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Ayuso pone en marcha el pacto con Vox: asalto a Telemadrid y reforma de las leyes LGTBI

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La mayoría absolutísima que suman PP y Vox en la Asamblea de Madrid empieza ya a notarse en el nuevo Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y permite vislumbrar cuáles serán las prioridades de este nuevo matrimonio político, ahora que Ciudadanos ha salido de la ecuación de las derechas en la Comunidad de Madrid.

La primera ley que los populares han registrado en la Cámara madrileña –en connivencia con la extrema derecha– no versará sobre sanidad, tras un año de pandemia que ha situado a Madrid como la región con más exceso de muertes del país. Tampoco sobre educación. Ni sobre dependencia y mayores tras la crisis de las residencias, que ha dejado en evidencia las costuras de la red regional. La primera norma que este lunes el Partido Popular ha registrado en el Parlamento regional ha sido una reforma de la ley que regula la Radio Televisión Pública de Madrid. El objetivo: hacerse con el control del ente público, tras años de críticas por la gestión de la actual dirección que no se ha plegado a las exigencias del PP.

El portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, también confirmaba tras el primer Consejo de Gobierno del gabinete que preside Ayuso –y prácticamente a la vez de que se hiciera pública la iniciativa del PP para tumbar a la dirección del ente– que el Gobierno está dispuesto a modificar las leyes "de género" y LGTBI que Vox pidió derogar este viernes durante el debate de investidura de Díaz Ayuso a la que apoyó con sus votos. Sería, por tanto, reformas la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación; y la de protección Integral contra la LGTBIfobia.

"Como licenciado en Derecho persona que lleva en la Administración unos tantos años, creo que su redacción no es la más afortunada", aseguraba Ossorio en rueda de prensa para justificar la reforma de estas leyes después de que Vox pidiera derogarlas. Y añadía: "Esas leyes sobre un proyecto muy bueno que salió del Gobierno de la Comunidad de Madrid en comisión recibió todo tipo de enmiendas. Muchos de los artículos de esa ley no son realmente artículos de una ley, de una norma, son declaraciones que no tienen contenido legislativo".

Tanto el cambio en Telemadrid como la reforma de las leyes contra la discriminación del colectivo LGTBI en la Comunidad de Madrid suponen una enmienda a la totalidad al anterior gobierno de la región que presidió Cristina Cifuentes, también del PP. Cifuentes junto con Ciudadanos, entonces socio del PP desde fuera del Ejecutivo– impulsaron los cambios legislativos que aunaron una amplia mayoría que ahora quieren cargarse con populares y ultraderecha.

"En realidad, no les necesito, no necesito pactar con Vox para prácticamente nada", decía este lunes Ayuso en una entrevista en Es Radio. "Necesito que cuatro diputados de Vox se abstengan cuando lleve ciertas medidas". Pero en realidad ambas iniciativas parten de las exigencias de Vox, aunque más la de las leyes LGTBi, que la de Telemadrid, una propuesta que el PP lleva tiempo en la cabeza para hacerse con el control del ente público.

Isabel Díaz Ayuso declaró la guerra a Telemadrid desde el primer día de su mandato en agosto de 2019. Pocos meses después de llegar a la Puerta del Sol –sede del Gobierno regional– llegó a declarar que era "la única presidenta" que tenía "una televisión que le es crítica". También dijo que ya no era "un servicio público", una afirmación que hizo suya este viernes la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, para pedir el "cierre" de la cadena. Ayuso dejó fuera a Telemadrid en la retransmisión de la investidura y su toma de posesión este sábado.

Una reforma exprés

La reforma de la ley de Telemadrid ya ha comenzado a tramitarse tras ser registrada por el PP en la Asamblea. La intención de los populares es que se apruebe en tiempo récord al registrar la norma con lectura única que acorta todos los plazos parlamentarios y no deja reacción a la oposición: no habrá ni debate en comisión ni se podrán presentar enmiendas. El objetivo de Ayuso es tumbar a la actual dirección del ente público con José Pablo López a la cabeza en menos de un mes. La proposición de ley establece la limitación del mandato a cuatro años, frente a los seis actuales, que pretendían que frenar el cambio de la dirección cada vez que llegase un gobierno y blindar así su independencia.

El director general de la cadena pública podrá por tanto ser cesado desde el día siguiente a la aprobación de la norma, puesto que ya ha cumplido ese plazo al frente del ente público. El texto permite además nombrar a una nueva dirección de forma temporal con la mayoría absoluta de PP y Vox, hasta que haya consenso entre los grupos de la Cámara para elegir a una nueva. Si nunca llega ese consenso, continuaría la dirección nombrada por la derecha.

La norma registrada por el PP –que ya se ha negociado con Vox según aseguran desde el Gobierno regional– introduce además otra modificación para la elección del Consejo de Administración del ente. Hasta ahora era elegido por la Asamblea de Madrid y por profesionales del sector. Estos últimos elegían a cinco de los nueve que lo componen. Con la reforma presentada por el PP quedará en manos exclusiva los grupos parlamentarios la elección del consejo, para lo que PP y Vox suman una amplia mayoría con 78 de los 136 diputados que forman el arco parlamentario. El control de la derecha también aquí será absoluto.

Ossorio justificaba la proposición de ley registrada por el PP asegurando que la ley de 2015 pretendía "garantizar la pluralidad y la independencia", pero que "seis años después" han visto "serias disfuncionalidades y serias rigideces en los procedimientos".

Monasterio se pronunciaba a última hora de este lynes acerca de la medida para asegurar que el PP no se puso en contacto con ellos para informarles de la misma antes de presentarla. En el debate de investidura, la formación de extrema derecha incluyó como una de sus primeras exigencias para seguir apoyando el gobierno el "cierre" de Telemadrid o en su defecto un recorte en el presupuesto que asciende a 74 millones de euros al año. 

La reforma legal supone que la primera premisa, la clausura de la televisión pública, no se producirá. El portavoz del Gobierno también negaba que se vaya a recortar el gasto de la cadena. La proposición de la norma solo va en la línea de hacerse con el control. Monasterio, sin embargo, aseguraba que una cosa tiene que ir acompañada de la otra pero denegaba pronunciarse hasta conocer la propuesta en profundidad. "Telemadrid que ser austera y transparente y no un chiringuito de los partidos políticos. Si la propuesta que han hecho va en esa línea nos parecerá fenomenal. Si va por la línea de un control brutal a Telemadrid por parte del partido que gobierna no nos gustará", decía la portavoz de Vox en una entrevista en Onda Madrid, la radio del ente público. "Si no respeta la neutralidad, hay que cerrarla", añadía también.

Críticas de la oposición

Para la portavoz de Más Madrid, Mónica García, la pretensión de Ayuso es que "Telemadrid vuelva a ser un aparato de propaganda del PP" y "desviar fondos públicos a televisiones amigas". "Justo cuando empieza a despegar el Gobierno de Ayuso quiere meter mano para evitar la crítica, la pluralidad y la diversidad de opiniones", lamenta García. Acerca de la reforma de las leyes LGTBI, la líder de Más Madrid considera que lo que se debe hacer es "cumplirlas" y no cambiarlas. La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, criticaba que la primera Proposición de Ley que ha registrado el PP sea para reformar y "manipular" Telemadrid. "La independencia informativa le incomoda. Por eso es su prioridad número uno", lamenta Jalloul.

Pese a las críticas de Ayuso, el cambio en Telemadrid se ha notado en las audiencias tras años de hundimiento de los telespectadores. Desde la llegada del nuevo equipo de dirección, la cadena ha mejorado notablemente sus cifras y también su reputación. Todo esto generó gran incomodidad en el Partido Popular. La televisión de todos los madrileños que sirvió tantos años de propaganda a los gobiernos de Aguirre vuelve a estar en el punto de mira del PP para hacerse con su control en la nueva etapa de Ayuso.

Para eso Ayuso necesita a Vox. Y a juzgar por los intereses de ambas formaciones, la relación entre las derechas en la Asamblea de Madrid empieza viento en popa. Habrá que ver hasta qué punto está dispuesto a ceder el PP y también Vox en sus exigencias. A diferencia de los tortuosos comienzos entre Ayuso y Ciudadanos, los posibles desencuentros se han borrado del mapa con el nuevo socio. Tanto es así que la formación de extrema derecha también ha retirado su intención de apoyar la comisión de investigación de las residencias que determine qué sucedió con la muerte de miles de mayores. Ayuso ya busca la manera de devolver esa lealtad.

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