Los ataques a las placas conmemorativas en Madrid: “Es una respuesta de la ultraderecha a las políticas de memoria”
Verter pintura, pintar esvásticas, escribir “asesino” o acabar en el contenedor de basura. Son algunos de los ataques que grupos ultra han perpetrado en los últimos meses contra placas, monumentos e incluso tumbas de militantes antifranquistas en Madrid. La inscripción en memoria de la líder estudiantil Yolanda González, asesinada por la extrema derecha en 1980, es uno de los ejemplos más claros. Ha tenido que ser repuesta cuatro veces en dos meses.
¿Por qué se suceden estos ataques? “Hay algo de superioridad, pero también de miedo. Esta derecha tenía en Madrid un territorio simbólicamente conquistado y ahora tiene que ceder espacio a otros relatos del pasado”, responde Emilio Silva, presidente de la Asociación de Memoria Histórica (ARMH), que hace hincapié en la “intolerancia al diferente”: “Espero que estos ataques sirvan para poner más monumentos”.
Los penúltimos casos han sido la inscripción en la fachada del edificio en el que vivía el poeta Marcos Ana −el preso que más tiempo pasó en cárceles franquistas− y el monolito que conmemora a 16 vecinos de Hortaleza [hoy barrio del norte de la ciudad, pero entonces un municipio independiente] asesinados en los primeros años de la dictadura; entre ellos, dos alcaldes de la localidad. El monumento de homenaje a Ana, militante comunista, fue atacado apenas una semana después de su inauguración −a finales de marzo−, tapando toda la inscripción con pintura y escribiendo “Aquí vivió un asesino” y las siglas JFE [relacionadas con Juventudes de Falange Española] en las inmediaciones.
Días antes de que se fijara esa placa, el 10 de marzo, el monumento memorialista de Hortaleza amanecía con dos esvásticas pintadas con spray. Antes de que se cumpliera un mes del ataque, el monolito volvió a ser atacado: esta vez dibujaron una Cruz de Hierro, símbolo referencial de grupos fascistas, y un 88, el número con el que el movimiento neonazi hace referencia al saludo 'Heil Hitler', ya que la letra 'h' es la octava del abecedario.
No ha sido el único emblema por la memoria de los represaliados que se ha mancillado varias veces en poco tiempo. El 18 de noviembre del pasado año, el barrio de Aluche inauguraba la placa homenaje a Yolanda González, líder estudiantil y militante del Partido Socialista de los Trabajadores, colocada por el Ayuntamiento en los jardines que llevan su nombre desde 2015. A unos pocos metros está el edificio en el que residía en 1980, cuando fue secuestrada y posteriormente asesinada a tiros por militantes del partido de extrema derecha Fuerza Nueva, que acudieron a su piso aparentando ser agentes de policía. Desde su instalación, la inscripción que recuerda a González ha sufrido al menos cuatro ataques.
El vandalismo también ha llegado a calles que fueron renombradas por el Gobierno municipal. Es lo que ocurrió con la vía que durante décadas fue denominada Batalla de Belchite, en referencia al episodio de la Guerra Civil en el pueblo zaragozano del mismo nombre que, al inicio de la contienda, fue tomado por los sublevados, después recuperado por el bando republicano y, finalmente, destruido por los bombardeos de las aviaciones enviadas por Adolf Hitler y Benito Mussolini.
El Ayuntamiento decidió eliminar esta referencia del callejero para añadir el nombre de Juana Doña, feminista y militante de la Agrupación de Mujeres Antifascistas y del Partido Comunista en la clandestinidad, que pasó dos décadas en cárceles franquistas y posteriormente se exilió en Francia. Aunque en esta ocasión no hubo simbología fascista mediante, la placa de la calle fue tachada con pintura y, más abajo, se escribió de nuevo 'Batalla de Belchite', imitando la inscripción del anterior nombre.
Por su parte, los recuerdos a las Brigadas Internacionales, denominación de las unidades militares de antifascistas de toda Europa que combatieron en favor de la II República, han sido otro de los objetos de ensañamiento de grupos de ultraderecha durante años. Hace unos meses se instaló en Vicálvaro un monolito de reconocimiento a estos combatientes, ya que fue la primera localidad de acogida de brigadistas en la región. Apenas unos meses después, el monumento fue también atacado con pintadas de esvásticas y “rojos asesinos” en una acción muy similar a la que ha sufrido el homenaje a las Brigadas Internacionales de la Ciudad Universitaria.
“Solo se pueden definir como una incitación al odio”
“En Madrid apenas hay sitios donde rememorar a las personas que lucharon contra la dictadura”, lamenta Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de Memoria Histórica que, a modo de ejemplo, cuenta que desde hace años recibe visitas de personalidades internacionales que llegan para estudiar la represión franquista, a quienes puede llevar a pocos lugares aparte del cementerio de La Almudena, donde está el homenaje a las Trece Rosas o las tumbas de Dolores Ibárruri −la Pasionaria− y el fundador del PSOE, Pablo Iglesias.
Estos dos últimos fueron profanados el pasado mes de febrero. Este episodio llegó hasta el Pleno municipal, donde Ahora Madrid y PSOE llevaron una propuesta de condena de los actos para hacer una declaración institucional al respecto. No fue posible: el PP se abstuvo tras el rechazo de su enmienda. En ella, se pedía que la condena incluyera también los actos vandálicos contra los féretros de Lola Flores o el torero José Cubero. Aunque Ciudadanos votó a favor, mantuvo una postura similar durante el debate, reiterando que “todos los muertos merecen el mismo respeto”.
“No se puede comparar el gamberrismo con actos que implican una motivación ideológica y de odio”, comentan fuentes del Gobierno municipal contactadas por este periódico, que ven “con preocupación” los distintos ataques contra símbolos relacionados con la Memoria Histórica. “Es una respuesta de la extrema derecha a las políticas de memoria de este Ayuntamiento”, expresan desde el Consistorio, donde admiten que, por ahora, no se ha tomado ninguna medida al respecto, ya que “no se le puede dedicar mayor protección que a otros edificios públicos”.
“Lo más grave a mi juicio es que, como síntoma, las profanaciones reflejan una atmósfera inducida de tensión, susceptible de desembocar en odio entre los españoles”, escribía unos días después del ataque Dolores Ruiz Ibárruri, nieta de Pasionaria, en un artículo publicado en El País. En el texto subrayaba “la recusación del espíritu de revancha supone asimismo el reconocimiento de todos los actos de barbarie”, donde “los artífices de la guerra han de figurar en primer plano”. También recordaba las palabras sobre “reconciliación nacional” de su abuela, que “no era entonces para ella, ni debía ser ahora, un ejercicio de amnesia colectiva, sino un proyecto de futuro cuyo eje sería y es la cohesión de las fuerzas democráticas”.
Para Eduardo Ranz, abogado especializado en cuestiones de Memoria Histórica, los ataques “pueden ser considerado como un atentado por el Código Penal” ya que, destaca, “la única manera de definirlos es como incitación al odio”. “Ya ocurrió con sus vidas y ahora van a por el descanso eterno de quienes sufrieron la persecución de la dictadura”, enfatiza este letrado, que ha denunciado a centenares de ayuntamientos por no retirar simbología franquista y ha trabajado como asesor del Ministerio de Justicia de Dolores Delgado para los trámites legales de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.
Ranz reivindica que se “atenta contra una serie de personas que defendieron la legalidad y la democracia”, aunque lamenta la escasa repercusión de los ataques: “La desprotección se vuelve a hacer patente sobre quienes defendieron la libertad”. De este modo, el abogado achaca que “atacar los restos de quien ya no está es más propio de cobardes que de defensores del ordenamiento jurídico” y, agrega, “la respuesta no sería la misma si se tratara de otro tipo de atentados contra personas de un pasado más reciente”.
“Hay un hábito de invisibilidad de esa parte de la Historia en los espacios públicos”, explica el presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, algo que relaciona directamente con los distintos ataques que sufren los homenajes a los represaliados. Para Silva, estos hechos suponen “una declaración de que esa invisibilidad se debe mantener” y señala que este 'olvido' institucional “forma parte del negacionismo, del mismo negacionismo de quienes atacan este tipo de monumentos”.
Para el colectivo memorialista, también hay un agravio comparativo: “Si fuera un monumento dedicado a las víctimas del terrorismo, el vandalismo tendría otras consecuencias. Hay una doble moral en las instituciones del Estado a la hora de enfrentarse a estas situaciones”. Pone como ejemplo la pintada nazi en el homenaje a los represaliados en Hortaleza, sobre el que explican que “hubiera tenido otra significación política, mediática y judicial” de tratarse de un ataque a otros colectivos. “Yo puedo decir que pintar 88 encima de un monumento es un incumplimiento del Código Penal”, comenta Silva, a lo que agrega que “lo tienen que hacer las autoridades”. “La Fiscalía actuaría de oficio si fueran víctimas de terrorismo, no tengo duda”, zanja.
El 'olvido' que persiste en la capital
En la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica señalan al edificio que albergaba la Dirección General de Seguridad durante la dictadura, la Casa de Correos de la Puerta del Sol (hoy, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid). Allí fueron detenidos y torturados numerosos opositores al franquismo, como fue el caso del militante del Partido Comunista Julián Grimau, que tras su detención en 1962 fue lanzado desde una ventana del segundo piso del edificio. El ministro de Información de la dictadura y fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, que se refirió a él como “caballerete”, aseguró que se trataba de un intento de suicidio. Seis meses después, fue fusilado. “La Casa de Correos todavía no está señalada, se ha impedido que ponga una placa que explique que aquello era un centro de detención donde se reprimía a antifranquistas”, lamenta Silva.
Pero hay casos que considera más sangrantes. En la zona de Moncloa −en el acceso noroeste de la capital, junto a la Ciudad Universitaria, una de las zonas más dañas durante la guerra− se encuentra el llamado Arco de la Victoria, al que define como “uno de los peores monumentos franquistas”. “Está a cientos de metros de la residencia oficial de los presidentes del Gobierno y en 40 años a ninguno le ha molestado lo suficiente como para cambiarlo. Ninguno se ha preguntado cómo es posible que se mantenga un monumento de la primera victoria del fascismo en Europa”, critica el presidente de la ARMH sobre la falta de apoyo institucional a las víctimas de la dictadura.
Además, recuerda que, a unos metros del monumento, también hay una placa (y una calle) dedicados al que fuera ministro de Educación del régimen entre 1939 y 1951, José Ibañez Martín. “Fue el depurador de la Universidad Complutense, el que eliminó para toda la vida de la carrera académica a gente muy inteligente y capaz únicamente por su significación política”, asevera Silva, que lamenta que desde esta institución “miren para otro lado”. Tanto la placa como la calle están dentro del antiguo rectorado, hoy Pabellón de Gobierno de la Complutense, de acceso restringido.
Además, la ciudad de Madrid mantuvo una estatua del dictador en la zona de Nuevos Ministerios hasta 30 años después de su muerte. En 2005 se retiró, pero recibió críticas tanto de partidarios como de detractores por cómo se gestó: de madrugada y sin apenas publicidad, pese a tratarse de una de las principales bazas del entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Pese a ello, dio tiempo a que varios grupos fascistas se concentraran alrededor de la estatua y cantaran el 'Cara al Sol' como despedida. “Han venido a arrancar el trozo más glorioso de la historia de España”, comentaba entonces un hombre trajeado en declaraciones al programa Caiga Quien Caiga, mientras otro defensor de la dictadura discutía con una mujer: “Franco fue un padre para ti y para mucha gente (..) No mató absolutamente a nadie”.
