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MADRID

Botella sale indemne de la venta de pisos sociales a fondos buitre gracias a una ministra de Aznar y un consejero del PP

Margarita Mariscal de Gante, que ha absuelto a Botella y a parte de su Gobierno, fue ministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar

El Supremo anuló en abril un nombramiento a dedo de José Manuel Suárez Robledano, el otro consejero que ha anulado el fallo y que fue nombrado por el PP

El Gobierno de Almeida ya ha anunciado que no recurrirá el fallo y reprocha las críticas contra los consejeros nombrados por el PP

La vía penal por esta venta, que aprecia malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude, sigue abierta pero Botella ha quedado excluida de ser juzgada

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La Justicia reabre el caso de las 1.800 viviendas públicas vendidas por Botella

EFE

Dos consejeros nombrados por el PP han librado a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete altos cargos de su gobierno de la condena millonaria por la venta de pisos sociales a fondos buitre en 2013. El Tribunal de Cuentas ha revocado la sentencia que había dictaminado el mismo órgano en primera instancia contra la exregidora de la capital y parte de su gobierno. El tribunal les condenó a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado, pero ahora la Sala de Enjuiciamiento ha revocado ese fallo tras el recurso de los condenados.

La absolución, por dos votos contra uno, la firman dos consejeros propuestos por el PP: la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra ha sido de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE, que ha mantenido los argumentos que esgrimió el Tribunal de Cuentas durante su primera sentencia condenatoria: que la operación de venta fue "lesiva" para el patrimonio municipal y que no cumplió los principios de "publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad" en el procedimiento.

Margarita Mariscal de Gante fue nombrada en 1996 ministra de Justicia por Aznar, marido de Ana Botella. Durante el segundo Gobierno del expresidente, la entonces diputada del PP ocupó la vicepresidencia primera de la Mesa del Congreso de los Diputados. Unos años después, el 23 de julio de 2012, Mariscal de Gante pasó a ser miembro del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. Ese mismo día, Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, también era nombrado miembro del Tribunal de Cuentas.

José Manuel Suárez Robledano es el otro integrante del tribunal que ha absuelto a Botella y siete miembros de su gobierno este miércoles. Suárez Robledano, también nombrado a propuesta del PP en 2012, es el actual presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, la que ha decido el fallo en favor de Botella, nombrado por el Senado cuando el PP tenía mayoría absoluta. Es además miembro de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, lo que le convierte en uno de los tres consejeros con más poder dentro del organismo público, que siempre ha estado rodeado de polémica por los nombramientos a dedos y los enchufes de familiares de políticos.

En julio de 2018 la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas a la que Suárez Robledano pertenece fue renovada, y por primera vez en democracia, pasó a estar controlada al 100% por consejeros del Partido Popular, en una jugada en la que los siete consejeros del PP frente a los cinco del PSOE impusieron la configuración.

La actuación de Suárez Robledano en el Tribunal de Cuentas no ha estado exenta de polémica. En abril de este año, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo anuló un nombramiento a dedo del consejero del PP dentro del organismo público, en concreto, para el puesto de subdirector técnico de la Sección de Enjuiciamiento. La propuesta de nombramiento anulada fue avalada por la mayoría que los consejeros nombrados a propuesta del PP tienen en el Tribunal de Cuentas.

La vía penal por esta venta sigue abierta pero Botella ha quedado excluida de ser juzgada. La Audiencia Provincial ordenó en junio al juez que sobreseyó en dos ocasiones la causa que diera por concluida la investigación y pasese a la siguiente fase, que sentará en el banquillo a los presuntos responsables de los delitos que aprecian los magistrados en la operación: malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude. Entre las personas acusadas no está ni estará la exalcaldesa, pese a que la Junta de Gobierno que ella presidía dio el visto bueno a la venta en 2013.

Diferencias con la primera sentencia

La primera sentencia de diciembre de 2018 concluyó que el núcleo duro del Gobierno de Botella, ocho de sus miembros empezando por la alcaldesa, "incurrieron en una negligencia grave" porque "no impidieron el perjuicio en el patrimonio público" a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos) al Blackstone por 128,5 millones, cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas el Ejecutivo de Botella podría haber ingresado más de 151 millones.

Sin embargo, la nueva resolución del Tribunal de Cuentas considera que ambas partes (EMVS y el fondo de inversión) llegaron a un "punto de equilibrio de mercado" y concluye que en 2012 la EMVS "enfrentaba una situación crítica" y que no se debe olvidar "cuáles eran las condiciones generales del mercado", tras el "desplome" del mercado financiero que se mostraba también "reacio" a refinanciar créditos inmobiliarios. En ese sentido, el Tribunal de Cuentas en su nueva sentencia argumenta que "los precios de la vivienda acumulaban años de continuas caídas. La EMVS había sacado a subastas decenas de pisos en 2011 y 2012 pero dicho procedimiento demostró ser ineficaz, puesto que las ofertas fueron bajas y escasas". "Ha quedado acreditado su ajuste a las normas y principios del ordenamiento jurídico", insiste.

La sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas este 27 de diciembre no solo determina que el precio al que se vendieron los pisos "dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público", también retrata una sucesión de chapuzas e ilegalidades que rebosan el expediente.

Según la argumentación del tribunal en la primera sentencia condenatoria, era indefendible que el Ayuntamiento de Madrid no intentase sacar el máximo precio posible de la venta de esos bloques de edificios, no abriese un procedimiento con publicidad que fomentase las ofertas y no realizase una tasación fiable de los bloques de pisos que pretendía vender. El procedimiento de venta para sacar al mercado 1.800 viviendas duró 14 días. La primera sentencia concluyó que no era tiempo suficiente para preparar una operación de esas características y deja pistas evidentes de que determinados aspirantes, incluido el fondo que se quedó con esos lotes, jugaron con ventaja.

El fallo concluye que en el procedimiento de venta hubo información privilegiada al fondo Blackstone que se hizo con los 100 bloques de pisos, que el Gobierno de Botella se saltó todos los controles, e incluso que se pagaron dos millones de euros a una empresa, supuesta intermediaria, sin que se haya probado su participación en la compraventa.

El nuevo fallo de la Sala de Enjuiciamiento da la vuelta a esa argumentación y considera que se llevó a cabo un concurso público para la adjudicación de un servicio de intermediación destinado a la búsqueda de posibles compradores del inmueble. "Este concurso fue publicado oportunamente", dicen los consejeros del PP en contra del primer criterio del Tribunal de Cuentas y añaden que se presentaron diferentes ofertas al proceso de venta.

El Gobierno de Almeida no recurrirá

El Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena demandó en diciembre de 2017 a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a parte del Ejecutivo de Botella por lo que consideraba una sospechosa operación de venta de viviendas públicas. La operación había suscitado críticas muy duras por los inquilinos que se quejaban de los cambios de condiciones cuando pasaron a depender del fondo de inversión. El Gobierno de Carmena también recurrió la primera condena y pedía que se multiplicase por más de seis el importe de la misma: de 25,7 a 162,8 millones.

Desde Más Madrid, la formación que encabezó Carmena para las municipales y primer grupo en el Ayuntamiento, Marta Higueras reclamaba que se elevase a casación ante el Tribunal Supremo el fallo del Tribunal de Cuentas. Por su parte, el PSOE afeaba que Mariscal y Suárez Robledano no se hayan inhibido en la votación.

Pero el procedimiento tiene visos de quedar en este punto de absolución para Botella y parte de su gobierno. El nuevo Gobierno de José Luis Martínez-Almeida formado por PP y Ciudadanos no recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, ha confirmado este mismo miércoles la portavoz, Inmaculada Sanz. Para Sanz, la nueva sentencia "deja claro que existió un concurso público" y ha reprochado a la izquierda poner en duda a los tribunales por criticar que una exministra de Aznar haya absuelto a Botella.

"No hemos tenido demasiado tiempo para estudiar esa sentencia; sí parece que deja claro que existió un concurso público, con una serie de informes, entre ellos el de la intervención, que avalaba ese proceso como hemos defendido desde el PP. En todo caso como portavoz del Gobierno, acatar, respetar la sentencia, y aceptaremos las conclusiones que ya se han dado", ha expresado ante los medios de comunicación desde el hall de Cibeles.

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