El síntoma Quiles

Estos días el debate público debería haber girado en torno a la caída en el Congreso del decreto ley de la prórroga de los alquileres. La conversación en el centro tendría que ser cómo el Partido Popular, Vox y Junts tumbaron dicho decreto e impidieron dotar de certidumbre y protección a las condiciones de vida de 2,7 millones de personas inquilinas porque prefirieron alinearse con el rentismo, cómo el PSOE sigue mostrando una tibieza enorme para intervenir el mercado en esta materia o cómo Sumar, promotor de la iniciativa, casi se mimetiza con su socio en el Gobierno, ya que, para conseguir el voto de Junts, mostró su disposición para ofrecer ayudas fiscales a los caseros como si no hubiera quedado demostrada ya la ineficacia de este parche.

A pesar de que la vivienda constituye la clave de bóveda del momento actual, todo ello se evaporó por la enésima polémica de Vito Quiles. Antes de nada, conviene realizar una clarificación conceptual: Quiles no es periodista. No me refiero al hecho de que se presentara como graduado en Periodismo sin haber finalizado los estudios, sino a algo más fundamental. Una persona que ejerce el periodismo, con o sin título, tiene las funciones de verificar, contextualizar y analizar desde el rigor informativo y la deontología profesional. Por mucho que se quiera disfrazar de periodista crítico, no es su función serlo porque actúa como un mero propagandista que se salta las más mínimas normas informativas.

Del mismo modo, hay que desterrar de la catalogación de su labor la definición de activista. Activistas eran Martin Luther King, Emmeline Pankhurst, Marsha Johnson, Berta Cáceres y son miles de personas anónimas que contribuyen con su valor a ampliar los derechos civiles de la ciudadanía, la protección del medio ambiente y a hacer del mundo un lugar mejor. Englobar su desempeño bajo la misma etiqueta supone un olvido de su memoria y una equiparación insostenible.

Lo que en realidad caracteriza a Vito Quiles es su agitación ultra. No busca informar, conocer ni investigar. En lugar de ello, señala, acosa y manipula. Esas son sus señas de identidad que lleva a cabo desde una motivación ideológica para poner en la diana al contrario y monetizar la viralidad de su protagonismo en redes. Sin embargo, no basta con la ética periodística para explicar lo que hacen Quiles y sus adláteres. La clave reside en detallar cuáles son sus prácticas, quiénes las financian y cómo están erosionando la democracia.

El escaparate efectivo que muestra difiere mucho de la trastienda que oculta. En ella se halla una colección de desinformación que incluye bulos como que Cruz Roja y el Ayuntamiento de Alfafar tiraban ropa donada durante la dana en Valencia cuando en realidad estaba contaminada, soltar en medio de la tragedia de Adamuz que España había regalado 247 millones a Marruecos para mejoras ferroviarias cuando se trataba de un préstamo a devolver con intereses o alertar de que un magrebí había sembrado el caos en San Fernando tras un tiroteo y una persecución policial cuando era un hombre español natural de Málaga. A todo esto se unen la petición de la Asociación de Periodistas Parlamentarios para que se le retire la acreditación en el Congreso y las quejas por su hostigamiento o por imposibilitar el trabajo reventando las ruedas de prensa.

El reciente archivo de la denuncia por agresión contra Sarah Santaolalla revela la inconsistencia probatoria de su acusación, algo que no se debería haber espectacularizado y que, además, resulta un triunfo para la imagen de Quiles. Esto no puede servir, eso sí, para invalidar el acoso continuo que ha sufrido Santaolalla, los métodos que él emplea ni su repertorio de causas judiciales: procesado por tres delitos de calumnias con agravante de odio al acusar a Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, de pederasta, proxeneta y líder mafioso; petición de dos años de prisión por parte de la Fiscalía por denigrar a una mujer con discapacidad intelectual o querellado al difundir los datos y las imágenes del domicilio de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica Española.

En cambio, hay quienes venden que su actuación se basa en hacer preguntas incómodas. Por lo que sea, jamás ha preguntado a Alberto Núñez Feijoo por el el caso Kitchen y el espionaje ilegal con fondos públicos a su extesorero Luis Bárcenas. Por lo que sea, jamás ha preguntado a Carlos Mazón por su dilatada presencia en El Ventorro mientras la gente se ahogaba. Al contrario, Bertrand Ndongo se dedicó a dorarle la píldora y darle ánimos. Por lo que sea, jamás ha preguntado a Isabel Díaz Ayuso por el significativo aumento del gasto en sanidad privada y las cantidades destinadas al grupo Quirón. Lo raro sería que les preguntara tras intervenir en el cierre de campaña electoral del PP en Aragón o después de prestarse a que grabara un vídeo en el despacho del Congreso de Alma Alfonso, diputada del Partido Popular, para, según transcripción literal, “anunciar acciones judiciales contra Begoña Gómez y sus charo acompañantes”.

Tampoco ha formulado pregunta alguna a Santiago Abascal por las sanciones de más de un millón de euros por parte del Tribunal de Cuentas debido a la financiación irregular de su partido, la opacidad en las cantidades millonarias que ha recibido del banco húngaro MBH y del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán o por cómo Revuelta, la asociación juvenil que estaba vinculada a la formación, no destinó a las víctimas de la dana el dinero recaudado a tal efecto. Por si no quedaba claro, en una entrevista con Wall Street Wolverine, uno de esos insignes youtubers que hacen apología de trasladarse a Andorra para pagar menos impuestos, este le planteó si le preguntaría a cualquiera de Vox por un escándalo con la misma fuerza que emplea con la izquierda. La respuesta de Quiles fue un evidente “no”.

Una de las asignaturas más interesantes para cursar en la carrera de Periodismo es Estructura de la Comunicación porque permite comprender la composición, el funcionamiento y las relaciones de los actores mediáticos. Quiles no actúa solo, lo cual requiere ampliar el foco y elevar la mirada. De este modo, se puede observar que el Partido Popular ha pagado, que se sepa hasta la fecha, más de 680.000 euros a Estado de Alarma, el pseudomedio de extrema derecha para el que trabaja Quiles y cuyo fundador y director, Javier Negre, cuenta entre sus hitos con una condena por inventarse una entrevista para El Mundo a una mujer víctima de torturas de un hombre que cometió un doble asesinato machista y por rayar la coacción ante la falta de consentimiento de ella para llevarla a cabo. A este tipo de gente sin escrúpulos se está financiando con dinero público.

EDA TV, controlado por Negre y que cuenta con el apoyo de inversores como el del entorno empresarial de Eulen, ha percibido ese montante de 680.000 euros en 172 contratos menores adjudicados a dedo, es decir, sin concurso público. Si se examina en detalle el conjunto de datos, se puede observar que la Comunidad de Madrid ha destinado al canal

133.000 euros en 41 contratos, el Ayuntamiento de Madrid 63.000 euros fraccionados en otros 40 contratos, la Xunta de Galicia 50.000 euros cuando Núñez Feijoo aún era presidente y los 435.000 euros restantes se dividen en diferentes entidades públicas como comunidades autónomas (Castilla y León, Murcia, Extremadura, Aragón o Canarias), diputaciones provinciales y ayuntamientos, todas ellas gobernadas o apoyadas por el Partido Popular. Indudablemente, su modus operandi, los ataques a adversarios y las cantidades que reciben no es algo casual, sino causal.

Las preguntas nunca son un problema. La cuestión está en el pack en el que van insertas. Ese envoltorio contiene la invitación a que se llame hijo de puta a Pedro Sánchez y el regocijo ante gritos como “rojo muerto, abono para mi huerto” o “subcampeones del año 39”. Como si fuera cachondeo y no deshumanización. Como si no se pudiera ser conservador o criticar al Gobierno sin tener que recurrir a algo de tan baja estofa. En definitiva, como si valiera todo y esto no constituyera un peligro.

El presente cuadro sintomático deja un problema de fondo en el que estamos normalizando la impunidad envalentonada y la incitación al odio de quienes destruyen en lugar de construir, las campañas estructurales sostenidas con dinero público con el fin de desacreditar a quienes piensan distinto o que se ensalce como periodismo algo que dista mucho de serlo. El enorme riesgo ante la degradación informativa y política existente debería preocupar a cualquiera que se considere demócrata.

Existe una responsabilidad ciudadana ante ello que requiere ponernos frente al espejo. ¿Cómo reaccionaría usted si le grabaran en la puerta de su casa o difundieran los datos de su domicilio? ¿Cuál sería su respuesta si le molestaran en su ámbito privado mientras está con sus amigas? ¿De qué forma actuaría usted si publicaran imágenes con sus hijos pequeños o difundieran fotografías de su hija adolescente menor de edad como hizo Alvise Pérez? Si considera que estas cuestiones no tienen trascendencia o solamente son legítimas con sus contrarios, lamentablemente usted también es cómplice de esta degradación. Si, a pesar de las diferencias, piensa que nadie tiene que padecer ese tipo de situaciones por motivos ideológicos, aún existe esperanza.