Mejoras para la Ley de Dependencia

El Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (CERMI) ha presentado hoy un documento de propuestas para la mejora de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a la Personas en Situación de Dependencia. Esta ley cumple ahora su tercer año de vigencia, en el que su aplicación y buen funcionamiento deben ser revisados por las Cámaras.

Para el presidente de este comité, Luis Cayo Pérez Bueno, “el CERMI constituye un grupo diana en la revisión de esta ley”. Por este motivo, la entidad ha llevado a cabo una exhaustiva evaluación del despliegue y desarrollo de la ley, a través de la recogida de datos, quejas y reclamaciones de sus beneficiarios por parte de una comisión específica.

El encargado de explicar las principales cuestiones que reivindica el documento ha sido Paulino Azúa, Comisionado del CERMI para la Autonomía Personal. Azúa ha destacado especialmente la “peligrosa identificación” que hace el texto legal entre discapacidad y dependencia. “No todas las personas con discapacidad son dependientes y no todas las personas dependientes tienen discapacidad”, ha aclarado.

Azúa ha subrayado entre las solicitudes del CERMI la importancia de la homologación del sistema de incompatibilidades, en el marco del Programa Individual de Atención (PIA), entre las Comunidades Autónomas. La disparidad de los programas en estos momentos hace, incluso, que una persona pueda ser considerada discapacitada en una comunidad pero no en otra.

En cuanto a la homologación del texto en las Comunidades Autónomas, Azúa también ha apuntado que las personas encargadas de los equipos de seguimiento “deben ser las que estén más relacionadas con el día a día de la persona”. Al respecto, ha matizado que “hay personas que no son profesionales cuya opinión también debería contar, como los padres o los tutores legales”, y ha hecho constar que esto debe implementarse del mismo modo en todo el territorio nacional.

El CERMI otorga especial relevancia a la participación del beneficiario en el coste del servicio de asistencia personal. A este respecto, Luis Cayo ha declarado que la sujeción de la prestación al co-pago “diluye el derecho”. Azúa ha apostillado a esto que “si éste es el cuarto pilar de la sociedad del bienestar, debería tener el mismo tratamiento que los otros tres”, haciendo referencia a la gratuidad obligatoria de la sanidad o la educación.

El comité ha denunciado asimismo las irregularidades en la declaración de dependencia. La entidad ha afirmado la existencia de casos en los que esta declaración se ha otorgado sin contar con la opinión de la persona, y situaciones en las que los procedimientos se han realizado por teléfono, o incluso sin la comparecencia de la persona implicada, algo que, han dicho, consideran “intolerable”.

Durante la rueda de prensa, también se ha recalcado especialmente el sistema de promoción de la autonomía personal, un aspecto que el CERMI considera que “deja bastante que desear”. Actualmente, este servicio se encuentra restringido a las personas con gran dependencia y exclusivamente para cuestiones de educación y trabajo. Luis Cayo ha declarado que “queda mucho por hacer, si no, la autonomía personal sólo aparecerá en el título de la ley, pero no en la realidad”.

Precisamente la promoción de la autonomía personal es uno de los aspectos reflejados en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo de Naciones Unidas. Esta Convención, del 3 de mayo de 2008, fue ratificada por las Cortes españolas durante ese mismo año y, por ello, la ley de dependencia, debe ajustarse a la misma.

Luis Cayo ha explicado la importancia de modificar diversos aspectos de la ley para conseguirlo, destacando que la persona debe poder elegir el estilo de vida que quiere, para lo que es esencial la ampliación del servicio de promoción de la autonomía.