El Gobierno de Ayuso sanciona a comercios familiares gallegos por la normativa de comercio electrónico

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha abierto expediente sancionador a varios pequeños comercios gallegos por supuestos incumplimientos de la normativa de protección a los consumidores con multas que van desde los 11.000 a los 13.000 euros. La Comunidad de Madrid argumenta que los comercios tienen páginas webs que pueden vender en todo el territorio, con lo que “cualquier comunidad autónoma puede actuar”, mientras la Federación Galega de Comercio critica como “injustificada” la medida: “Son comercios familiares, esta sanción les va a llevar al cierre pero seguro”.

Los comercios afectados se encuentran en las regiones de Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados y Foz y se trata de empresas pequeñas que, según José María Seijas, presidente de la Federación Galega de Comercio, solventaron las faltas en sus páginas web en cuanto recibieron las sanciones y que ni siquiera habían llegado a vender ningún producto online.

La consejería de Economía argumenta que la Comunidad de Madrid está dentro del Plan Sectorial de Control de Productos Textiles del Ministerio de Consumo y que debe “llevar a cabo actuaciones de inspección y vigilancia” y, si con estas funciones se detectan infracciones, “está obligada a actuar”.

En este caso, el Gobierno de Ayuso asegura que los supuestos incumplimientos vendrían por “no aplicar correctamente el derecho de desistimiento (14 días en los que el consumidor puede desistir de su compra sin dar más explicaciones), defectos de etiquetado en los productos a la venta, limitaciones a la hora de reclamar contra la empresa vendedora o en relación a la garantía de los productos”.

José María Seijas, en declaraciones a elDiario.es, asegura que “no hay ninguna denuncia por parte de ningún consumidor” en estas webs y lamenta que antes de la sanción no se haya remitido ningún aviso, como sí suele hacer la Xunta de Galicia. “Me parece incongruente que se vaya a buscar así” estos casos, critica Seijas, que reconoce que si algún aspecto perjudica al consumidor se debe interponer una multa pero no “de esta forma”. Una de las tres comerciantes ha decidido cerrar la página web porque “no le compensa”, un extremo que el presidente de la Federación lamenta: “Llevamos trabajando mucho tiempo para que el pequeño comercio se informatice”, explica, y ahora se encuentran con esta situación en lugar de recibir “un apoyo”.

Fuentes del Ministerio de Consumo indican que las autoridades autonómicas sí pueden actuar para sancionar si la empresa está radicada en su territorio o si “se manifiesta la lesión o riesgo para los intereses de los consumidores y usuarios radicados en dicha región, aunque la empresa no sea originaria de allí”. Es decir, la Comunidad de Madrid sí puede actuar siempre y cuando considere que “los productos se están poniendo a disposición de los consumidores de su territorio y estos pueden resultar potencialmente afectados”.

Otro de los puntos que pide Seijas es que si “las comunidades pueden sanciar unas los comercios de las otras”, que sean los directores de consumo autonómicos los que se pongan de acuerdo para establecer una normativa única. elDiario.es se ha puesto en contacto con la Xunta de Galicia, pero por el momento no ha recibido respuesta.

Estos expedientes se encuentran en “fase inicial”, por lo que caben todavía alegaciones y no se habrían hecho efectivas las sanciones, que, aseguran desde la Comunidad de Madrid, son las que “establece la normativa básica estatal”. La Federación ya ha adelantado que alegará y aseguran que cuentan con el respaldo de la Dirección General de Consumo gallega para intentar impedir que las multas lleguen al bolsillo de las comerciantes gallegas.