Una ley para frenar las injerencias del PP en la libertad de expresión de la cultura madrileña

Los casos de censura de la Consejería de Cultura que dirige Marta Rivera de la Cruz han acelerado en la oposición la redacción de dos proposiciones de leyes culturales para acabar, entre otras cosas, con la injerencia política en el funcionamiento de las instituciones públicas. “Es muy importante creer en las empresas púbicas como organismos autónomos, no como órganos políticos que programan lo que se les ordena desde la Consejería, como ocurre en estos momentos”, explica Manuela Villa, portavoz de cultura del PSOE en la Asamblea de Madrid. Para acabar con ese organismo político que hace y deshace a su antojo, ha registrado la creación de una Ley del Sistema Público de Cultura de la Comunidad de Madrid, con la que no podrían darse casos como los que han limitado la libertad de los artistas Sandra Gamarra y Paco Bezerra.  

El PSOE propone asumir la cultura como un bien básico y de primera necesidad, establecido por el Real Decreto-Ley 14/2021. Y dotarlo con los mismos recursos que la educación pública y la sanidad, para ordenarlo y mantenerlo al margen de los cambios políticos que se produzcan en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El Sistema Público que propone el PSOE consta de una Comisión de Coordinación, tiene un Consejo Madrileño de Cultura y aprueba un Marco de Acción Estratégica. “Para que los derechos culturales se cumplan, hace falta crear un sistema que lo garantice. Ahora todo está en manos políticas y no hay una relación con el ”afuera“ de la consejería de Cultura”, indica Villa. Precisamente ese “afuera” sería el responsable de fiscalizar que los planes estratégicos aprobados se cumplen. “En estos momentos, la Comunidad de Madrid no tiene ningún plan”, añade la portavoz del PSOE.  

Por el momento no existe una organización ajena al devenir de las urnas que reconozca y garantice la libertad y autonomía de la cultura. Esta condición no es respetada por los poderes públicos ahora, explica Manuela Villa. Esta ley debería servir, además, para garantizar el acceso a la cultura y la participación en la vida cultural “en condiciones de libertad, igualdad, no discriminación, universalidad y transparencia”. 

Incremento económico

Para tratar a la cultura como un asunto de primera necesidad, la propuesta socialista indica que los recursos presupuestarios deben incrementarse en los siguientes ejercicios. Así, en tres años debería alcanzarse el 1,5% de inversión en cultura del Presupuesto general de la Comunidad de Madrid. Y todos los presupuestos culturales que se aprueben a partir del año 2030 no podrán ser inferiores al 2% del total de los Presupuestos. Villa es también la Secretaria de Cultura y Deporte en la Ejecutiva Federal del PSOE y su intención es poner en práctica la Ley en otras autonomías gobernadas por el partido. No es un modelo de aplicación estatal, porque las competencias culturales están descargadas en las autonomías.  

En la propuesta de Más Madrid, registrada unos días después, la Ley de Cultura y de Derechos Culturales de la Comunidad de Madrid también indica un progresivo aumento de los recursos económicos. Coinciden en el incremento del 1,5% en tres años y de un 2% a partir de 2030. Esta propuesta es más concreta en la protección contra las injerencias políticas y estipula un artículo para la elección por concurso público cada cinco años de la dirección artística de los Teatros del Canal, del Auditorio de El Escorial y del Centro de Arte Dos de Mayo. También para todos aquellos centros que estén financiados en más de un 50% de su presupuesto por la Comunidad de Madrid. 

Con una estructura de 108 artículos –frente a los 29 del PSOE– la proposición de Ley de Más Madrid también incide en la necesidad de crear organismos autónomos en la gestión y en la definición de los criterios y contenidos de sus programaciones. El apartado g del artículo tres es claro al respecto: “El respeto a la libertad de expresión y de creación artística, así como al disfrute de los derechos irrenunciables derivados de las producciones y creaciones. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”. La portavoz de cultura del grupo es Jazmín Beirak y explica que esta propuesta pretende establecer los elementos mínimos para crear una política cultural pública, “no como adorno”. 

Los derechos culturales

“La cultura no es un adorno, es una política pública, y por tanto es tan necesaria como la educación y la sanidad. Los objetivos de la política cultural no son la programación de las instituciones culturales desde los cargos políticos. Es otra cosa, es garantizar unos derechos culturales y evaluar los objetivos alcanzados”, incide Beirak. Llama la atención todo lo que está pendiente por construir en las políticas culturales de la Comunidad de Madrid. “La consejera [Marta Rivera de la Cruz] dice que no es necesaria una ley como esta porque están garantizados todos los derechos, pero con la censura de Bezerra hemos visto que no es así”, añade la diputada. 

En ese sentido, también se revisan los métodos de concesión de subvenciones y propone jurados profesionales, independientes y paritarios, no condicionado por cargos públicos. Por eso se indica que los poderes públicos deben garantizar “el pleno y libre ejercicio de los derechos culturales en régimen de igualdad efectiva”. 

También se reclaman unas garantías orgánicas con la creación de la Unidad de Evaluación Cultural, encargada de realizar los informes de aplicación del marco estratégico para rendir cuentas. Ante esta unidad, cualquier persona podría presentar una queja si cree que sus derechos han sido vulnerados. Se registra la creación de la Oficina de Atención al Tejido, un organismo demandado por el sector para acompañar los proyectos de las iniciativas culturales. Frente a las medidas arbitrarias de los gobiernos que van y vienen, el plan estratégico, la evaluación y la unidad, garantizarían la estabilidad del proyecto cultural de la Comunidad de Madrid y de la propia Consejería de Cultura, que ha desaparecido en varias ocasiones. 

En 15 días el Gobierno regional debe dar su conformidad a estas proposiciones de Ley y después llegará al Pleno para su toma en consideración. Entonces se verá si hay acuerdo para trabajar sobre ellas. Si hay acuerdo, llegarán las enmiendas como paso previo a su vuelta al Pleno. Entonces se votará la Ley, compuesta por ambas propuestas y las enmiendas añadidas.