La resaca del 4M: Ayuso renuncia a los Presupuestos, cierra centros de salud e intenta controlar Telemadrid

Sin sacar adelante un solo presupuesto en dos años, con el único bagaje de una ley aprobada (otra reforma más de la normativa de suelo), Isabel Díaz Ayuso logró un resultado sobresaliente en las elecciones del 4 de mayo: pasó de 30 a 65 escaños y se quedó a cuatro de la mayoría absoluta. En su campaña ya dejó claro que nadie debe esperar mucho ajetreo legislativo en su segundo mandato, dos años más hasta 2023. En sus mítines se limitó a vender una supuesta idiosincrasia madrileña basada en “la libertad” entendida esta como menos restricciones en la hostelería, dentro y fuera de los locales, y a presentarse como el dique contra Pedro Sánchez y su Gobierno de socialistas y comunistas.

La resaca de su histórica victoria consiste en una larga gira por los medios de comunicación afines donde se prodiga en titulares casi siempre ajenos a su gestión. En la presentación de la Copa Davis, esta semana, la presidenta en funciones ha dicho que Madrid vivirá “una revolución” asimilable a la “movida de los 80”. Signifique lo que signifique eso, Díaz Ayuso volvió a acaparar la atención de los medios. A menudo esas frases efectistas captan más atención que sus planes concretos de Gobierno.

Su investidura no llegará hasta junio y no hay duda de que saldrá adelante: Vox, a quien había presentado como socio preferente, ya ha anunciado que votará a favor. El PP se estrena como primera fuerza de la Asamblea de Madrid y antes incluso de tomar posesión la presidenta ya ha anunciado que renuncia a aprobar unos presupuestos para este año. Corre más prisa cambiar la ley de Telemadrid, que durante el mandato de Cristina Cifuentes blindó a la dirección de los medios públicos (por exigencia entonces de Ciudadanos) para que no dependiese del Gobierno de turno. Entre sus planes sanitarios figura además cerrar decenas de centros de salud.

Sin Presupuestos hasta 2022

A pesar de su exitoso resultado electoral, tan favorable para el PP, Ayuso no tiene prisa por dotar a la región de unas cuentas públicas para este año, en que llegarán a España los fondos de recuperación de la UE. Madrid es la única Comunidad autonómica que aún no ha aprobado en dos años sus Presupuestos Generales y la idea de Ayuso es prorrogar por tercer año consecutivo los de 2019, cuando estaba al frente de la Comunidad Ángel Garrido, que sustituyó a Cifuentes, saltó después a las filas de Ciudadanos y hoy es otro jubilado de la política.

La explicación oficial es que a estas alturas “no hay tiempo” para aprobar unas nuevas cuentas para solo unos pocos meses (en realidad, la mitad del año). Pero en el PP achacan el fondo de esa decisión de calado a esa dependencia de la extrema derecha. El partido de Santiago Abascal se apresuró a asegurar que investiría a Ayuso sin pedir nada a cambio. El temor es que Vox se quiera cobrar su precio en la negociación de las cuentas, vistas además las represalias que ha adoptado en Andalucía por la decisión del Gobierno de Moreno Bonilla de acoger a 13 menores inmigrantes no acompañantes, la cuota que le ha asignado el Ministerio.  

Las cosas han cambiado desde aquella noche electoral en la que Abascal anunció su apoyo “gratis” a la presidenta madrileña. El líder de Vox pide ahora la presidencia de la Asamblea de Madrid. Ayuso se niega a volver a ceder este puesto que ya tuvo Ciuddanos durante los últimos dos años, y que le deparó a la dirigente popular algunos disgustos, incluida una comisión de investigación sobre las residencias y otra sobre las ayudas de Avalmadrid a su propia familia. A lo que sí está dispuesta la presidenta regional es a ceder puestos en la mesa a la formación de extrema derecha, algo que ambas formaciones ya negocian, según reconocen diferentes fuentes. 

Control de Telemadrid

En esa negociación con Vox uno de los asuntos claves está en el control de Telemadrid. El PP reconoció esta semana su intención de pactar con la extrema derecha una reforma de la ley para así poder destituir al actual equipo directivo de la cadena pública y recuperar la gestión del canal y poder influir en su línea editorial. Los términos de la modificación legal aún están por definir, pero es una de las cartas que Ayuso se ha guardado para la negociación de su investidura con Vox, a los que necesita para lograr los 69 escaños de la mayoría absoluta.

A la vez que se conocían las intenciones de la presidenta, el consejo de Gobierno aprobaba este miércoles el nuevo contrato programa de la cadena pública, lo que permitirá financiar el funcionamiento de la compañía entre 2021 y 2023. El acuerdo entre las dos partes, enfrentadas desde hace meses, no supone que se entierre el hacha de guerra, que se convirtió en uno de los encontronazos del gobierno de coalición formado por PP y Cs la pasada legislatura.

La presidenta madrileña mantiene un duro enfrentamiento con este ente público desde antes de su investidura de agosto de 2019. Pocos meses después de llegar a la Puerta del Sol –sede del Gobierno regional– llegó a declarar que era “la única presidenta” que tenía “una televisión que le es crítica”. También dijo que ya no era “un servicio público”. 

Con la nueva reforma legal que pretende Ayuso, Telemadrid y Onda Madrid perderían la independencia de la que hoy disfrutan y que le ha hecho remontar en audiencia, y que nació por una reforma legal que impuso Ciudadanos al PP en 2017, con Cristina Cifuentes de presidenta. Tras los años de Esperanza Aguirre e Ignacio González al frente de la Comunidad, la radiotelevisión autonómica había perdido su prestigio y también la gran mayoría de espectadores. Con el cambio legal, se adoptó el mismo modelo que en RTVE: obligar al consenso de una amplia mayoría de las fuerzas políticas para elegir a su consejo de administración. 

Esa reforma legal fue apoyada por el PSOE, además de por el PP y Ciudadanos. Y de ese consenso salió una nueva dirección, encabezada por José Pablo López, un ejecutivo de medios que venía de trabajar en 13tv. El nombramiento fue ratificado por la mayoría de la cámara (PP, PSOE y Cs votaron a favor y Podemos se abstuvo) y su entrada a la dirección del ente público supuso aire fresco y renovación para la cadena.

El cambio en Telemadrid se ha notado en las audiencias tras años de hundimiento de la audiencia. Desde la llegada del nuevo equipo de dirección, la cadena ha mejorado notablemente sus cifras y también su reputación. Todo esto generó gran incomodidad en el Partido Popular. La televisión de todos los madrileños que sirvió tantos años de propaganda a los gobiernos de Aguirre dejó entonces de ser “un servicio público esencial” para la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso enfrentaba al ente público con servicios como la sanidad y el Metro, para defender que sus prioridades están ahí y no en el medio de comunicación autonómico.

La formación de extrema derecha que lidera Rocío Monasterio tendrá la última palabra. Vox se decantó en el pasado por privatizar la cadena, y venderla al mejor postor.. “Lo mejor para Telemadrid es subastarla, manteniendo el empleo y los puestos de trabajo, y esos 80 millones de euros dedicarlos a Educación o adaptar las universidades al mercado de trabajo. Esto es lo que me interesa y no tanto Telemadrid, pero esto solo se atreve a decirlo Vox”, aseguró Monasterio en enero de 2020.

Cierre de centros de salud

Otra de las decisiones controvertidas de la Comunidad de Madrid llegaba este martes de la Consejería de Sanidad. El Gobierno regional planea el cierre de decenas de centros de salud por la “falta de personal”, mientras deja escapar en masa a los residentes que acaban de terminar la especialidad de Medicina familiar. Las urgencias de los ambulatorios siguen cerradas

Solo 17 sanitarios de 224 que han terminado esta semana su especialidad en la Comunidad se quedarán a trabajar en la sanidad madrileña. Las urgencias de los ambulatorios siguen cerradas. “Nos ofrecen mejores condiciones en otras comunidades”, argumentan quienes se van a en conversación con elDiario.es.

Un documento de la dirección asistencial de Centro, adelantado por el País y confirmado por elDiario.es, establece un “plan de contingencia” por fases que como último escenario establece la clausura de 41 ambulatorios de los 49 que están en ese área sanitaria. Antes de llegar a ese punto, el plan contempla el cierre de urgencias y horas del día para la atención.

Desde la Consejería de Sanidad restan importancia al documento y aseguran que “se trata de un plan de contingencia del que dispone cualquier organización sanitaria para llegado el caso afrontar una situación crítica y garantizar la asistencia”. La falta de personal está entre las razones para llegar a ese plan. Mientras, la Comunidad de Madrid deja escapar a decenas de médicos de familia que han terminado esta semana la especialidad. El Gobierno de Ayuso solo logra retener al 7,5%.