Wert: “Lo urgente es ahorrar, después reformar la educación”

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, asegura que el ahorro en educación y sanidad no es “un capricho” que el Gobierno quiera imponer a las comunidades, sino una cuestión “de supervivencia” de los pilares centrales del estado del bienestar.

“Aquí estamos hablando de lo urgente, no de lo importante”, según Wert, quien diferencia entre la apremiante necesidad de ahorrar y la reforma académica que prepara el Gobierno para combatir el fracaso y el abandono escolares.

En una entrevista, el ministro precisa que el paquete de medidas aprobado por el Gobierno persigue una mayor eficiencia del gasto autonómico, pero reconoce que esas medidas “no son la reforma educativa” ni van a contribuir a superar los problemas de la educación.

Wert asegura que es “imposible” que las comunidades cumplan el objetivo obligatorio de déficit si no ajustan el gasto en sanidad y educación, que suponen el 70 por ciento de sus presupuestos, pero está convencido de que estos ajustes no van a repercutir sobre la cobertura ni la calidad de los servicios.

LA REFORMA EDUCATIVA, DESPUÉS DEL VERANO

Los principales problemas de la educación, como el fracaso escolar, se afrontarán en la reforma de la Ley Orgánica de la Educación (LOE), que comenzará a tramitarse después del verano.

El titular de Educación mantiene que una buena parte de las medidas de contención del gasto sería “razonable” adoptarlas incluso al margen del objetivo de consolidación fiscal, y apunta en ese sentido a las relacionadas con la educación universitaria y la secundaria postobligatoria.

Cree que durante los últimos años se ha extendido una cultura educativa del “gratis total” que va “mucho más allá” de la enseñanza obligatoria y gratuita (de 6 a 16 años), y señala la importancia que tendrá aquí la futura “Carta de Derechos Básicos Educativos”.

El ministro defiende además la importancia de que todas las comunidades compartan una “filosofía común” de cómo financiar etapas educativas que no son ni obligatorias ni gratuitas, como la universidad, y advierte por ejemplo de que las diferencias abultadas de tasas universitarias podrían provocar una “avalancha” de estudiantes hacia las que las tienen más bajas.

“Queremos que las comunidades dispongan de un margen para poder ajustar su política educativa a las exigencias de consolidación fiscal. No podemos crear sistemas cada vez más desiguales”, manifiesta el ministro al ser preguntado por el incremento de las tasas universitarias desde el próximo curso, que cubrirán entre el 15 y el 25 por ciento del coste efectivo de los estudios.

Según Wert, se establece un sistema “flexible”, de horquillas, para permitir que las comunidades que están más cerca de cumplir el objetivo de déficit puedan subir menos las tasas que las que se encuentran más lejos del objetivo.

La subida de las matrículas en las universidades públicas supondrá, detalla el titular de Educación, un incremento medio de 540 euros al año (45 euros mensuales).

No duda Wert de que esta cantidad puede causar dificultades económicas en algunas familias, por lo que el Ministerio negocia con el ICO la concesión de préstamos para alumnos que no estén exentos de pagar las tasas por razones de renta.

En ese sentido, insiste en que no se van a revisar los umbrales económicos para acceder a las becas, de forma que más del 20 por ciento de los alumnos seguirán exentos del pago de matrícula.

HACIA UNA NUEVA FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA

El ministro relaciona las tasas universitarias con la necesidad de reducir el gasto de las comunidades en las universidades, pero también con una reflexión sobre cómo se financia la educación superior pública.

“Sin un esquema claro, viable y sostenible de financiación, nunca vamos a tener una universidad con capacidad de competir internacionalmente (...); con el modelo de gobernanza y de financiación que tenemos ni van a venir alumnos ni profesores extranjeros”, mantiene el ministro.

Preguntado por las anunciadas movilizaciones estudiantiles, Wert recuerda el caso británico, cuando llegó el Gobierno de David Cameron y situó las tasas universitarias en 9.000 libras (10.500 euros), lo que “incendió” las calles.

“Hoy, todas las universidades (británicas) están funcionando; no se ha reducido la población universitaria, y la mayor parte de ellas se encuentra en equilibrio económico y el gasto público en esa materia se ha reducido drásticamente”, señala.

Esto lo relaciona también con un sistema de préstamos que ya existía pero que se ha hecho “más generoso”.

Aparte de los requisitos económicos, los alumnos tendrán que obtener más de un aprobado justo desde la próxima selectividad para tener beca (entre un 5,5 y un 6) y, para su renovación, superar cada curso el 85 por ciento de los créditos (ahora es el 80) de la mayoría de las carreras o el 65 por ciento en la ingenierías y arquitectura (ahora es el 60).

Wert argumenta que el 40 por ciento de los becarios que ingresan en la universidad con una nota inferior al 5,5 dejan la carrera el primer año.

Prefiere el ministro no hacer un diagnóstico sobre la universidad hasta conocer el informe del grupo de expertos designado por el Gobierno, pero sí ve “evidentes” algunas disfunciones como el elevado paro de universitarios o el “subempleo” de muchos de ellos, a lo que suma un “déficit muy acusado” de profesionales técnicos intermedios (titulados en FP).

LA CONSTITUCIÓN IMPIDE DEVOLVER COMPETENCIAS

El ministro tacha de “pueril y disparatado” el cálculo de los sindicatos, que cifraron en 100.000 los puestos de profesores interinos que se perderán a causa de ajustes como aumentar los alumnos por aula y las horas lectivas.

Advierte que prescindir de tantos docentes ahorraría unos 4.000 millones de euros, pero que el Ministerio ha planteado un ajuste de 3.000 millones de euros entre todas las medidas de ahorro.

Finalmente, y sobre la posibilidad de que el Gobierno central reasumiera competencias como las de Educación, el ministro es concluyente: “las comunidades pueden o no asumir competencias, pero cuando las asumen la Constitución no establece ningún procedimiento para devolverlas”.