La Rioja pide que se retire la propuesta de financiación y se autodefine como “la comunidad peor tratada”

El Gobierno de La Rioja ha reclamado hoy, día 14, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado en Madrid, la retirada de la propuesta de reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) presentada a modo de imposición por el Ministerio de Hacienda al considerar que “penaliza severamente a nuestra región, como ya advierten los expertos y los datos avanzados al respecto”. Una propuesta sin ningún tipo de negociación multilateral que supone una desconsideración y un castigo hacia La Rioja, la región más perjudicada“. Así lo ha planteado el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, durante su intervención en el encuentro en la que ha criticado que el modelo ”deja a La Rioja como la comunidad peor tratada en la asignación del reparto de los nuevos fondos“, por lo que ha instado al Gobierno de España ”a consensuar un nuevo documento en el CPFF“ y, en paralelo, ”a asumir la responsabilidad legal de costear el 50% del sistema de dependencia, una propuesta realista y fácil de ejecutar, que saldaría en parte el déficit financiero que afecta a todas las comunidades autónomas“.

El Ejecutivo regional considera que el documento propuesto “nace muerto por surgir de un chantaje por parte de un partido independentista catalán (ERC), que negocia exclusivamente un incremento de 5.000 millones de euros para la financiación de Cataluña por parte del Gobierno de España”. En este sentido, Alfonso Domínguez ha advertido de que “nada que afecte al modelo de financiación puede plantearse como una mera imposición unilateral o bilateral a espaldas de las comunidades del régimen común, sin un diálogo real con ellas y sin haber ofrecido la posibilidad de que aporten y se tengan en cuenta las realidades de cada una de ellas. Y menos aún puede plantearse una ruptura del principio esencial de solidaridad interterritorial, para imponer un criterio injusto y que atenta a la igualdad como la Ordinalidad”. Por ese precedente clave, “llega muerto al seno del CPFF, el único organismo donde legítimamente se pueden debatir y acordar cuestiones tan relevantes como una modificación del modelo de financiación vigente”. 

Asimismo, La Rioja asegura que no puede aceptar este documento. “Nos desprecia al dejarnos como el territorio peor tratado y, como hoy mismo ha revelado FEDEA, con este nuevo sistema no solo no mejoraría nuestra financiación en 25 millones de euros: al contrario, perderíamos 46 millones, lo que resulta a todas luces un castigo injustificado e inmerecido”, señala Domínguez. Según ha explicado, el sistema propuesto “ignora realidades esenciales a la hora de establecer el coste real de la prestación de los servicios públicos fundamentales, como la despoblación, una característica demográfica que siempre hemos reivindicado, así como el envejecimiento de la población”. Además, “tampoco tiene en cuenta de la singularidad territorial que supone ser la única comunidad autónoma de régimen común limítrofe con las regiones forales”. 

“Un agravio comparativo y un trato vejatorio”

En este contexto, advierte el consejero que “solamente quien no estime a La Rioja y se demuestre absolutamente incapaz de defender sus intereses puede aceptar este agravio comparativo y trato vejatorio”. En este sentido ha aseverado que “se trata de una desconsideración a La Rioja, indefendible, que solo pueden aceptar por puros intereses partidistas quienes se conformen con que nuestra región se situé a la cola de España, aunque con los datos en la mano, resulta clara y objetivamente negativa para La Rioja y un retroceso comparativo con el resto de España”. 

Además, la propuesta “rompe la igualdad entre territorios y vulnera los principios de solidaridad y redistribución de la renta que sustentan el Estado social y democrático de derecho”. En este sentido, el consejero de Hacienda ha incidido en que “ninguna comunidad autónoma, salvo Cataluña, ha expresado su apoyo a este modelo”, lo que evidencia “la falta de consenso, de rigor y de legitimidad técnica y política del documento”. El nuevo criterio de ordinalidad demandado por Cataluña y aceptado por el Gobierno de España, además de resultar injusto e imponerse en beneficio de ese territorio, pero no para La Rioja que quedaría con el nuevo reparto como una región que realiza una aportación neta de recursos al sistema de financiación (+80 euros/habitante, como revela el informe de FEDEA)

Por todo ello, La Rioja reclama al Ministerio de Hacienda que retire la propuesta y que elabore un nuevo modelo “negociado de forma multilateral, transparente y rigurosa en los órganos donde están representados todas las Comunidades Autónomas”. 

Además, hasta que se logré un documento alternativo dialogado y consensuado, que exige importantes cambios legislativos, tiempo y respaldo mayoritario, el Ejecutivo de La Rioja, “siempre propositivo, insiste en plantear una propuesta realista, necesaria, fácil de llevar a la práctica y que concitaría un consenso generalizado porque tiene la virtud de saldar en parte el déficit de financiación que afecta a todas las comunidades autónomas, a diferencia de un supuesto incremento de financiación vinculado a la recaudación de impuestos directos e indirectos (IRPF, IVA…) que puede ser decreciente y por lo tanto ir a menos en las coyunturas económicas adversas”. “Proponemos –ha explicado–que el Gobierno de España asuma la responsabilidad legal que tiene de financiar el 50% del coste de la prestación los servicios de dependencia. Se trata de uno de las prestaciones públicas fundamentales para la que existe precisamente la financiación autonómica”. 

Solamente en el caso de La Rioja, con los datos del último ejercicio presupuestario ejecutado, la cifra adicional que correspondería financiar al Gobierno de España, asciende a 25,3 millones de euros, un coste real de prestación del servicio que, además, va a incrementarse gradual y considerablemente, ya que este mismo año 2026 se pondrán en funcionamiento ampliaciones y nuevos centros que amplían las plazas, medios y recursos de la dependencia en nuestra región. 

La propuesta del Ejecutivo riojano se completa con la necesaria cofinanciación de otro servicio público fundamental que se viene prestando de forma gratuita en La Rioja (y progresivamente ya cada vez más por todas las demás CC.AA.), como es la educación de 0-3 años. Este servicio se presta con posterioridad al acuerdo del sistema de financiación vigente (2009) y supone en el caso de La Rioja, donde beneficia a varios miles de familias, posibilitando un acceso cada vez más universal a la etapa educativa del primer ciclo de infantil, con un coste estimado en caso de cofinanciación para 2026, de 10 millones de euros adicionales.

Se trata de dos servicios públicos fundamentales para los que existe precisamente la financiación autonómica, cuyo incremento anual de costes por la ampliación permanente del servicio a los ciudadanos contaría con la financiación necesaria, de forma equitativa y ajustada al coste de la prestación efectiva del servicio en los distintos territorios. Conjuntamente, esta propuesta, supondría una financiación adicional para La Rioja de 35 millones de euros para 2026, que se iría incrementando en los años sucesivos al actualizarse el coste y extensión del servicio.

Para finalizar, Alfonso Domínguez, ha incidido en que cualquier reforma del SFA “debe garantizar la suficiencia financiera de los servicios públicos básicos, la igualdad entre españoles y un reparto justo de los recursos, y ello solo es posible mediante un proceso de negociación multilateral y con criterios objetivos que reflejen la realidad de cada territorio”.