La Comunidad de Madrid ejecuta a regañadientes la sentencia que anuló la venta de 3.000 pisos a un fondo buitre

La Comunidad de Madrid ha comenzado a ejecutar la sentencia que anuló la operación con la que el Gobierno autonómico de Ignacio González (PP) vendió 2.935 viviendas sociales a un fondo buitre en lo más gordo de la crisis. Fuentes de la Consejería de Vivienda explican que están “localizando a los administradores de fincas que participaron en la inscripción de las 32 promociones para notificarles que hay que revertir la operación”. “Estamos dando los pasos que nos han señalado, pero no es un paso que se dé en tres días”, añaden estas fuentes. 

La venta de casi 3.000 inmuebles a Encasa Cibeles, sociedad en la que participan Azora y Goldman Sachs, se torció para la Comunidad en mayo de 2018. En ese momento la justicia anuló por primera vez la operación y abrió la puerta a la recuperación pública de las viviendas. A partir de esa fecha, desde la Puerta del Sol se han embarcado en una batalla legal que ha ido encadenando varapalos judiciales, ratificados por el Supremo. 

Recientemente, en febrero de 2021, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid rechazó el recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y confirmó que la nulidad afectaba a todos los inmuebles y no solo al de un demandante, como argumentaba —y sigue defendiendo— la Comunidad de Madrid. Un mes después, el pasado 3 de marzo, el magistrado volvía a insistir al Ejecutivo autonómico: no cabe la suspensión del auto que anula la venta. 

Desde la Consejería de Vivienda aseguran que este asunto “es un tema aún no decidido por los jueces de manera definitiva” y continúan con su batalla en los tribunales, tras presentar un nuevo recurso, en esta ocasión contra la decisión emitida en marzo. Aún así, ante las decisiones judiciales en su contra, el 9 de abril el magistrado del juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 ha informado a las partes del procedimiento que la sentencia que confirmaba la nulidad de la operación se ha anotado de forma preventiva en el registro de la propiedad número 20 de Madrid. 

Según los documentos a los que ha accedido esta redacción, el pasado 11 de marzo el registro número 20 de Madrid tomó “anotación preventiva” de la sentencia de mayo de 2018 y los autos de febrero y marzo de 2021 “a favor de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, por plazo de cuatro años” en decenas de viviendas, “conforme al artículo 42.1 de la ley hipotecaria”. En estos informes también queda constancia de aquellas fincas que están inscritas “a favor de terceras personas distintas de los demandados” –vendidas a particulares– y por lo tanto el funcionario deniega la anotación en esos casos.

Fuentes registrales consultadas por elDiario.es explican que la anotación preventiva se produce cuando se ha dictado una sentencia que no es firme y contra la que caben recursos. “Si luego la sentencia se anula porque en una instancia superior queda sin efecto, esas anotaciones también quedarían sin efecto. Advierten que provisionalmente existe un posible titular que ha ganado un procedimiento y [ese registro] tiene una vigencia de cuatro años”, detallan estas mismas fuentes registrales. Una vez que el fallo es firme la anotación preventiva pasa a ser una inscripción.

La Comunidad no confirma cuántas anotaciones ha registrado

La Consejería de Vivienda no confirma el número de inmuebles sobre los que ha hecho el cambio, el letrado que defiende al recurrente, el abogado César Pinto, estima que la anotación preventiva que les ha comunicado el juzgado abarca a varias decenas de pisos y apunta que todavía queda por ejecutar la inscripción en registros de otras localidades en las que también se encuentran viviendas afectadas por la venta, como Navalcarnero y Móstoles.

El magistrado también ha requerido a la Agencia de la Vivienda Social de Madrid –dependiente del Gobierno autonómico– “que manifieste a la mayor brevedad en qué otros registros se está procediendo a dicha anotación de la sentencia”, según consta en la providencia a la que ha accedido elDiario.es. 

Desde la Consejería de Vivienda, gestionada por David Pérez, aseguran que han solicitado la anotación en el registro “por orden del juez”. “El efecto de la anotación preventiva es informativo: que los terceros sepan que hay posibilidades de que el titular cambie por resolución judicial”, indican fuentes del departamento de Pérez, que insisten en que este procedimiento “no implica que las viviendas” formen parte de su patrimonio. 

A pesar de los posicionamientos judiciales encadenados desde 2018, la Comunidad de Madrid insiste en que van “a continuar defendiendo que la sentencia sólo afecta a las viviendas de los recurrentes”. “No somos de facto los propietarios ni responsables de los inmuebles porque aún no estamos en la fase procesal donde se ordena el restablecimiento de las prestaciones: dinero por viviendas”, añaden las fuentes consultadas.

El magistrado de lo contencioso-administrativo también acordó la publicación de la primera sentencia que anuló la operación en el Boletín de la Comunidad de Madrid y en el diario El País, como había requerido el abogado César Pinto, el 22 de marzo se difundió en la publicación autonómica. Fuentes de la Consejería de Vivienda aseguran que están tramitando que se divulgue también en El País, aunque se han encontrado un obstáculo económico. “No hay un fondo específico para este apartado, estamos viendo la forma jurídica para proveerlo de fondos y proceder a la publicación”, indican estas fuentes.

elDiario.es ha tratado de contactar con Encasa Cibeles, sin haber recibido respuesta por el momento.