Prisión incondicional para el 'sheriff' de Coslada y otros 10 policías locales

La jueza de instrucción número 1 de Coslada ordenó anoche el ingreso en prisión incondicional del jefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez, y otros diez imputados en la operación 'Bloque' por su presunta implicación en la trama de corrupción y extorsión a comerciantes y prostitutas del municipio. Para dos de los agentes, David M.G. y Pedro P.F., decretó prisión eludible bajo fianzas de 6.000 euros y 12.000 euros, respectivamente, informó el TSJM.

Antes, a instancias del fiscal, la magistrada acordó esta decisión tras concluir las vistas celebradas para decidir sobre la situación personal de los implicados. Las declaraciones comenzaron ayer y se prolongaron hasta las 16.00 horas de hoy.

Al supuesto cabecilla de la red corrupta se le imputan delitos de extorsión, amenazas, prevaricación, cohecho y tenencia y depósito de armas. A su número dos, Carlos M.G., se le acusa de asociación ilícita, incitación a la prostitución, abusos sexuales, contra la integridad moral, lesiones, sustracción y apropiación indebida de droga y dinero, prevaricación, estafa y contra la Administración de Justicia por la manipulación de pruebas.

A Felipe G.L. le imputan los delitos de asociación ilícita, abusos sexuales, sustracción y apropiación de droga, prevaricación y extorsión. En el caso de Fernando J.M. se le acusa de asociación ilícita, abusos sexuales, delitos contra la integridad moral, lesiones, sustracción y apropiación indebida de efectos y droga, prevariación y tenencia de armas prohibidas.

Los delitos que se le imputan a Mario F.N. son los de asociación ilícita, abusos sexuales y tenencia de armas, mientras que a Antonio José C.A. se le acusa de asociación ilícita, abusos sexuales, falsificación de documento mercantil y estafa, y a Isaac G.M. de asociación ilícita, abusos sexuales, sustracción y apropiación de droga y simulación de delito y estafa.

A Alejandro José B.G. se le acusa de los delitos de asociación ilícita y sustracción y apropiación indebida de dinero; a Miguel S. F., de asociación ilícita y sustracción; a Iván G.M., de asociación ilícita, abusos sexuales y sustracción y apropiación indebida de droga; y a Antonio C.C., de asociación ilícita y abusos sexuales.

FIANZA PARA DOS AGENTES

Además, la juez de instrucción número 1 de Coslada acordó para los agentes David M.G. y Pedro P.F. prisión eludible bajo fianzas de 6.000 euros y 12.000 euros, respectivamente. Una vez que abonen estas cantidades, ambos deberán presentarse semanalmente en el juzgado, así como mantenerse alejados del lugar de los hechos y comunicarse con las víctimas.

En el caso de David M.G., se le imputan los delitos de asociación ilícita, sustracción y apropiación indebida de efectos y droga y prevaricación. A Pedro P.F. se le acusa de los delitos de asociación ilícita, contra la integridad moral, lesiones y prevaricación.

Los imputados abandonaron sobre la medianoche en furgones policiales las dependencias judiciales con dirección al módulo ocho de Alcalá Meco.

La fiscal solicitó el ingreso en prisión incondicional y sin fianza de los imputados basándose en la gravedad de los hechos cometidos, en la posible obstrucción a la acción de la justicia, la alarma social creada y el abuso de autoridad.

Todos los cabecillas se declararon ayer inocentes de los cargos que se les imputan por su presunta implicación en la red de extorsión a comerciantes del municipio. El delito común del que se acusa a todos los detenidos es “asociación ilícita” por pertenecer al grupo 'Bloque', palabra que incluso llevaban tatuada en el cuerpo.

Por su parte, el abogado Alberto Fernández Palacios, que representa a Carlos, criticó que la fiscal utilice como argumentación la alarma social puesto que este indicio es “inconstitucionalmente improcedente puesto que no está previsto en la Ley”. “La alarma social la ha creado el pueblo y los medios de comunicación”, indicó.

Precisamente, la juez de Coslada, del mismo modo que hizo la juez titular del Juzgado número 7 de Madrid, se inhibió a favor del titular del Juzgado número 21 de Madrid, Eduardo Cruz Torres, que instruye el caso a raíz de un investigación de la Brigada de Policía Judicial.

Según los abogados, el magistrado dispone de abundantes pruebas incriminatorias contra los imputados, tales como videos, testigos protegidos, seguimientos, y la documentación incautada en los diferentes registros realizados. “Lo tienen todo controlado y bien atado”, indicó Fernández Palacios.