Sin convenio y con contratos ilegales: los investigadores de los hospitales se revuelven contra la precariedad
Están en la trastienda de los hospitales públicos. No tratan con los pacientes pero sus investigaciones son clave para descubrir nuevos tratamientos y salvar vidas. Los científicos que trabajan en las fundaciones de investigación biomédicas de los hospitales madrileños se han plantado ante la Consejería de Sanidad con varias manifestaciones a lo largo de este mes. Piden medidas inmediatas para atajar la “precariedad laboral” que atraviesa su sector: muchos encandenan contratos irregulares por obra y servicio para cubrir puestos estructurales y más del 80% de las plantillas –en ellas también se incluye a los técnicos de laboratorio– son temporales, según los sindicatos.
Todos cuentan con larguísimos currículum que incluyen doctorados, proyectos y publicaciones en revistas de científicas de impacto, pero eso no les blinda contra la inestabilidad profesional. Antonio Martínez, doctor en Química, lleva una década en la fundación del hospital La Princesa. Los últimos seis años los ha invertido en investigar cómo reducir los daños tras un ictus. Y en todo ese tiempo, cuenta, nunca ha tenido un contrato indefinido, sino seis. A razón de uno por año. Una forma de contratación en fraude de ley que ya ha denunciado ante la Justicia.
Al menos otros 30 compañeros y compañeras han seguido el mismo camino. Comisiones Obreras recuenta una treintena de procedimientos iniciados y nueve sentencias ganadas que han obligado a las fundaciones a firmar contratos indefinidos con estos investigadores. Por imperativo legal. La argumentación jurídica se repite en todos los casos y constata el fraude de ley. “Se ha demostrado que la trabajadora [con contratos temporales encadenados] desarrolla funciones cuya necesidad es continua y estable para la empresa”, dice una de las sentencias, a la que ha tenido acceso eldiario.es.
La estabilización de la plantilla es una de las banderas de lucha de los investigadores. Y no solo por la precariedad profesional sino por los efectos que tiene en los avances científicos. “Esta situación de inestabilidad afecta a todos los estamentos. Las técnicas y los técnicos de laboratorio, que son las manos de la investigación, trabajan con nosotros con contratos temporales. Cuando se van, porque les cumple, la investigación se para. El retraso que sufre la investigación cuando hay bajas es monumental”, explica Raquel Castejón, científica y presidenta del comité de empresa de la fundación del hospital Puerta de Hierro.
Seis millones más para estabilizar la plantilla
La Consejería de Sanidad incluyó en los presupuestos de 2018 una partida de 5,9 millones de euros (un incremento de un 117% respecto al año anterior) para arreglar el desaguisado en las fundaciones, pero los trabajadores aseguran que aún no han notado ningún cambio. Las reclamaciones de los investigadores son dos: estabilizar las plantillas e igualar las condiciones a las de los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud, con quienes comparten espacio de trabajo pero no derechos.
Los representantes de los investigadores llevan manteniendo reuniones con responsables de este departamento desde 2016 pero aseguran que todavía no se ha constituido la mesa negociadora de las nuevas condiciones laborales, comprometida por escrito en febrero de 2017. “A pesar de los acuerdos alcanzados y los compromisos firmados, nuevamente desde Sanidad se ponen trabas y excusas”, denuncia Juan Ángel Fresneda, presidente de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios. La Consejería de Sanidad asegura, en respuesta a este medio, que la mesa negociadora de un convenio colectivo específico se va a formar “en las próximas semanas”. “Está previsto que las fundaciones aprueben convenios de estabilización también en las próximas semanas”, añaden fuentes de Sanidad.
Según CCOO, con la subida del presupuesto nominal (asignado a investigadores con nombres y apellidos), se contratará de momento a los investigadores que salen de los programas temporales (Miguel Servet o Ramón y Cajal) y que, hasta ahora, se enfrentaban al abismo de encadenar contratos por obra y servicio sin garantías. Como le pasó a Antonio y a otros muchos que finalizaron sus programas después de 2011, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy impuso límites a la contratación pública con el decreto de racionalización del gasto.
Raquel Castejón llegó a la fundación del hospital Puerta de Hierro antes de 2011, por lo que pudo tener acceso a un contrato indefinido antes de los recortes. Lleva 15 años con todas las neuronas puestas en las enfermedades autoinmunes. Las investigaciones de su equipo, asegura, tienen una “aplicación inmediata” en la clínica y se desarrollan mano a mano con los facultativos. “La colaboración con los médicos y las médicas es absoluta. Trabajamos juntos pero nosotros no tenemos los mismos derechos laborales que nuestros compañeros del hospital”, se queja.
Pese a que trabajan en las instalaciones hospitalarias, los investigadores de las fundaciones biomédicas no funcionan con el convenio colectivo del personal del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). No tienen derecho a días de libre disposición, ni acumulan antigüedad ni carrera profesional. Sus contratos se rigen por el estatuto básico de los trabajadores. “No tenemos lo bueno pero sí nos toca lo malo. Al trabajar para una fundación pública nos han afectado las limitaciones a la contratación en el sector público, el fin de la paga extra, la reducción de salarios...”, apunta Castejón.
A la espera de un convenio colectivo
“Llevamos años intentando negociar con Sanidad. Primero nos propusieron integrarnos en las plantillas de los hospitales, pero luego recularon. Esa situación era la mejor para nosotros y la más justa porque supone tener una categoría profesional que ahora no tenemos”, apunta Antonio Martínez, de La Princesa. La alternativa ante este primer fracaso fue la creación de un convenio propio y negociado con la Consejería que blindara los derechos y garantizara la equiparación salarial, pero el proceso, denuncia CCOO, está “atascado”.
La situación diferenciada de los investigadores respecto al resto del personal hospitalario se originó en 2004, cuando la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, creó las fundaciones de los hospitales y trasvasó a ellas a los científicos. La excusa era que estos organismos público-privados gestionarían mejor el presupuesto de I+D+i. Todos los hospitales públicos madrileños tienen su propia fundación y, entre todas, suman una plantilla de 1.200 trabajadores y trabajadoras (investigadores, técnicos, administrativos...). De todos ellos, CCOO calcula que al menos la mitad tienen contratos en fraude de ley.
“En la ciencia este problema es sistémico. Pasa en todas las comunidades, aunque algunas lo han resuelto mejor que otras. Pero particularmente en las fundaciones de los hospitales es exagerado”, afirma el presidente de la ANIH. Fresno, que trabaja como investigador en oncología del hospital La Paz, explica que en su fundación y en otras se dan situaciones tan anómalas como que los científicos con más experiencia profesional cobren menos que los más jóvenes. “Hay compañeros que tienen a gente a su cargo en sus equipos que tienen salarios más altos”, apunta.
“Los recién contratados con el programa Miguel Servet [el mismo en el que él estuvo hace ocho años] ganan el doble que yo. No quiero que ganen menos, porque las cosas hay que arreglarlas hacia arriba y no hacia abajo. Pero necesitamos ya una equiparación y ordenación de las categorías y los salarios”, expresa Jesús Mingorance en conversación con eldiario.es. Es doctor en Biología con una experiencia de 12 años en el hospital de La Paz a sus espaldas. Su sueldo alcanza los 1.700 euros al mes frente a los más de 3.000 que perciben algunos de sus compañeros.
La inestabilidad profesional también genera problemas a la hora de pedir fondos para proyectos de investigación, según los profesionales. “La Comunidad de Madrid, por ejemplo, pide una situación laboral permanente para solicitar financiación y en otros casos contratos indefinidos. Esto es como la pescadilla que se muere la cola”, dice Nuria Vilaboa, investigadora el ámbito de los biomateriales para la salud en el hospital de La Paz durante 16 años. Tiene 53 años y dedica su trabajo diario a estudiar la respuesta del cuerpo humano a nuevos materiales para prótesis.
El sector con la situación más delicada dentro de las fundaciones, en todo caso, no son los investigadores. Los técnicos y técnicas de laboratorio también se han involucrado en la lucha porque sufren la misma o más precariedad. Y trabajan en los mismos laboratorios. Rocío Ruiz desarrolla su trabajo en una sala blanca de aislamiento donde produce células madre para implantarlas en pacientes en el hospital Puerta de Hierro. “Somos la mano de obra, existimos. No queremos nada extraordinario”, reivindica. Y añade: “Tengo 38 años y he encadenado contratos aquí desde 2005. Cobro 1.000 euros al mes”. Ruiz exige, como el resto, “estabilidad”: “Cuando se acaba el dinero del proyecto, se acaba tu contrato”.
Las movilizaciones de las fundaciones biomédicas se prolongarán durante todo el mes de noviembre con tambores de huelga de fondo si las peticiones no son escuchadas por la Consejería de Sanidad. Este martes la manifestación, convocada por CCOO, ha sido a las puertas de La Paz. En la cabecera se podía leer un mensaje: “Sin investigación no hay futuro para la sanidad pública”.
