Robo tras explosión en los escombros de General Pardiñas 35

Bomberos en el edifico de la calle General Pardiñas donde se produjo la explosión

Alberto Pozas


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El viernes de la semana pasada una explosión sacudió el barrio madrileño de Salamanca. La fachada del edificio, ubicado en el número 35 de la calle General Pardiñas, explotó por un escape de gas y varias plantas se vieron seriamente comprometidas. Dos fontaneros de 21 y 27 años perdieron la vida mientras trabajaban en el tercer piso del inmueble y los servicios de Emergencias atendían a una veintena de heridos. Mientras reinaba la confusión, tres hombres que trabajaban en el desescombro del edificio se llevaron joyas y colonias de lujo.

Dos muertos y 17 heridos tras una explosión en un bloque del centro de Madrid

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Las alarmas saltaron cuando los inquilinos del edificio que acababa de volar por los aires se dieron cuenta de que les faltaban cosas. Sus efectos estaban en una mochila que varios trabajadores de las labores de desescombro guardaban en su caseta. Los tres fueron arrestados y llevados a la comisaría de policía del distrito, acusados de un delito de hurto que puede traducirse hasta en año y medio de cárcel, si el valor de lo robado supera los 400 euros.

La investigación de este robo se solapará con la que ya lleva el Juzgado 54 de la Plaza de Castilla, que estaba ese día en función de guardia con diligencias, para intentar dilucidar las circunstancias en las que se produjo la explosión. Los servicios de Emergencias tardaron pocas horas en afirmar que la explicación con más papeletas era un escape de gas. En las primeras horas después de la explosión, ya sostuvieron en una de sus comunicaciones que “al tratarse de un accidente laboral, la investigación la lleva a cabo la Unidad de Policía Judicial de Policía Municipal de Madrid”.

El futuro del edificio de General Pardiñas es la demolición parcial. Tal y como informó el delegado de Desarrollo Urbano del Consistorio madrileño, Mariano Fuentes, el edificio está “muy dañado” desde el punto de vista estructural y el inmueble será demolido, como sucedió con la explosión de la calle Toledo de enero de 2021, “desde arriba”. La ruina parcial será en la zona del torreón, los áticos del edificio, la escalera y una pasarela. Fuentes advirtió también que según avanzaran los trabajos se tomarían decisiones sobre el resto de la estructura.

En esa misma comparecencia pública pocos días después de la deflagración, el concejal de Ciudadanos explicaba también que el Ayuntamiento había comunicado a los vecinos del edificio siniestrado que sacarían de allí sus pertenencias, porque el riesgo de derrumbe era real y no podían acceder al edificio aunque sus viviendas no se hubieran visto directamente afectadas por la explosión. Mientras tanto, según la Policía, tres operarios que participaban en las tareas de desescombro se hacían con estos enseres de lujo pero supuestamente para quedárselos y no para devolvérselos a los afectados.

La detención se produjo el lunes 9 de mayo sobre las cinco de la tarde, tres días después del suceso y pocas horas después de que Fuentes pronunciara esas palabras. La investigación policial no tuvo grandes dificultades: la Policía mostró las colonias y joyas robadas a los vecinos afectados que habían encontrado en la mochila de los operarios y confirmaron que eran de su propiedad. La detención fue inmediata.

Puerta de Toledo

Se trata de la segunda gran explosión que registra la capital en apenas un año y medio. El 20 de enero de 2021 un edifico entero de la calle Toledo saltaba por los aires y dejaba cuatro muertos y un total de 10 heridos. El número 98 de esta céntrica calle de Madrid albergaba, entre otras cosas, una residencia de sacerdotes.

Allí fallecieron el párroco Rubén Pérez, el electricista David Santos, que había acudido a examinar el olor de gas del edificio, el albañil Javier Gandía, que trabajaba en una obra de las inmediaciones, y un transeúnte, Stefko Ivanov, que caminaba por la zona en el momento de la explosión.

El desencadenante de esa explosión también fue un escape de gas. Según la jueza que investigó el caso hasta archivarlo por el carácter fortuito del suceso, todo fue un escape de gas derivado de la “desconexión del tubo de suministro de gas natural de la llave de acometida”. La magistrada concluyó que ningún tipo de irregularidad en la instalación influyó en el fatal resultado.

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