¿Retrasar aún más la edad de jubilación?

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, opina que retrasar aún más la edad de jubilación “podría estar justificado” para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, y ha puesto sobre la mesa una medida adoptada en algunos países, donde la edad de acceso legal a la jubilación depende de la esperanza de vida.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso, Linde ha señalado que el déficit de la Seguridad Social se debe a que los gastos han crecido un 3,9% entre 2007 y 2015, casi cuatro veces más de lo que han aumentado los ingresos en el mismo periodo (+0,9%).

En este sentido, ha rechazado que la reforma laboral de 2012, aprobada por el PP y CiU, sea responsable de esa caída de las cotizaciones. “De ningún modo puede achacarse a la reforma laboral lo ocurrido con los ingresos de la Seguridad Social. La devaluación salarial ha contribuido algo, pero lo fundamental es el desempleo (causado por la crisis) sin la menor duda”, ha insistido.

En estas circunstancias, el sistema de pensiones se enfrenta fundamentalmente a un reto demográfico por el envejecimiento de la población --que conlleva un menor número de cotizantes-- y el aumento de la esperanza de vida --que hace que haya que pagar pensiones durante más tiempo--, asociado además a unas nóminas más elevadas para los jubilados a resultas de unas mayores y mejores carreras de cotización.

En este sentido, el gobernador ha defendido que podría ser necesario aplicar nuevos retrasos de la edad de jubilación, dada la mayor esperanza de vida, las menores exigencias físicas de los trabajos, el retraso en la entrada al mercado laboral y las mejores condiciones de envejecimiento.

“Cualquier medida encaminada a desincentivar la jubilación anticipada y retrasar la jubilación tendría efectos positivos sobre la sostenibilidad del sistema”, ha insistido, señalando que algunos países han optado incluso por establecer “enlaces automáticos entre la esperanza de vida y la edad de jubilación” y por aplicar cuentas nocionales que, en cualquier caso, “mejoran la transparencia” pero “no son la panacea ni solucionan el problema”.

Asimismo, sería positivo “extender” la incidencia de los fondos privados de pensiones para “complementar” los recursos públicos durante la jubilación, aunque este tema es “complejo” y requiere de un “análisis” exhaustivo sobre los periodos transitorios, si se hacen obligatorios o voluntarios o los niveles de rentabilidad aceptables en contextos de baja productividad, entre otras cosas.

Otra vía a explorar para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social es buscar nuevas vías de financiación. En este punto, Linde rechaza la posibilidad de incrementar las cotizaciones sociales por el impacto que esto tendría sobre el mercado laboral.

“Las cotizaciones son impuestos al empleo. En España son ya más altas que en nuestro entorno y, en principio, una vuelta de tuerca a las cotizaciones no es aconsejable por su impacto sobre el empleo”, ha reiterado.

Además, ha alertado de que destopar las cotizaciones generaría un “fuerte incremento de los costes laborales” y afectaría a la relación entre contribuciones y pensiones si no se incrementan a la vez las pensiones máximas.

Otra posibilidad sería destinar los fondos de la Seguridad Social únicamente a las pensiones de jubilación y financiar el resto de pensiones --como viudedad u orfandad, entre otras-- con los Presupuestos Generales del Estado, lo que “exigiría reducir otros gastos públicos o aumentar la imposición general”, algo que el gobernador desaconseja porque podría afectar a su vez al crecimiento económico.