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Los vecinos del edificio quemado en Villalba denuncian que es un intento de desalojo: “Aprovechan la desgracia y nos echan para siempre”

Fachada del edificio quemado en Villalba.

Clara Angela Brascia

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Los vecinos del número 13 de la calle Real, en Collado Villalba, han pasado la noche en vela, especulando sobre lo que habría podido pasar si no se hubieran despertado a tiempo. Han sido acogidos en casas de amigos, familiares o vecinos, mientras tratan de reponerse del miedo sufrido este miércoles cuando cinco focos de fuego distintos desataron el caos en un edificio okupado por gente sin recursos. Las asociaciones vecinales aseguran que el incendio fue intencionado con el objetivo de desalojarlos. “Han intentado matarnos en el sueño, a sangre fría. Y ahora, en lugar de dar soluciones, han venido a poner alarmas y cerrar los pisos. Aprovechan la desgracia y nos echan para siempre”, denuncia Sonia García en la escalera del edificio, antes de subir a su piso para retirar sus cosas. 

24 horas después de despertarse entre gritos, humo y llamas, la pesadilla de los vecinos aún no había terminado. A las nueve de la mañana de este jueves, un técnico de alarmas entró en el inmueble acompañado por tres agentes de seguridad privada y una mujer que no ha querido identificarse. El objetivo de la visita, como confirmó el técnico a los presentes, era instalar dispositivos de alarma en las viviendas afectadas, pertenecientes a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A.), más conocida como 'banco malo', la entidad que creó el Gobierno de Mariano Rajoy para gestionar los activos inmobiliarios tóxicos salidos del rescate bancario.

“Los vecinos y otra gente de la asamblea estábamos recogiendo materiales para quien lo perdió todo en el incendio. Estábamos a pocos metros de la calle Real, cuando nos enteramos de lo que estaba pasando: básicamente, un desalojo ilegal”, denuncia Darío Unai, uno de los portavoces de la Asamblea de Vivienda de Villalba. Según los testigos, los agentes de seguridad han ido brindando versiones contradictorias para explicar las razones de su visita. En un primer momento, dijeron a los vecinos que estaban allí para poner alarmas en las viviendas afectadas por el incendio; a otros, que iban a cerrarlas. Luego, cambiaron por completo su versión y aseguraron que solo querían revisar el estado del edificio. 

Después de una jornada de tensiones, durante la cual se ha incrementado la presencia policial en la calle, los trabajadores de la empresa de seguridad han comunicado por la tarde que finalmente iban a colocar una puerta en la escalera del primer bloque y un sistema de alarma para impedir el acceso a los pisos. “Es solamente para garantizar la seguridad de los inquilinos, para estar seguros de que nadie entre a las viviendas llenas de humo”, ha explicado un trabajador de la empresa. 

Pasadas las 22.00 horas, los vecinos han podido comprobar que se trataba de una mentira más de los propietarios del edificio, ya que han acabado instalando alarmas de seguridad en todas las viviendas -en lugar que solo en el pasillo, como habían asegurado en un primer momento- y tapiado con ladrillos el acceso al bloque precintado.

Este jueves, decenas de personas que se habían concentrado en la plaza de la estación han empezado a marchar hasta el edificio al grito de “Unos señalan, otros incendian” y “Los pisos de la Sareb son de todos”. “Ya sabemos cómo funciona esto. Dicen que vamos a poder volver a las viviendas una vez que estén limpias, pero se tardará meses para hacer los trabajos necesarios”, teme García, que protesta: “En lugar de tranquilizarnos, han venido a poner alarmas. El grado de deshumanización de la Sareb y el Ayuntamiento es total. La forma de resolver esto no es crear más conflicto”. 

El inmueble en la calle Real se encontraba en estado de abandono desde hace poco más de una década. En los últimos dos años se instalaron en sus viviendas varias decenas de familias, entre ellas Sonia y su hija. Nacida y crecida en Madrid, tuvo que dejar España en 2013 tras perder su trabajo en plena crisis económica. “Cuando decidí volver, esta ha sido mi única opción a la hora de encontrar una vivienda”, explica. 

En un comunicado emitido en la tarde del jueves, la sociedad propietaria del inmueble ha lamentado el accidente y ha afirmado que permanece en contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villalba para poder realojar a las familias vulnerables. También ha indicado que un equipo técnico se encontraba en el edificio siniestrado para revisarlo y tomar las medidas necesarias, aunque los vecinos y la Asamblea de Vivienda lo niegan. “Los únicos que han pasado por aquí hoy son los agentes de seguridad de una empresa privada. Cuando preguntamos a algunos de ellos si eran de la Sareb, no han querido contestar”, responde Pablo López, otro de los portavoces de la asamblea. 

Tras dialogar con los técnicos de la empresa de alarmas y la Guardia Civil, también presente en el lugar, los inquilinos han conseguido parar la inspección del inmueble y permitir a los vecinos entrar en sus hogares para recoger sus pertenencias. A lo largo de toda la tarde han subido y bajado las escaleras del primer bloque –donde se encuentran las viviendas afectadas– cargados con bolsas llenas de ropa, maletas y electrodomésticos inutilizados que han tenido que tirar a la basura. 

Ahmen acaba de salir del hospital donde ha estado ingresado toda la noche junto a su hijo, Jaime, que tiene quemaduras de tercer grado en las manos y los brazos. “Hemos tenido suerte. Diez minutos más y no sé qué podría haber pasado, no lo quiero ni pensar”, dice en el portal. Sostiene entre las manos grises por el humo un plato de lentejas y un trozo de pan, la primera comida que ingiere desde que se desató el accidente. “No he podido comer nada, por los nervios. Aún no me puedo creer lo que ha pasado”, comenta.

En las aceras del número 13, unos voluntarios han montado una mesa con comida, café y bebidas calientes. También han empezado una recogida de ropa y mantas para los vecinos que han perdido sus pertenencias en el incendio. Kiwi vive en una de las viviendas del bloque grande desde hace un año, pero afortunadamente su hogar no ha sido afectado por las llamas. Sin embargo, esta noche ha preferido dormir en casa de una amiga. “Es muy fuerte que alguien compre gasolina y con frialdad decida poner en peligro la vida de cuarenta personas. Me siento muy tocada emocionalmente, no soy capaz de quedarme sola en mi casa en esta situación”, afirma.

Estigmatización de la pobreza

La Asamblea de Vivienda de Villalba denunció el miércoles a través de un comunicado que el siniestro era el resultado de “varios años de señalamiento público de este edificio por parte del Ayuntamiento” y parte de “una campaña de criminalización de la pobreza” con origen en la creación de la Oficina Municipal Antiocupación, ahora cerrada. Desde el primer momento, la Asamblea ha asegurado que el incendio empezó en las zonas comunes del edificio, donde comenzaron los cinco focos a partir de gasolina. La Guardia Civil sigue investigando las causas del siniestro, aunque un portavoz ha confirmado a este diario que la hipótesis más plausible es que haya sido intencional. 

“Mientras unos señalan, otros prenden la mecha”, continúa el comunicado. También acusan al Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa Mariola Vargas, del PP, de no ofrecer ninguna medida para realojar a las familias que han perdido sus casas y todas sus pertenencias. “Sabemos que hay más bloques de la Sareb en Villalba, edificios que podrían habilitarse como vivienda si el Ayuntamiento tuviera intención de negociar con una entidad semipública cuyas deudas estamos pagando entre todos”.

Fue Vargas quien en 2021 contrató para gestionar la oficina antiocupación a la empresa Desocupaciones Técnicas, cuyo administrador único era el mismo que el de la más conocida Desokupa Expres, con investigaciones abiertas por allanamiento de morada. Finalmente, la oficina echó el cierre definitivo el pasado septiembre, bajo el argumento oficial de no doblar esfuerzos con la oficina regional del mismo tipo que impulsaba en ese momento el Gobierno de Ayuso. 

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