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MADRID

Ciudadanos se alía con el PP contra el dictamen que determina "ilegal" la venta de pisos a fondos buitre por Ana Botella

La formación de Albert Rivera argumenta que el caso está judicializado y solo la justicia debe pronunciarse

Este argumento contradice a la estrategia llevada a cabo para mantener a Cifuentes como presidenta a través de una comisión de investigación por un caso también judicializado

Ciudadanos ha apoyado otras comisiones de investigación que se instruyen en los tribunales como Bicimad, el Canal Isabel II o la financiación del PP en el Congreso

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El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, y la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís (i). EFE

Cristina Cifuentes sigue siendo presidenta de la Comunidad de Madrid gracias a Ciudadanos. El partido de Albert Rivera decidió este miércoles mantenerla ganando tiempo con el anuncio de una comisión de investigación por las irregularidades desveladas por eldiario.es sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Esta estrategia de Ciudadanos contradice la postura que el partido naranja ha tomado este viernes en la votación del dictamen de la comisión de investigación por la venta de pisos sociales a los fondos buitre: se ha abstenido. En 2016, cuando se votó por primera vez este dictamen, lo apoyó.

Ciudadanos justifica su cambio de criterio aludiendo a la causa judicial abierta por esta venta de pisos sociales por parte el Ayuntamiento de Ana Botella a fondos buitre. La judicialización del caso, aseguran en un escrito que el partido ha enviado al resto de grupos al que ha tenido acceso eldiario.es y que confirman fuentes de la formación naranja, "afecta de forma trascendental al desarrollo de la actividad de la Comisión de Investigación".

"El Auto de 29 de septiembre de 2017, de la Audiencia Provincial de Madrid, por el que se acuerda la reapertura de diligencias revocando las anteriores resoluciones judiciales acordando el sobreseimiento de la causa penal, afecta de forma trascendental al desarrollo de la actividad de la Comisión de Investigación, en tanto los artículos 117 y 124 de la Constitución Española y 9 y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, instauran un monopolio a favor del poder judicial, de forma que solo éste puede llevar a cabo la investigación y el esclarecimiento de causa penales, impidiendo que sobre esos mismos hechos se desarrollen por parte de otros entes actuaciones paralelas", señala Ciudadanos en un dictamen que ha presentado por su cuenta.

Este argumento contradice frontalmente la posición tomada este miércoles por Ciudadanos en la Asamblea de Madrid para mantener a Cifuentes. También el apoyo a las comisiones de investigación en otros muchos casos hoy en los juzgados como la compra de Bicimad del Gobierno de Manuela Carmena, la investigación del Canal Isabel II o la financiación del PP que se investiga en el Congreso de los Diputados.

Cifuentes ha anunciado dos querellas contra los periodistas de eldiario.es Raquel Ejerique e Ignacio Escolar por publicar que obtuvo un máster con notas falsificadas. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha judializado así el caso y eso no ha impedido que Ciudadanos haya anunciado su propia comisión de investigación en la Asamblea para "conocer la verdad". A esto hay que sumarle la investigación iniciada en la Universidad Rey Juan Carlos que la institución ha remitido a la Fiscalía, que la formación de Rivera tampoco ha tenido en cuenta. La Fiscalía investiga ya la documentación de la universidad y las denncias de los estudiantes. Con esta comisión, Ciudadanos se está negando a apoyar la moción de censura del anunciada por el portavoz del PSOE Ángel Gabilondo.

Actualmente en el Ayuntamiento de Madrid se está desarrollando la comisión de investigación por la compra de Bicimad. El caso está también judicializado después de que se admitiera a trámite una querella del PP contra la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el gerente de la EMT, Álvaro Heredia. Ciudadanos apoyó la creación de esta comisión de investigación. No lo vió incompatible con la judicialización.

Este viernes se han abstenido en la votación. Ahora consideran que, a diferencia de 2016 cuando votaron a favor del dictamen, no es prudente atribuir delitos sin utilizar la palabra "presunto". Lo ponen como condición para votar a favor en el Pleno donde debe ratificarse el dictamen. También piden que el Ayuntamiento de Madrid tome medidas en favor a las familias que están siendo desahuciadas por los fondos buitre.

El dictamen que ahora Ciudadanos rechaza

La venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre se produjo fuera de la legalidad. El Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) y el Gobierno de Ana Botella "actuaron con desprecio absoluto a los arrendatarios". Estas fueron las principales conclusiones a las que llegaron los grupos municipales de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos en la Comisión de investigación sobre la Deuda del Ayuntamiento de Madrid centrada en la venta de inmuebles sociales por parte de la EMVS a fondos de inversión en septiembre de 2016 y que ahora Ciudadanos rechaza. Este viernes el dictamen se ratificará con los votos de PSOE y Ahora Madrid.

El agujero patrimonial por la venta de los inmuebles supuso para el Ayuntamiento de Madrid 31 millones de euros en el mejor de los casos, según especificó la Cámara de Cuentas en su informe. Sin embargo, desde el Consistorio lo cuantifican en alrededor de 160 millones de euros. Los fondos buitre pagaron 128,5 millones de euros, un precio "que fijaron ellas mismas", según se extrae de las conclusiones de la comisión. La encargada de tasar el precio de venta fue la consultora Price Water House Cooper (PwC). Desde la comisión recuerdan que "no es una empresa tasadora" y que a la vez que trabajaba para el Ayuntamiento lo hacía también para los fondos de inversión.

PSOE y Ahora Madrid han coincidido en que esta venta "fue una operación de despatrimonialización de la EMVS únicamente beneficiosa para la parte compradora" y que las "grandes damnificadas" fueron las familias que a día de hoy se enfrentan a desahucios y a incrementos del alquiler de hasta un 43%.

Por su parte, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid ha asegurado este viernes durante el dictamen que "las decisiones adoptadas por la Junta de Gobierno del PP y por el consejo de administración de EMVS durante el Gobierno de Ana Botella se ajustaron rigurosamente a la legalidad vigente en aquel momento"  y que "las decisiones adoptadas por cargos directivos respetaron informes de legalidad emitidos en esos procedimientos".

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