¿Realmente es el Estado el impulsor de la investigación básica y la innovación?

El nuevo informe del Instituto Juan de Mariana toma nombre de un libro de Mariana Mazzucato (El Estado emprendedor) que sostiene que el Estado es esencial en la investigación y desarrollo de productos y servicios innovadores.

El libro se ha hecho tan popular que ha llegado a la esfera política, defendiendo que el sector privado solo encuentra “coraje” para innovar una vez el sector público ha hecho inversiones de alto riesgo. O lo que es lo mismo, gran parte de la tecnología moderna debe su existencia a los esfuerzos estatales.

Precisamente es esta hipótesis la que intenta rebatir el informe del Instituto Juan de Mariana, cuyo director, Juan Ramón Rallo, ha afirmado: “Si analizamos un banco público de inversiones al desarrollo, vemos que su retorno es bajísimo”. Para el economista, unificar esfuerzos en el sector público para coordinar el proceso innovador tendría “efectos nocivos”, pues los contribuyentes se verían obligados a invertir en proyectos de resultado incierto.

Mientras Mazzucato afirma que el Estado “no es un lento y conservador ente burocrático, sino la organización más emprendedora del mercado y la que asume inversiones de mayor riesgo”, el Juan de Mariana observa que dicha inversión “no sale gratis” porque detrae importantes recursos que podrían tener “usos más valiosos” en manos privadas. “El peligro en el que incurre es muy elevado porque el Estado va a ciegas, sin la experimentación que proporciona el mercado de la prueba y el error”.

Si los proyecto estatales son de resultado incierto, también habrá de contarse con el “efecto expulsión” que generan al extraer rentas a través de impuestos, viéndose mermadas las oportunidades del sector privado para ahorrar e invertir. Y es que según la organización: “No debemos la tecnología de Apple o Google a las políticas estatales. Son obras del libre mercado”.

La polémica está servida y Twitter sirve de mesa de debate a través del hastag #ElEstadoNoInnova.