La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), la más antigua de España, está parada pero no cerrada. En este momento está desenganchada de la red eléctrica y el combustible se ha sacado del reactor y se encuentra en la piscina de la planta. Sin embargo, mantiene su plantilla y técnicamente el combustible de la piscina se podría devolver al reactor y arrancar sin demasiados problemas. El último boletín de Nuclenor, la empresa propietaria de la planta, huele a despedida. Incluye el acuerdo del Consejo de Administración que anunció el “cierre definitivo”. Sin embargo, en diciembre, incluso en la segunda quincena, ya con la planta parada, han seguido trabajando 705 personas, más de 400 de ellas de empresa colaboradoras del entorno de la central.
Lo que está claro es que para que Garoña siguiera operando, el Gobierno tendría que rebajar notablemente sus exigencias en cuanto al pago de impuestos. Además, habría que revertir el proceso que ya se ha iniciado, en el que Nuclenor ha enviado al Consejo de Seguridad Nuclear un primer documento para el cierre definitivo y desmantelamiento de la planta.
La empresa ya advirtió de estos pasos tras un Consejo de Administración en el que concluyó que Garoña no es viable si se impone la tasa recién creada por el Gobierno que supondría el pago anual de 153 millones de euros, por lo que optó por el cierre antes del 1 de enero para evitar esta carga económica.
Técnicamente, Garoña, que comenzó a funcionar en 1971, tiene permiso para seguir operando hasta el 6 de julio de 2013, en aplicación de una orden ministerial de cierre, aunque la empresa propietaria ha tenido ocasión de solicitar la anulación de esa orden y una prórroga hasta 2019.
Siempre por razones económicas, Nuclenor dejó pasar el plazo que había concedido el Gobierno actual para solicitar la prórroga, que finalizó el 6 de septiembre pasado, y tampoco aprovechó la posibilidad de pedir más tiempo para plantear esa solicitud, que expiró el 6 de octubre.
El argumento de la empresa propietaria de Garoña era el elevado coste de las mejoras a realizar para seguir operando. Cumplir las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear supondría a más de 140 millones de euros. Sin embargo, el mayor problema eran las tasas e impuestos de nuevo cuño, sobre todo la que grava el combustible irradiado, que hubiera llevado a la quiebra de la empresa, según sus responsables.
Lo que la empresa llama “cese definitivo”, aunque todo apunta a que no todas las puertas están cerradas y las negociaciones continúan, es el último capítulo de un proceso que comenzó en 2006. Nuclenor inició entonces la tramitación de la solicitud de prórroga de actividad por 10 años para la Central Nuclear de Garoña.
En junio de 2009, el Consejo de Seguridad Nuclear avaló la continuidad de Garoña hasta 2019 con algunas mejoras aceptadas por la empresa.
Sin embargo, en julio 2009, el Gobierno presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero emitió una orden ministerial que fijaba el cierre de Garoña en julio de 2013.
La empresa Nuclenor presentó un recurso que fue rechazado por el Tribunal Supremo contra esa orden ministerial. Sin embargo, en julio de este año, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy modificó el decreto de cierre de Garoña en 2013 y concedió a la empresa un plazo hasta el 6 de septiembre para solicitar formalmente la prórroga de actividad de Garoña hasta 2019.
La empresa decidió no presentar la solicitud por motivos económicos y argumentó la misma razón para no presentar un recurso de reposición antes del 6 de octubre de este año, lo que hubiera alargado el plazo para formalizar la solicitud.
