Cuando los mayores dicen basta: asamblea en la residencia contra las habitaciones a 40 grados

Han pasado ya dos años y medio del colapso de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid por el COVID, y en el edificio de Moscatelares, en San Sebastián de los Reyes, el recuerdo de la catástrofe se va apagando entre los inquilinos. El paso del tiempo es inexorable y las imágenes se van difuminando, especialmente para aquellas personas con deterioro cognitivo. Todavía hay, sin embargo, quien recuerda aquellos días en que el sótano “estaba lleno de muertos”, como señala Juan, de 79 años, que explica que él conserva el carácter optimista. Cuenta que sigue escribiendo poemas a pluma, y conserva en sus ojos claros el brillo de la foto que enseña de cuando era joven, en sus tiempos de paracaidista. Han pasado décadas, pero Juan todavía conserva algo de aquella energía.

El hombre piensa en positivo, pero está molesto porque en la residencia, pública pero de gestión privada, las condiciones de vida no acaban de mejorar. Aunque el coronavirus se cebó con el centro –41 personas fallecieron entre marzo y abril de 2020, de 140 plazas, más otras 40 en el de centro de día– las quejas venían sucediéndose desde antes del COVID. Protestas por malos tratos, trabajadores agobiados por la presión, falta de limpieza. El asunto llegó ya en 2016 a la Asamblea de Madrid, pero el gobierno regional, que entonces ocupaba Cristina Cifuentes, decía que cuando ellos iban a inspeccionar, no detectaban deficiencias.

Los males de la residencia se le achacaban a la concesionaria, la empresa Albertia, que gestionó el centro de marzo de 2015 al pasado mayo, tras sucesivas prórrogas. La compañía se había hecho con el contrato por presentar la oferta más baja, de 8,2 millones de euros que resultaban en 2,73 millones de euros por año, IVA incluido. En el nuevo contrato, que se licitó en 2021, el Gobierno regional aumentó el presupuesto, pero de nuevo volvió a primar el importe. Se llevó el contrato Macrosad, a 3,5 millones de euros por anualidad. Era la segunda oferta más barata. La más baja fue descartada por falta de solvencia técnica y no venir avalada por un seguro.

Esos casi 800.000 euros anuales de diferencia no se están notando mucho en la calidad de vida de los residentes, no obstante. Aunque la ola de calor no es culpa de la empresa, se han registrado en las habitaciones este verano temperaturas de hasta 40 grados, certificada por trabajadores del SAMUR que fueron a recoger a una nonagenaria enferma para llevarla al hospital. Hubo varios días en que no hubo médico en el centro, aunque el contrato obliga, y el fisioterapeuta está de vacaciones, lo que se suma a la mala calidad de la comida, los problemas de la lavandería o los repetidos hurtos. Hasta el punto de que los residentes están empezando a organizarse para protestar, participando en asambleas para poner en común sus cuitas y exigir mejoras.

Beicon chamuscado, hurtos y ropa sucia

Así fue el pasado martes, a partir de las 10.30, cuando, pesadamente, una veintena de personas empezaron a ocupar la cafetería, en la planta baja. Había quien se valía del bastón, quien entraba en silla de ruedas con motor, quien empujaba la silla de otra compañera, quien venía acompañado de un familiar. Una timidez inicial espesaba el ambiente. Susana Cremades, una de las familiares de residentes que impulsa la plataforma de protesta, se dirigió a ellos uno a uno, hizo un resumen de la situación, de los acuerdos adoptados en la última reunión, con los que se presionó a la empresa hasta lograr que trajera por fin a los médicos sustitutos.

Se animó a hablar Mariano Turégano, que se queja de que el beicon de la comida venga achicharrado, de que si bajan 25 personas a comer, solo hay huevos para la mitad. Molesta especialmente en un colectivo de dentaduras machacadas que de postre se sirviese sistemáticamente pera o manzana, de las duras de invernadero, aunque este problema parece que se ha atajado. “Todo es escaso y mal cocinado, mi cuñada ha perdido 12 kilos”, critica Conchi Cita, familiar de Juana, que asiente, fastidiada.

Vivir en la residencia implica llevar a todas partes el monedero. La sesión de podología cuesta 10 euros, aunque “da igual que te corten las uñas que los callos”, critica Antonia, que llega un poco tarde y es de las menos ambiguas en la protesta. La peluquería era gratis en otros tiempos, hoy cuesta siete euros, “como en la calle”, dice Juan. Hasta cinco mayores murmuran reprobatoriamente cuando se saca el tema de los hurtos de dinero, que siguen sin aclararse. “Les dicen que si los habrán perdido”, cuenta Magdalena García, otra familiar. Al hijo de Antonia le llegó a casa una factura por medicamentos que no había tomado; no era mucho dinero, pero le molesta, no le han aclarado cómo se produjo el error.

Cocido en el menú cuando hay inspección

La venerable asamblea se desarrolla con la ocasional entrada de trabajadores a la cafetería para sacar un café o una bebida de la máquina de vending. La mayoría agachan la cabeza. Una asiente cuando oye quejarse a los residentes sobre la lavandería. Susana la emplaza a hablar: “¿Te atreves?”. La mujer, joven, responde: “No, pero os podéis imaginar [lo que pienso]”. Entra otra empleada con un carro con cartones de zumo y vasos para los presentes. Los familiares se extrañan, dicen que el refresco de marca no se suele servir. “Como cuando vinieron de la CAM, que dieron cocido”, recuerda uno.

La reunión va terminando, los mayores se van yendo; han venido las familias a sacarlos de paseo. Se toman decisiones, se decide dar un plazo a la empresa para que reaccione ante las quejas. Si no, hablan de denunciar ante la Fiscalía. “Ustedes han trabajado toda la vida, esto ya lo han pagado”, trata de hacer ver Susana. Magdalena coincide: “Lo que tienen es que tratarles con dignidad”. Al término, una trabajadora de secretaría excusa al director, que no puede atender a la prensa: “Está muy ocupado”.

“Seguimos teniendo muchos problemas de falta de personal”, señala Ana Sotosdados, del comité de empresa. “El nuevo pliego aumentó mucho el personal de atención directa, pero siempre tienen la excusa de que en verano es difícil encontrar trabajadores”, dice. Según los pliegos de licitación, el sueldo del fisioterapeuta sería de 1.250 euros. Con todo, la plantilla confía en que la situación mejore a partir de septiembre. “Teníamos ilusión [con la nueva concesionaria], pero los cambios están siendo muy lentos”.