Ayuso admite la comisión a su hermano pero defiende que es legal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este viernes que su hermano cobró una comisión por el contrato de 1,5 millones de euros que su Gobierno adjudicó en abril de 2020, en plena primera ola de la pandemia, pero defiende que es legal. La dirigente regional no ha aclarado no obstante cuál fue la cantidad que cobró Tomás Díaz Ayuso ni el concepto a la vez que ha abierto la puerta a que pueda haber otros contratos.

Las sombras del contrato y la comisión de su hermano que amenazan a Isabel Díaz Ayuso

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Ayuso ha concedido una entrevista en el programa de Carlos Herrera en la COPE justo después de la que ha ofrecido el líder de su partido, Pablo Casado, en esta misma emisora. Casado ha cifrado la comisión en 286.000 euros y ha insinuado incluso que Tomás Díaz Ayuso pudo haber utilizado la empresa de su amigo Priviet Sportive como pantalla para poder realizar esta operación con la administración regional que preside su hermana y que pudo haber actuado de “testaferro” del hermano de la presidenta. “Es necesario que haya procesos previos antes de que actúe la Justicia para que cualquier funcionario pueda actuar y evitar un caso de corrupción”, ha dicho.

Según la presidenta madrileña, su hermano le trasladó que es proveedor sanitario en la Comunidad desde hace 26 años y que en la primera parte de la pandemia trajo material sanitario y que, en este caso, se hizo por medio de una persona de su pueblo, a la que Ayuso conoce pero con la que no tiene relación.

La jefa del Ejecutivo regional ha asegurado que desconoce la relación comercial que tiene su hermano Daniel Alcázar –el dueño de la empresa a la que se adjudicó el contrato de mascarillas– y que ni siquiera sabe “si ellos tienen más material” o si “han hablado en más ocasiones”. “Se me escapa”, ha dicho.

Ayuso ha defendido que no sabe “si se le ha adelantado o no le ha adelantado dinero” porque “como no es ilegal” ella no se puede meter “en estos asuntos”. “Las relaciones comerciales entre particulares no es ilegal y es ajeno a la administración”, ha defendido la presidenta madrileña.

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