Madrid pide bailarines titulados para dar clase en colegios, pero con condiciones laborales de estudiantes en prácticas

La Comunidad de Madrid ha lanzado un programa piloto para introducir profesionales de la danza en los colegios de Primaria de la región, pero les ofrece condiciones laborales de estudiantes en prácticas, según denuncia la Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid (APDCM). Los futuros docentes deben ser titulados en enseñanzas artísticas, pero cobrarán un máximo de 913 euros mensuales por 16 horas de clase y lo harán en forma de una ayuda, de manera que no cotizará a la Seguridad Social ni generará derechos para los trabajadores (por ejemplo, indemnización por cese).

César Casares, portavoz de la asociación, explica que esto supone precarizar un sector ya precarizado de por sí. Una lástima, añade, porque la idea, más allá de las condiciones, le parece positiva. “Como medida correctora de la situación de precariedad de los artistas es necesaria, la presencia de la danza en la Educación es necesaria”, concede. El problema que tiene la APDCM, y este es el quid de la cuestión para el sector, es la figura elegida para contratarlos, equivalente a los auxiliares de conversación. Y los auxiliares de conversación, recuerda Casares, son estudiantes, pero a los bailarines se les exige tener un título.

La oposición en la Asamblea lamenta que “una buena iniciativa” se haya ejecutado de esta manera. “Lo malo es cómo lo han hecho. Es precarizar un sector que ya es muy frágil en las condiciones profesionales”, explica Jazmín Beirak, responsable de Cultura de Más Madrid. “Redunda en no entender que la cultura es un trabajo para el que las personas se forman, que tienen que tener competencias relacionadas con la pedagogía y la enseñanza. No considerarlo como trabajo va contra la consideración de la cultura como algo serio”, añade, y recuerda que el estatuto del artista, recientemente aprobado, “es reconocer que la cultura también es trabajo, y estas iniciativas caen en esa inercia de que es algo vocacional”.

La Consejería de Educación defiende que la fórmula está “consolidada desde hace años con los auxiliares de conversación que asisten a los maestros en los colegios” y explica que con esas horas de dedicación se “permite a los artistas simultanear su trabajo profesional en espectáculos con la labor que realicen en las aulas”, aunque no entra a valorar por qué ha elegido esta figura o si supone precarizar a los profesionales.

Una ayuda “para cubrir gastos”

La Comunidad de Madrid lanzó a finales de agosto la Orden 3134/2023, que establece las condiciones para la implantación de “un programa piloto de auxiliares de danza en centros educativos madrileños”. En el preámbulo del texto, además de argumentar qué se quiere hacer y por qué (el movimiento, la motricidad, la danza, la dramatización, etc. son habituales en Primaria) la Consejería explica que “es prioritario trabajar por los egresados de los conservatorios profesionales, contribuyendo a su capacitación profesional para el ejercicio de la docencia”. Sin mención a los titulados superiores.

El texto establece las condiciones que tendrán los futuros auxiliares: deben ser titulados en Enseñanzas Profesionales de Danza (el título técnico, equivalente a una Formación Profesional), trabajarán entre seis y 16 horas semanales y ganarán por ello un mínimo de 342,72 euros al mes y un máximo de 913,93 euros, en función de la dedicación (los maestros tienen 25 horas de clase semanales en la Comunidad de Madrid).

También especifica la orden las condiciones en que se darán estas “ayudas”. Porque son ayudas, no un contrato. “Son gastos subvencionables de estas subvenciones los de manutención y otros ocasionados por la participación en el programa que sean estrictamente necesarios para el desarrollo de las actividades propias del mismo. En ningún caso la ayuda tendrá la consideración de salario o remuneración, sino de ayuda económica para cubrir los gastos ocasionados por el programa y no devengará derecho alguno a indemnización por finalización del programa”. Dicho de otra manera: no hay cotización a la Seguridad Social ni IRPF, pero es un ingreso que habrá que declarar en la renta.

La APDCM no entiende nada. “Hablamos de un colectivo [los bailarines profesionales] que se reconoce que no consigue cotizaciones suficientes para paro o prestaciones, y te encuentras artistas con 30 años trabajados con la mitad cotizados”, lamenta Casares. Pero se lanza un programa nuevo, desde el sector público, y se hace con las mismas condiciones que se está ofreciendo a estudiantes en otro programa. “Si esta propuesta surge del sector privado se les diría que no lo pueden hacer. Para nosotros este es el problema, no son estudiantes en prácticas, hablamos de titulados en plena capacidad de trabajar. Si esto se judicializa magistratura de trabajo seguro que lo tumbaría”, está convencido el portavoz de APDCM. Otra cosa, admite, es que alguien lo vaya hacer. En los sectores precarizados es habitual que la prioridad para los profesionales sea trabajar; las reivindicaciones vienen después, y más en mundos tan relativamente cerrados. “La gente tiene mucho miedo a iniciar acciones judiciales y luego caer en listas negras”, cuenta Casares.

Aún así, este portavoz cree “que es un fraude de ley que se da porque se trata de una figura que como está institucionalizada y se dan ayudas a las comunidades autónomas... Pero está pensada para alumnos extranjeros sin permiso de trabajo, se considera una ayuda para manutención y alojamiento”, continúa con el paralelismo de los auxiliares de conversación. Por eso la asociación cree que el programa tendría sentido si fuera en forma de prácticas para estudiantes de danza, o al menos mixto: que hubiera profesionales contratados y a la vez estudiantes en prácticas.

Tampoco entiende Casares que la convocatoria se dirija a titulados profesionales (una formación técnica, equivalente al Bachillerato), pero excluya a los titulados de Conservatorios Profesionales (los estudios superiores, con nivel universitario), como asegura que ha pasado. Detrás de esta cuestión está la guerra soterrada que hay entre conservatorios profesionales, superiores y la Universidad por la consideración que deben tener unos estudios y otros, cuenta Casares. Una disputa que se vio reflejada en la negociación de la ley de enseñanzas artísticas que el Gobierno trató de sacar adelante en los últimos estertores de la pasada legislatura, pero que el adelanto electoral truncó.

Casares y Beirak coinciden en su deseo de que el programa tenga continuidad, pero bajo otras condiciones. “Querían sacar rápido una iniciativa que resultase atractiva, pero no lo han hecho bien. Es importante que no se consolide este modelo como el modelo de futuro”, señala la diputada regional. Y ponen sobre la mesa alternativas como establecer planes anuales de formación, bolsas de empleo con las escuelas, etc.