Un defecto de forma acerca al PP a su victoria contra Madrid Central y deja cientos de miles de multas en el aire

La lucha contra Madrid Central, la medida estrella del Gobierno de Manuela Carmena, fue un puntal de la campaña electoral gracias a la que José Luis Martínez-Almeida (PP) se convirtió en alcalde de la capital. “Con Almeida, Madrid Central se acaba el 26 de mayo [fecha de las elecciones municipales]”, recogía la propaganda electoral del candidato popular distribuida por las marquesinas de la ciudad semanas antes de que se celebrasen los comicios. 

Seis meses antes, todavía en la oposición, el grupo municipal encabezado por este abogado del Estado presentó uno de los recursos que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado parcialmente este lunes y otorgan la primera victoria al PP en su guerra contra la zona de bajas emisiones promovida por el Ejecutivo de Ahora Madrid. 

Ni con su llegada al Palacio de Cibeles los populares consiguieron eliminar la medida estrella de Carmena. A pesar de que nada más estrenar el cargo, el Consistorio anunció una moratoria para dejar sin efecto Madrid Central, al suspender las multas para los coches sin autorización que accedieran a la zona, cinco días después el juzgado de los contencioso-administrativo Nº 24 de Madrid paralizó cautelarmente la modificación impuesta por el Ayuntamiento y las sanciones económicas se reactivaron en Madrid Central. 

Más allá de las medidas cautelares, en junio dos juzgados –el número 24 y 7 de lo contencioso administrativo– anularon el acuerdo impulsado por el Gobierno de PP y Ciudadanos para desmontar la zona de bajas emisiones. El primer fallo recordaba que “la protección a la salud y el medio ambiente deben regir la actuación de los poderes públicos”. Por su parte, la segunda sentencia destacaba que la ordenanza de movilidad sostenible es un “corpus jurídico cuya finalidad declarada es la protección a la vida, a la salud y a la integridad física de las personas”.

Finalmente, en otra sala de vistas se ha tomado una decisión radicalmente distinta, impulsada por los recursos promovidos por el PP, tanto por su grupo municipal, cuando gobernaba Carmena, como por la Comunidad de Madrid, con los populares al frente, liderados en ese momento por Ángel Garrido, actual consejero de Ciudadanos en el Gobierno de coalición de Isabel Díaz Ayuso. 

Un defecto de forma ha dado al traste con Madrid Central. Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han emitido este lunes dos sentencias en las que determinan la anulación del área de bajas emisiones de la capital por cuestiones formales, “sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación”, ha explicado el TSJM en un comunicado. 

Los jueces estiman que el Ejecutivo de Ahora Madrid no cumplió durante la elaboración de la ordenanza de movilidad con el trámite de información pública, que viene a “considerarse esencial, preceptivo e indispensable por la doctrina jurisprudencial, en cuanto se trata de una de las principales manifestaciones del derecho que los españoles tienen a participar en los asuntos públicos que reconoce el artículo 23 de la Carta Magna”, destacan en la sentencia al estimar parcialmente el recurso presentado por la Comunidad de Madrid. 

En la misma línea, la Sala también estima parcialmente el recurso presentado por el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y considera que la ordenanza carece de una justificada memoria económica, imprescindible para valorar con pleno conocimiento y con antelación, la repercusión que los costes de su aprobación pueden representar en relación con los principios de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, sostenibilidad financiera y regla de gasto.

La oposición critica el fallo

Los partidos de la oposición han criticado esta decisión y piden al Ayuntamiento que recurra la decisión. En ese sentido, se ha pronunciado el Grupo Municipal Socialista. Su portavoz en asuntos de medio ambiente, Alfredo González, ha instado al Gobierno de PP y Ciudadanos a que recurra en casación el fallo y que solicite su suspensión cautelar. “Ahora es cuando vamos a ver si José Luis Martínez-Almeida es el alcalde de todos o el hooligan insensato que era antes de la crisis sanitaria del coronavirus”, ha indicado.

Más Madrid, formación heredera del partido que impulsó Madrid Central en el Ayuntamiento, también ha requerido al regidor municipal y a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que actúen contra la decisión conocida este lunes. “Esperamos que Almeida, que es el alcalde de todos los madrileños, no se vuelva a comportar como hizo Ana Botella con los fondos buitre de forma partidista e interponga recurso de casación, que es lo que permite la sentencia, para defender la salud de toda la población y no sus posiciones particulares y partidarias”, ha reivindicado la concejala Esther Gómez.

Por su parte, la Comunidad de Madrid se ha mostrado satisfecha con los fallos. Así lo ha comunicado la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín. “Se trata de una decisión judicial muy en línea con la postura que defendía la Comunidad, que recurrió en su momento por defectos de forma y porque afectaba de manera directa a los ciudadanos”, ha apuntado.

El Ayuntamiento no descarta el recurso

El Ayuntamiento todavía no ha tomado una decisión, el alcalde no ha descartado la opción de recurrir la sentencia. Su equipo llegará a una conclusión en función de los “informes técnicos y jurídicos” que elaboren los servicios jurídicos del Consistorio y del área de Medio Ambiente y Movilidad que serán públicos para que la sociedad conozca “cuáles son los criterios que se han seguido”. “Es una obligación hacerlo de acuerdo a criterios técnicos y jurídicos”, ha manifestado.

Aunque el Consistorio va a estudiar el futuro de este procedimiento judicial, ya es oficial que el Supremo se tendrá que pronunciar sobre este asunto. Ecologistas en Acción, asociación personada en la causa, ha anunciado que recurrirá los fallos. “Los defectos de forma son cuestionables”, apunta en un comunicado. Fuentes de este colectivo explican a elDiario.es que “pidieron” a Comunidad y Ayuntamiento “que retiraran los recursos”. Además, recuerdan que la ley de cambio climático que está elaborando el Gobierno de Pedro Sánchez va a imponer de forma obligatoria las zonas de bajas emisiones como Madrid Central. Ante esta situación, consideran que este fallo “retrasa lo inevitable”.

La victoria obtenida en los tribunales podría generarle al equipo de Martínez-Almeida un agujero económico en las arcas municipales. Según han explicado fuentes oficiales del TSJM en un comunicado distribuido a los medios de comunicación, la anulación parcial de la ordenanza de movilidad podría llegar a suponer, en el caso de que las sentencias alcancen firmeza, que decaigan las multas impuestas “al carecer de sustento normativo”. Ecologistas en Acción estima que si el Supremo ratifica la sentencia el Ayuntamiento de Madrid “tendría que reembolsar todas las multas interpuestas desde que entró en vigor Madrid Central, lo que supondría un coste de más de 36 millones de euros de dinero público”. 

Según el balance sobre la calidad del aire de 2019 elaborado por Ecologistas en Acción, el primer año de vida de Madrid Central dejó los datos más bajos de contaminación en la capital desde que se tienen registros. Sin embargo, estos resultados siguen sobrepasando los límites establecidos por la Unión Europea. El anuncio del equipo municipal de suspender las sanciones en la zona de bajas emisiones hizo reaccionar a Bruselas, que anunció que España será juzgada por el Tribunal Europeo debido a la contaminación excesiva en Madrid y Barcelona. Hasta entonces, a pesar de los incumplimientos reiterados, el proceso sancionador estaba congelado gracias al plan anticontaminación presentado por el Gobierno de Carmena, que contó con Madrid Central como medida estrella.