La Fiscalía investiga un segundo centro de FP construido por el Gobierno de Ayuso sin concurso y con facturas troceadas

El escándalo de los contratos menores simulados que acecha al Gobierno de Ayuso avanza en el terreno judicial. La Consejería de Educación –dirigida por Emilio Viciana– ha dado traslado a la Fiscalía de Madrid del segundo caso de una obra millonaria que, en lugar de sacarse a concurso, se fraccionó y se pagó irregularmente con numerosas facturas menores de 40.000 euros (el límite que pone la ley para no licitar una obra). Se trata de la Escuela de Arte de Alcalá, un caso que desveló elDiario.es el 27 de junio, después de que se conociera el primer caso, un centro sanitario en el macrocomplejo educativo Ciudad Escolar, que fue el primero del que se dio traslado al Ministerio Fiscal.

Aunque hay otras cinco obras ilegales más acreditadas por elDiario.es, las de Ciudad Escolar y Alcalá son las que estudia de momento la Fiscalía, que no ha dado más detalles sobre el caso. Tampoco Educación especifica si se ha imputado a alguien o se han hecho diligencias específicas en el caso de Alcalá, aunque sí admite que se ha enviado el caso.

Estas dos obras afectan a un periodo político diferente al de Viciana, que es quien decidió dar traslado a la justicia. Cuando se construyeron –en los años 2021 y 2022– el consejero de Educación era Enrique Ossorio (hoy presidente de la Asamblea de Madrid) y su número dos era Rocío Albert López Ibor (hoy consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso).

Según ha podido confirmar elDiario.es de fuentes oficiales, Educación estaba investigando el caso de Alcalá internamente y, tras recabar información, ha decidido en los últimos días enviarlo a Fiscalía. El hallazgo de indicios de delito se repite, como en el caso de Ciudad Escolar, y apuntan a una posible prevaricación.

La Escuela de Arte de FP de Alcalá –que enseña cómic, ilustración, fotografía o gráfica– se construyó entre febrero y agosto de 2022 en una planta del Instituto de Secundaria (IES) Antonio Machado. Las obras ocuparon 1.600 metros y costaron 1,2 millones de euros, ya que se demolió y se levantó desde cero. El importe obligaba a sacar la construcción a concurso público y que eligiera la mejor oferta una mesa de contratación técnica. Nada de eso sucedió.

La Consejería de Educación eligió a la empresa a dedo y, para poder pagarle, ficcionó que se trataba de un cúmulo de obras menores de 40.000 euros sin relación entre sí. De hecho, para no levantar sospechas, se pagó desde tres centros distintos: el IES Antonio Machado, la propia Escuela de Arte y el Conservatorio Profesional de Música de Alcalá.

Este procedimiento, además de contravenir la Ley de Contratos del Sector Público, es un foco de opacidad y posibilidad de corrupción, según expertos en derecho administrativo consultados, ya que no se conocen públicamente las condiciones, no hay comparativas de presupuestos y no hay controles económicos apropiados para el desembolso millonario que se hizo. De hecho, la tipología delictiva en la que podría encajar, si se confirma el delito, es la de corrupción, concretamente el delito de prevaricación, en caso que se demuestre que se hizo a sabiendas.

Aunque Educación apuntó en su primer escrito a la Fiscalía (en el caso de Ciudad Escolar) a un subdirector de FP, Alfonso Mateos, a quien cesó en marzo de este año por este motivo, en el caso de Alcalá estaba al tanto de la obra la propia Consejería, cuyo departamento de Infraestructuras estuvo haciendo gestiones y pidiendo el proyecto al constructor sabiendo que no había sido sacada a concurso, así como el jefe de la Dirección de Área Territorial (DAT) Este, en aquel momento Jorge de la Peña –hoy alto cargo de Ayuso para la Educación Concertada y número dos del PP de Alcalá–. De la Peña incluso intervino en la obra y la visitó varias veces. Cuando se acabó la obra, el viceconsejero de Infraestructuras era Manuel Bautista, hoy alcalde de Móstoles.

¿Quién dio la orden?

Pese a que orgánicamente se conocía que se estaba haciendo una obra de envergadura en Alcalá sin que hubiera un expediente público, nadie en la Consejería confirmó ni denunció la práctica. La Consejería de Educación no ha contestado sobre quién dio la orden, quién conocía que se estaban construyendo así edificios públicos, quién lo dejó pasar o si tiene constancia de cuántos casos más hay (elDiario.es ha podido acreditar un mínimo de siete).

De momento está siendo investigado el exsubdirector Alfonso Mateos y se ha abierto expediente a los dos directores de Ciudad Escolar de cuyos institutos salió el dinero para pagar la obra (en ese caso, presupuestada en 2,5 millones y también sin sacar a concurso).

Aunque elDiario.es ha acreditado en comunicaciones por escrito que Mateos era el interlocutor para los pagos entre los directores y las empresas constructoras, por su rango no era competente ni para disponer del dinero, ni para repartirlo ni para organizar pagos, según todas las fuentes consultadas y conocedoras del caso. Mateos, como tampoco de la Peña, Ossorio o Rocío Albert, no han contestado a la petición de información de este medio. Los directores de los institutos, que son profesores de FP con un cargo, tampoco tenían la capacidad de organizar el sistema o decidir sobre obras sin el visto bueno de la Consejería.

El origen del caso

El caso de las obras fraccionadas saltó después de que el empresario que construyó el centro de prácticas sanitarias de Ciudad Escolar dejara de cobrar (se le pagaron 700.000 euros de un total de 2,5 millones). Lo denunció a la Consejería, a Presidencia del Gobierno de la Comunidad y amenazó con hacer público el caso. Entonces, la Consejería de Educación inició una investigación interna a principio de este año. El instructor, un inspector de la DAT Sur, elevó un informe a recursos humanos y se dio traslado a la Fiscalía ante los indicios de delito. Mateos fue cesado y los dos directores, expedientados.

Después de que elDiario.es publicara que no era un caso aislado y revelara que la Escuela de Arte de Alcalá se había construido igual que Ciudad Escolar, sin concurso y con facturas troceadas, Educación inició una segunda investigación interna que ha acabado por enviar a la Fiscalía, que tiene ya sobre la mesa los dos casos. Los otros cinco casos desvelados afectan a zonas DAT diferentes (Capital, Este, Sur, Oeste), empresas constructoras diferentes y hay una gran reforma que ni siquiera tiene que ver con la FP (el negociado de Mateos).

Más Madrid solicitó hace unas semanas un pleno extraordinario para que compareciera en la Asamblea el actual consejero de Educación, una propuesta que obtuvo todos los votos a favor de la oposición incluida Vox, pero que fue frenada con los votos en solitario del Partido Popular.

El Grupo Parlamentario Socialista se ha personado y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid por todos los casos publicados por elDiario.es, denuncia que previsiblemente acabará unificada con la que ya está indagando la Fiscalía Provincial de Madrid y que se refiere a Ciudad Escolar y la Escuela de Arte de Alcalá.

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