Si no hay comercio, no hay vida en la ciudad

El cierre de algo más de 1.800 comercios riojanos puede tener fecha en el calendario: el 1 de enero de 2015. Con el comienzo del nuevo año se extinguirán muchos contratos de renta antigua en aplicación de la ley vigente, la Ley de Arrendamientos Urbanos, la famosa 'ley Boyer'. Esto quiere decir que pasarán a pagar un alquiler de mercado.

Es el caso del establecimiento de Marcos Ramírez. Este comerciante paga una renta de 750 euros al mes por un local de 70 metros cuadrados ubicado en una finca de 90 años ubicado en el centro de la ciudad, cantidad que, a partir del 1 enero próximo, puede subir. Algunos de sus proveedores “están con nosotros desde hace cuarenta años”. Ahora mismo trabajan en el establecimiento su padre y él. Su padre cumplía ayer 63 años “y mucho me temo que cuando se jubile, tendremos que cerrar después de casi 40 años”.

El secretario general de la Unión de Pequeños Trabajadores de UGT, Javier Marzo, explicó que la vigente ley de arrendamientos urbanos de 1994 impuso una moratoria para la finalización de los locales arrendados bajo el auspicio de la ley de arrendamientos de 1964, por un plazo de veinte años a contar desde la entrada en vigor de la actual ley, con algunas excepciones muy tasadas. Y si nada lo impide, apuntó, el 1 de enero de 2015 se producirá el cierre de miles de empresas (en La Rioja estiman 1.820).

Y son precisamente estos cierres los que hay que evitar. Para Ramirez, “si no hay comercio no hay vida en la ciudad”. Y el comercio logroñés hace tiempo que está herido tras la llegada de los centros comerciales. “Logroño siempre se ha caracterizado por un nivel importante del comercio de ciudad, de hecho éramos la primera ciudad comercial, algo de lo que se enorgullecían los políticos pero, realmente, no se cuida nada”. Y no se cuida, “porque además de la llegada de los centros comerciales y franquicias también nos han subido los impuestos: el IVA, del 16% al 21% y de recargo de equivalencias”. Y a estas subidas impositivas hay que añadir “la debilidad de la demanda por la actual situación económica”. La aplicación de la Ley de Arrendamientos supondrá la sentencia de muerte para muchos establecimientos riojanos y españoles.

La solución pasaraía por una mayor protección al pequeño comercio “porque en las asociaciones patronales, las que supuestamente nos tendrían que defender, yo comparto mesa con Mercadona y con el Corte Inglés, todos somos comercio pero no tenemos nada que ver”. Y en esta protección, aseveró, es fundamental “un régimen transitorio, una moratoria y un plan social”. A pesar de todo, apuntó, “los gobiernos siguen concediendo subvenciones y gastándose el dinero, por qué no focalizan estas subvenciones en paliar estas subidas de los alquileres, sugirió.

Es precisamente lo que ha apuntado Marzo quien además de entender la posición de los arrendatarios solicitó una “subida progresiva”. De igual forma habló de “una línea oficial de crédito y un Plan de Protección Integral del Patrimonio Comercial Histórico (ambas medidas son peticiones de UGT en todo el Estado español).