsabilidad de la Administración, convirtiéndose en una patata caliente que nadie quería atender ni resolver”, concluyeron.
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