Una ley que puede convertir la seguridad en una mercancía que comprar y vender

A finales de 2013, el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Seguridad Privada que sustituye al que ahora mismo está en vigor y que data de 1992. A falta de su aprobación en el Senado, el texto ya ha levantado ampollas. El portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José María Benito, describe el nuevo texto “como un proyecto de Ley que rompe con la concepción de la seguridad ciudadana como servicio público que la Constitución atribuye, a nuestro juicio, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Una vez que el Senado dé luz verde a la nueva Ley, “dichas funciones podrán ser ejercidas indistintamente por nosotros o por la seguridad privada. Y el criterio para determinar que sean unas u otras podrá ser el económico, es decir, lo que resulte más barato”.

Pero lo más grave de todo, alerta, “es que los vigilantes de seguridad van a poder privar de libertad al ciudadano que será el que finalmente padezca los cambios”. Los más evidentes, explica, son que “en las calles y espacios públicos los vigilantes privados podrán sustituir paulatinamente a la Policía y a la Guardia Civil y estarán legitimados para detener, cachear e identificar a los ciudadanos”.

Para el portavoz del SUP, “con la aprobación de esta Ley se está renunciando a seguir concibiendo la seguridad como un derecho pasando a ser una oportunidad de negocio. La seguridad será, a partir de ahora, una mercancía que se podrá comprar o vender de forma que cada uno tendrá la seguridad que pueda pagarse”. De hecho, para Benito, las empresas de seguridad privada serán las más beneficiadas tras la aprobación de este texto. “Hasta el punto de que no es exagerado afirmar que con esta nueva ley han alcanzado sus últimos objetivos, la subordinación de la seguridad privada a la seguridad pública ha terminado y ambas se colocan a partir de ahora al mismo nivel”.

De nuevo detrás de todos estos cambios está la falta de personal público. José María Benito calcula que “al año se crean una media de cien nuevas plazas, un número totalmente insuficiente frente a las 2.500 jubilaciones de media”. De esta forma, en cuatro años se pierden unos 10.000 policías y “para suplir esta falta de personal se va a empezar a contratar seguridad privada permitiendo que este tipo de empresas asuman competencias de la Policía Nacional y Guardia Civil”. Desde el último alto el fuego de la banda terrorista, dice, “el negocio de las empresas de seguridad privada ha bajado y, con esta nueva Ley, se están abriendo nuevas expectativas de negocio”.

Desde el Gobierno central son varios los argumentos que utilizan para defender la nueva ley. Así, el ministro del Interior, Jorge Fernández, asevera que “no se trata de privatizar la seguridad”, a la vez que apunta que “viendo los datos de la UE, en España faltan vigilantes y sobran policías”. Un argumento que el portavoz del SUP rechaza porque “nuestra situación en ranking de seguridad es muy diferente. España está a la cabeza en materia de seguridad”. De hecho, y según las estadísticas, dice, “los países con un ratio mayor de seguridad privada que España y menos ratio de seguridad pública tiene niveles de seguridad peores que nosotros”.

En definitiva, resume, “con este proyecto, el Ministerio del Interior pretende cambiar el liderazgo tradicional de lo público en la seguridad de los españoles por la mera apetencia de las grandes empresas por ampliar su negocio y, prueba de ello, son todas las cesiones que se hacen a las mismas en este texto”.