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El Gobierno de Ayuso propone adjudicar la alimentación de cinco residencias a la empresa que sirvió comida podrida

Alimentos en mal estado en una residencia pública madrileña.

Paula del Toro

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El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha propuesto adjudicar el servicio de alimentación de cinco residencias de mayores públicas de la región a una empresa acusada de servir comida en mal estado. Se trata de los centros incluidos en el primer lote de los nueve que se van a asignar en las próximas semanas, después de que el martes caducaran los contratos hasta ahora vigentes. Las residencias son las de La Paz, la de San Fernando de Henares, la de Manoteras, la de Arganda del Rey y la Francisco de Vitoria, en Alcalá de Henares. 

Según el acta de la reunión celebrada el pasado 28 de febrero, la mesa de contratación de la Agencia Madrileña de Atención Social acordó “elevar al órgano de contratación” la propuesta de adjudicación del lote 1 a la licitadora Plataforma Femar S.L.“, una empresa que acumula denuncias desde enero de 2022 por parte de Comisiones Obreras por la mala calidad de los alimentos y que ha sido acusada en varias ocasiones de servir comida en mal estado a 22 residencias infantiles de la comunidad, donde viven entre 600 y 800 menores de edad.

Desde septiembre de 2021, momento en el que la Comunidad de Madrid cambió el sistema de provisión de menús de residencias y centros de menores de la región, las quejas por parte de residentes y familiares no han cesado.

Julia es hija de una residente de la residencia Francisco de Vitoria (Alcalá de Henares). Su madre tiene un grado alto de Alzheimer y lleva varios años sufriendo estos problemas de comida en primera persona, algo que, dice, “le ha costado perder más de 20 kilos”: “Las trabajadoras me llevan mandado fotos horribles de los platos que le ponían a los residentes desde hace más de un año. Guisos con patatas negras, espinacas con setas que parecían vómito, carne cruda y algo que se suponía que era lasaña pero parecían placas de pasta mojadas en una salsa poco apetecible. La gota que colmó el vaso fue cuando se encontraron con coliflor podrida”, resume, enfadada.

No fue hasta un año después de la denuncia formal del sindicato, en febrero de 2023, cuando Isabel Díaz Ayuso quiso tapar las acusaciones de estar primando el precio a la calidad de la alimentación de los más vulnerables alegando que Femar había sido multada por la Consejería de Asuntos Sociales con más de 43.000 euros por estas quejas. Tres meses después de estas declaraciones de la presidenta popular, la Cadena Ser informó de que la gran cantidad monetaria de las sanciones acumuladas a esta empresa no eran por la calidad de los alimentos, sino por mentir a la administración sobre la existencia de almacenes en territorio madrileño. 

La única penalidad que Femar ha pagado por una mala gestión de los propios alimentos fue de un importe de 542,78 euros en diciembre de 2022, casi medio año después de que esta empresa llevase productos frescos, refrigerados y congelados a dos residencias infantiles de Madrid con la ayuda de vehículos que no eran adecuados para ello por romper la cadena de frío.

En definitiva, ni la comida podrida, ni los restos de moho en la coliflor, ni los brotes de listeria en residencias y escuelas infantiles ni las multas por incumplimiento de los pliegos han servido para que la Comunidad de Madrid multe o elimine a la Plataforma Femar como empresa con capacidad de participación en la adjudicación de la alimentación en estos centros públicos. Todo ello, además, a pesar de las continuas denuncias de aquellos que ingieren diariamente su comida.

La compañía solicitó en pasado febrero un recurso ante un Tribunal Administrativo de Contratación Pública al quedarse fuera del concurso por no cumplir, en un primer momento, con las características necesarias para poder optar al contrato según los pliegos de la Consejería de Asuntos Sociales del gobierno regional. Esos pliegos indicaban que los almacenes de alimentos de las empresas que se presentaban al concurso debían estar a menos de 50 kilómetros de cada residencia. Pero los de esta empresa están en Borox (Toledo), situándose a más de 60 km de todas las residencias a las que previsiblemente proveerá de comida. 

La consejería no especifica en esos requisitos que los kilómetros tengan que ser por carretera, por lo que el tribunal da la razón a Femar. “En aplicación de lo establecido en los pliegos, calculando un radio de distancia de 50 Km desde la Puerta del Sol, el municipio de Borox se encuentra en él incluido”, dice la resolución.

La Mesa de Contratación de la Agencia Madrileña de Atención Social escribió el acta en el que cambiaban la adjudicación, quitándosela al proveedor Alessa Catering Services S.A.U. y dándosela a Femar, pidiendo además que “en el plazo de diez días hábiles, presenten la documentación especificada”. Si se formaliza la adjudicación, la empresa repetirá como proveedora de alimentos a pesar de las quejas de usuarios, familiares y organizaciones en lucha por la calidad de la atención en las residencias.

Además de las residencias mencionadas, se le ha adjudicado a Femar el suministro de productos alimenticios y materias primas para 21 residencias de menores y una residencia maternal de la Comunidad de Madrid. Varios familiares de mayores afectados denuncian, sin embargo, que “esta empresa no cumple con las cadenas de frío necesarias para que los productos estén en buenas condiciones”.

Julia recuerda emocionada las condiciones con las que su madre entró a este centro y cómo han cambiado, “poniendo en riesgo su salud”: “Mi madre entró en la residencia hace tres años pesando 68 kilos y ahora pesa 45. Sé que esto tiene que ver, en parte, por su enfermedad, pero cuando la hemos tenido que ingresar en el hospital ha recuperado kilos. ¿Cómo es posible que una persona coja peso con una comida de hospital? La historia se cuenta sola”, sostiene.

Esta familiar siente miedo por la alimentación de su madre, ya que apenas habla y ni tiene la conciencia como para quejarse de lo que se echa a la boca: “Ella no puede comer sólido, sino que come purés y me aterra pensar todo lo que le tienen que estar echando en esa turmix, porque de esta manera no se ve si la comida está en buenas condiciones aunque ella se lo come todo”, cuenta Julia, luchadora desde hace años por la mejora de las condiciones de atención en las residencias de Alcalá de Henares. 

“No sé si los pliegos están mal hechos de manera deliberada o no, pero deberían eliminar a esta empresa de la lista posible de adjudicaciones, tanto para residencias como para centros de menores, porque esto es una vergüenza y no debería volver a pasar. Y aunque se llevan mucho tiempo riendo en nuestra cara por diferentes motivos, esto nos lleva a pensar que existen intereses económicos de por medio y que lo último que importa es la salud de nuestros mayores. Están jugando con algo tan importante como es la alimentación de una persona por unos euros de más”, concluye. 

Fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Ayuso indican en conversación con elDiario.es que “los pliegos no presentan ningún error”. A pesar de que la propuesta de adjudicación ya está firmada, dejan la puerta abierta y dicen que el nuevo contrato de alimentación de las residencias “aún está pendiente de resolución tras un recurso interpuesto por la empresa Femar en uno de los lotes”. “Las penalizaciones no impiden que una empresa pueda volver a contratar con la Administración. Femar es una empresa que contratan todas las administraciones y actualmente se encuentra en más de 800 procesos de licitación, la mayoría del Gobierno central”, concluyen.

Para la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, Lorena Morales, “los pliegos no están bien blindados para que empresas como Femar no pudieran ser las que ganasen los concursos de alimentación para estos centros sociales, a pesar de haber sido sancionadas en múltiples ocasiones”. “En estas subastas gana el peor postor y los filtros son inexistentes, algo que deriva en la falta de condiciones dignas para nuestros mayores. Ya lo dijo Ayuso, ‘total se van a morir igual’, como para preocuparse por su alimentación”. 

La socialista asegura que otras personas que se presentaron a este concurso, “han demostrado ser empresas de buena calidad para la alimentación de los menores en centros sociales y para otras residencias de mayores, entre otros aspectos porque sus presupuestos diarios son mayores y porque garantizan la cadena de frío de los productos, algo imprescindible para que la comida esté en buen estado y que la Plataforma Femar no cumple”. “A pesar de nuestras quejas, esto no se ha convertido en un requisito en los pliegos sino que es solo un parámetro que suma o resta puntuación a las empresas. No encontramos explicación alguna de que no existan criterios de calidad ni de cantidad”, resume. 

La diputada ha acudido en diferentes ocasiones tanto a residencias de mayores como a centros sociales infantiles y asegura haberse encontrado con cosas muy diferentes a lo que sale delante de una cámara los días de promoción. “He visto pescado podrido en las cocinas de los centros de acogida. A mi me han llegado a decir residentes que preferían morirse a seguir viviendo así. Esto tiene que cambiar”, concluye Morales. 

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