Dinero público para casas de familias acomodadas en Las Rozas y sospechas de sobreprecios ilegales

“Es una promoción fantástica, con muy buenas calidades. Los pisos han volado”, dice al teléfono una agente comercial, instando al interesado a actuar rápido para no desaprovechar la oportunidad inmobiliaria, infrecuente en un municipio como Las Rozas, del Madrid llamado rico. De 37 viviendas planeadas, solo quedan “una primera y una segunda planta, con tres dormitorios, dos baños, cocina y salón”. La ganga “está a partir de 317.000 euros más IVA, con dos plazas de garaje y trastero”, añade la voz, que se compromete a enviar más información por correo electrónico, pero no lo hará.  

Los planos y dosier remitidos a otros potenciales compradores, sin mayor secretismo, indican que ese precio “sin competencia” corresponde a un piso de 75 metros cuadrados útiles que, sin embargo, debería costar, como mínimo, unos 70.000 euros menos, porque es de protección pública. El sobrecoste en este y otros pisos, más unas condiciones de pago que exigen un fuerte desembolso inicial y años de mensualidades, además de la hipoteca, han causado revuelo en la localidad, gobernada por el PP. El Ayuntamiento, que vendió los terrenos a la promotora, se limita a trasladar que ha pedido a la Comunidad de Madrid que mire a ver si es cierto lo que denuncian los vecinos. El gabinete de Isabel Díaz Ayuso sostiene que lo está investigando.

En Las Rozas todavía colea el caso de la urbanización El Montecillo, de viviendas públicas para alquiler con derecho a compra que el fondo Fidere adquirió de la Sareb cuando la crisis inmobiliaria apretaba. Las drásticas subidas de la renta que el fondo impuso al término del plazo legal obligaron a muchos inquilinos a marcharse a partir de 2017. Justo al lado, junto a la vía pública, hay una parcela triangular de 2.800 metros cuadrados que el Ayuntamiento quiso destinar a vivienda pública el año pasado. Pero antes que promover la construcción directamente, el gobierno local del PP decidió sacarla a concurso. Una jugada redonda, según el cálculo estrictamente dinerario, porque de los 2,58 millones de euros de presupuesto base de licitación, la oferta que resultó ganadora, a cargo de Acceso Sociedad Cooperativa, fue de 4,41 millones. Ninguna otra de las 15 presentadas llegó a los cuatro millones, y la mayoría no pasaron de tres. La cooperativa se comprometía, además, a pagar en un mes. La nueva promoción se llama Mirador del Montecillo.

Normativa del PP de Aguirre

El formato de protección elegido por el equipo de gobierno, que dirige José de la Uz, fue el de Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), una innovación normativa de la Comunidad de Madrid allá por 2005. Esperanza Aguirre estaba en su primera legislatura, con el ladrillo disparado por el crédito fácil, y el gobierno regional juzgó conveniente crear una categoría inmobiliaria para “capas con un mayor nivel de renta”. Los precios seguirían tasados, pero los pisos podrían ser más grandes y los ingresos de los aspirantes, más altos (7,5 veces el IPREM, en lugar de 5,5 veces). Se mantuvo el requisito general de no tener otra vivienda. Aplicados los coeficientes de ajuste, resulta que este año cualquier familia de dos personas que hayan cobrado 74.143 euros en 2020, el ejercicio de referencia, podrá acceder a una VPPL.

El coste sería menor que en la vivienda libre, en cualquier caso, así que se entiende la sorpresa de los interesados que empezaron a llamar cuando vieron el anuncio en el portal inmobiliario Idealista. Para un piso de 75 metros cuadrados útiles, el importe máximo debería ser de 182.000 euros, según las tablas de la Comunidad Madrid, que fijan un tope para Las Rozas de 2.425,60 euros por metro cuadrado. Aunque en la documentación de la promoción a la que ha accedido elDiario.es no figura la superficie de las plazas de garaje y los trasteros, tomando como medida el máximo normativo de 25 metros cuadrados por plaza y ocho por trastero, y aplicando los módulos de precios respectivos, el total podría apenas superar los 246.000 euros, 71.000 por debajo de los 317.000 que se pide por teléfono. 

Además del importe bruto, abruman las condiciones de pago. Para el piso de referencia de 317.000 euros: 60.000 euros en concepto de reserva, más otros 18.400 a la firma del contrato. Además, 30 mensualidades a 1.585 euros y otras seis a 1.100, sin contar los 196.000 euros de la hipoteca. Aquí ya se incluye el IVA. En total, 349.000 euros. Para un bajo, el importe total llegaba hasta los 425.000 euros. El ático, más grande, se ofrecía a casi 440.000. A mayor precio, más caras las reservas y mensualidades, que en algunos casos pasan de 70.000 euros y 1.700, respectivamente. La voz de alarma la dio en febrero un comprador candidato en un foro de Facebook de vecinos de Las Rozas, que hablaba, aportando documentos con el membrete de la promotora, de pagos iniciales de hasta 125.000 euros entre la reserva y la firma. “Las condiciones salvajes […] van orientadas a que le paguemos a la constructora el suelo”, razonaba.

Sin pudor en la oficina de venta

El comprador se llama Aitor Haro y por teléfono señala que cuando vio el anuncio en la web se pasó una semana llamando por teléfono para conseguir cita. Tras conseguir hablar con la promotora, se presentó a la reunión con el dinero de la señal “en la boca”. “Soy vecino de Las Rozas y tengo el problema que tenemos todos, que estamos como locos porque no encontramos una vivienda a un precio medianamente razonable. Un piso normal de dos o tres habitaciones puede salir entre 500.000 y 650.000 euros. Es una barbaridad”, explica. Durante la reunión, la comercial le explicó sin subterfugios que los pisos se venderían a una cantidad, pero se escriturarían por el máximo legal. “Te lo dicen y no se ponen ni colorados”, protesta. Haro se lo pensó mejor y decidió no abonar la reserva. Seguirá pagando 1.260 euros por un piso de alquiler de 55 metros cuadrados. 

Sí decidió arriesgarse, a pesar de los recelos, María (nombre ficticio), madre soltera que ahora duda si echarse atrás. Dice que lleva bastante tiempo buscando piso y que lo de los sobreprecios en vivienda pública es bastante común. “Pensé que quizás era algo normal”, cuenta. En la visita le dijeron que el coste elevado respondía a que el Ayuntamiento había vendido caros los terrenos, ocultando que fue la promotora la que pujó fuerte por ellos. La semana pasada, en una reunión de cooperativistas, la informaron de que los precios podían subir más aún, porque los materiales escasean. “Las ventanas que iban a ser de aluminio, ahora serán de PVC”, relata. Dice que tiene firmado que los 60.000 euros de señal que ha dejado para un piso de 350.000 euros los podrá recuperar antes de la firma, que se prevé para dentro de un año. “Estoy mirando a ver si hay algo que me compense, pero es que está todo tan caro. En la reunión de cooperativistas vio caras de preocupación. ”La gente no las ve todas consigo, pero la necesidad aprieta“, explica.

El Ayuntamiento despeja responsabilidades

Ciudadanos y la edil de Unidas por las Rozas Patricia García, que ya se había opuesto a la venta de los terrenos, llevaron la cuestión ante el Ayuntamiento, que una vez ha vendido el terreno, despeja para arriba. “El Ayuntamiento ha recopilado toda la información al respecto de esta promoción de viviendas recogida por los técnicos municipales, vecinos interesados y de los grupos políticos que se han preocupado por el tema. Esa información se ha enviado a la Comunidad de Madrid para que sean ellos los que resuelvan e indiquen cómo proceder, antes de conceder la licencia de construcción”, responde por correo electrónico un portavoz.

La propia Consejería de Vivienda, que en Madrid es también la de Medio Ambiente y Agricultura, indica lo que puede haber pasado. “Les hemos pedido documentación para determinar si es una promotora encubierta de vivienda libre”, apunta un portavoz del departamento, que indica que se ha requerido tanto a la cooperativa como a la gestora de la promoción que envíen los contratos firmados de compra-venta. “Si se comprueba que están vendiendo por encima del precio, habrá multa y tendrán que devolver el sobreprecio”, advierte, tras asegurar que la promoción todavía no tiene la calificación profesional de vivienda pública.

En la consejería dudan de que las viviendas se hayan podido vender tan rápido los pisos faltando todavía este trámite inicial. Las palabras de apremio de la vendedora podrían ser una estrategia de marketing para espolear a quienes dudan, pero en Unidas por Las Razonas aseguran que las llamadas a su edil de vecinos preocupados seguían sucediéndose a mediados de abril. Tras la denuncia en redes, la promoción desapareció de Idealista, pero todavía figura en la página web de la gestora, Poscam Gestión Inmobiliaria.