La Rioja es uno de los territorios declarados como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia

El Consejo de Ministros ha aprobado a instancias del Ministerio del Interior una nueva Declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil para territorios de 15 comunidades autónomas (CCAA) afectadas por inundaciones y otros sucesos desde el 26 de agosto al 9 de noviembre, según ha anunciado este martes la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.

En concreto, Alegría ha apuntado a territorios en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, Cataluña, La Rioja, Baleares, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Asturias, Comunidad Foral de Navarra y Región de Murcia.

En el caso de Castilla y León se trata de Piñuel (Zamora), Berlanga del Bierzo (León), Hermisende (Zamora) y Cerezo de Arriba (Segovia).

Entre otras emergencias, el texto del acuerdo gubernamental recoge el temporal de lluvias torrenciales que, el pasado 30 de septiembre, afectó a las islas de Ibiza y Formentera, donde la Agencia Estatal de Meteorología activó el aviso rojo por riesgo extremo de precipitaciones que alcanzaron hasta 236 litros por metro cuadrado.

Las intensas lluvias provocaron inundaciones en calles y viviendas y cortes de carreteras. Entre los días 9 y 13 de octubre de 2025, la dana 'Alice' mantuvo bajo avisos rojo y naranja a varias zonas del litoral mediterráneo peninsular y Baleares, con lluvias muy fuertes y tormentas que ocasionaron inundaciones, cortes de tráfico y actuaciones de los servicios de emergencia, especialmente en la Comunitat Valenciana, Baleares, Cataluña y la Región de Murcia.

Asimismo, dentro del periodo comprendido entre el 26 de agosto y el 9 de noviembre se registraron diversos incendios forestales en Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunitat Valenciana, Comunidad Foral de Navarra, Galicia e Illes Balears.

Como consecuencia de estos sucesos se han producido daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados que justifican la intervención de la Administración General del Estado, con base en el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, como complemento a las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones públicas territoriales.