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La Asamblea de Madrid aprueba la ley del suelo de Ayuso entre críticas de la oposición y asociaciones: “Favorecerá la especulación”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Pleno en la Asamblea de Madrid, a 19 de noviembre de 2026, en Madrid (España).

África Gelardo Arrebola

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En el último pleno de la Asamblea de Madrid antes de las próximas elecciones generales, la mayoría del PP de Isabel Díaz Ayuso y Vox han aprobado la nueva ley del suelo de la Comunidad. La conocida como ley LIDER, que pretende “facilitar la construcción de vivienda y reducir los tiempos de tramitación urbanísitca” acumula críticas tanto por parte de la oposición como de asociaciones como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que consideran que la norma pretende “reducir el control” y que “va a favorecer la especulación y desproteger el patrimonio”.

Fue el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años a la que echaron de su casa y que murió el mes pasado, el desencadenante de manifestaciones y protestas históricas por el derecho a la vivienda. También fue el trágico acontecimiento lo que llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a adelantar las elecciones tras la caída de los dos decretos ley de vivienda en el Congreso de los Diputados. Ahora, la Asamblea de Vallecas aprueba una de las normas más importantes del Gobierno de Ayuso, pero que ya anunció en 2023 el entonces consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo.

Desde el Ejecutivo regional defienden que el texto favorecerá la construcción de vivienda en la Comunidad, simplifcando la clasificación del suelo y reduciendo plazos. Pero desde que se conoció que se iba a aprobar, la FRAVM se mostró contraria, también la plataforma 'Madrid contra la LIDER': “Facilita nuevos proyectos reduciendo controles públicos, aumenta la presión sobre nuestros espacios naturales y rurales y no soluciona el problema de la vivienda. Fomenta construir más viviendas, pero no garantiza que sean asequibles. Tampoco asegura que los nuevos desarrollos vayan acompañados de los servicios públicos necesarios. Además, reduce las oportunidades de la ciudadanía para conocer, opinar y participar antes de que se tomen decisiones que afectan a nuestro entorno”, destacaban en un comunicado.

En abril, el Ministerio de Vivienda presentó alegaciones a la norma regional, que sustituye a la Ley de Suelo de 2001 y la Ley de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de 1995, alertando de que los cambios presentados pueden abrir la puerta a la “especulación”, a la “privatización del suelo” y a los “pelotazos urbanísticos”.

Algunos de los cambios que recoge la nueva norma es la simplificación de las categorías de suelo o la ampliación de la “declaración responsable” para acelerar el inicio de las obras. Además, se sustituye el Plan General (PGOU) por el Plan Estratégico Municipal y el Plan Ejecutivo, lo que reduce los tiempos de tramitación de 12 a 4 años, y se reducen las clasificaciones de suelo, que pasa de cinco categorías a tres: suelo urbanizado, rural protegido y no protegido. Las asociaciones temen que los planes puedan quedar en manos de promotores privados, ya que el propio texto indica que “podrán ser formulados por las” administraciones “y por los particulares”.

Durante el debate en el pleno de la Asamblea, Más Madrid ha avanzado su voto en contra. La portavoz del grupo, Manuela Bergerot, ha criticado la norma por “privatizar la planificación urbanística”. “Queremos una región que acabe con décadas de desequilibrio territorial y lo único que viene a hacer LÍDER es a ser una aceleradora urbanística para empresas privadas. No viene a garantizar uno de los mayores dramas que hay en la Comunidad de Madrid como es el acceso a la vivienda. Sobre todo porque la única vía que plantea para la construcción de vivienda sigue siendo desarrollos urbanísticos que no vienen acompañados de barrios, de equipamientos y servicios públicos”, ha asegurado Bergerot.

El PSOE también ha cargado contra la LIDER y la negativa a incorporar enmiendas de la izquierda. “Lo que nos proponen es recortar los fondos públicos para vivir”, “eliminar la protección” del suelo medioambiental y “eliminar las competencias municipales en urbanismo”. “Van a tener problemas con esta ley a nivel de constitucionalidad” porque va en contra de las “competencias municipales”, ha avanzado el diputado socialista Javier Guardiola.

Por su parte, Vox ha decidido apoyar la ley a pesar de que no hacía falta para sacarla adelante y han asegurado que es “un paso que Madrid necesita dar”, aunque han lanzado críticas a la norma. Y el PP ha defendido la ley por “pasar de una planificación rígida” a una flexible. Vivir no puede estar “condicionado” a la “lentitud” de los procesos administrativos, aseguran los populares madrileños.

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