Un fiscal especial investigará los supuestos abusos de la CIA

Pistolas, taladradoras eléctricas, amenazas a la familia... estas son algunas de las supuestas tácticas que utilizaba la Agencia Central de Inteligencia estadounidense para interrogar a posibles terroristas y que ahora han salido a la luz con un informe de la Inspección General de la CIA.

Tras esta revelación, el secretario de Justicia de EE.UU., Eric Holder, ha ordenado que un fiscal especial investigue los abusos cometidos por la CIA en esos interrogatorios. El encargado de ocupar este cargo será el fiscal general de Connecticut, John Durham.

Durham tendrá que investigar las denuncias que pesan sobre la Agencia Central de Inteligencia y decidir si algún agente debe ser procesado.

Entre otros abusos, el informe revela, por ejemplo, que la CIA amenazó con matar a los hijos de Khalid Sheikh Mohammed, el autoproclamado cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando fue interrogado tras los ataques.

El documento, redactado por la Inspección General de la agencia en 2004, incluye detalles como la coacción a un sospechoso con una pistola y un taladro eléctrico para obligarlo a que diera información.

La amenaza se usó en varias sesiones de interrogatorio de Abd al Rahim al Nashiri, acusado de la planificación del ataque en 2002 contra el destructor USS Cole, en Yemen, en el cual murieron 17 marinos estadounidenses.

Los interrogadores también escenificaron simulacros de fusilamientos y dispararon armas en una habitación contigua a otra en la que una persona era interrogada para hacerle creer que otro sospechoso había sido ejecutado.

En el informe, la Inspección General de la CIA asegura que los esfuerzos de la agencia por ofrecer unas guías “claras y sistemáticas” en los interrogatorios fueron “inapropiados” al principio, aunque después “mejoraron considerablemente”.

Poco antes de que se distribuyera el informe, el portavoz de la Casa Blanca, Bill Burton, recordó que el presidente estadounidense, Barack Obama, prefiere que “se mire hacia adelante, al futuro, y no hacia atrás, el pasado” en cuanto a los supuestos abusos cometidos en la lucha contra el terrorismo.

Sin embargo, añadió que la decisión “corresponde al secretario Holder, sin interferencia del presidente Obama”.

Poco después de divulgarse el informe, el director de la CIA, Leon Panetta, explicó en un mensaje a los empleados de la agencia que el documento elaborado por la Inspección General de la CIA se divulgó en cumplimiento de la ley sobre libertad de información, si bien hacía referencia a lo que ya se considera “una vieja historia”.

“Yo no emito opinión sobre la exactitud del informe de 2004”, dijo Panetta. “Pero algo es bien claro”, añadió. “La CIA obtuvo información de los detenidos de alto valor cuando la información interna de Al Qaeda era muy escasa. Si ésas fueron las únicas formas de obtener información seguirá siendo un área de discusión legítima, en la cual los estadounidenses tienen opiniones muy variadas sobre los métodos usados”.

Grupos de derechos humanos, organizaciones internacionales y abogados de los detenidos han denunciado que, en el curso de su guerra contra los terroristas, EE.UU. ha secuestrado, torturado, transferido ilegalmente a países donde se tortura, y mantenido sin juicio a cientos de hombres capturados como sospechosos.

Entre esas prácticas, la que ha causado más controversia en EE.UU. es la llamada waterboarding, que consiste en someter al detenido a la asfixia por inmersión, o arrojándole agua por la nariz y la boca.

Otras prácticas que, según los denunciantes, han usado los agentes estadounidenses incluyen el confinamiento solitario, la desnudez, la exposición a temperaturas extremas, la privación de alimentos y de sueño, las humillaciones sexuales, la amenaza de ataques con perros y la sujeción a posiciones forzadas por períodos prolongados.

Sobre la investigación ordenada por Holder, la organización Human Rights Watch señaló que “es alentador que el secretario de Justicia haya abierto una investigación preliminar sobre esos delitos, pero es crucial que en ella se incluya a los altos funcionarios que autorizaron las torturas”.