La Junta de Castilla y León resiste el pulso que desde hace semanas mantiene con el Ministerio de Sanidad por el copago hospitalario. Si el consejero de Sanidad le retó, públicamente, a la ministra Ana Mato a que lo retirara y le anunció que acudirían a los tribunales de no hacerlo, ahora ya es una realidad. El responsable sanitario de Castilla y León, Antonio María Sáez, reveló ayer que presentarán un recurso por el copago de los medicamentos que se dispensan en los hospitales a los enfermos crónicos.
Hace unas semanas, en Salamanca, la ministra de Sanidad dio una larga cambiada a los periodistas y respondió que no habría copago sanitario, cuando se le preguntó por el hospitalario. Pero el consejero de Castilla y León, también ante los medios de comunicación, hablaba del hospitalario cuando le avisó a Ana Mato que si el Ministerio no lo retiraba, lo recurriría en vía judicial.
Y como el que avisa no es traidor, Antonio María Sáez Aguado dijo ayer en Ponferrada (León) que la Junta lo recurrirá una vez que el Ministerio de Sanidad ha “contestado de forma negativa” al requerimiento que presentó el departamento que dirige Ana Mato.
Por ello, el Gobierno de Castilla y León envió, también ayer, un informe a sus servicios jurídicos para que se pueda presentar el recurso contencioso administrativo en los próximos días, aunque todavía está por determinar en qué comunidad autónoma se hará, aunque las primeras informaciones apuntan a que se hará en los juzgados de Madrid.
El consejero de Sanidad de Castilla y León siempre ha tenido una postura férrea en cuanto a su negativa al copago hospitalario, pues siempre ha manifestado que “ni debe ni va a tener un efecto disuasorio”. Además, desde el punto de vista de la sostenibilidad “no va a generar ahorros para la sanidad pública”.
“Si no va a generar ahorros y no va a disuadir a los pacientes de utilizar esa medicación, no encontramos ningún elemento positivo”, dijo ayer el consejero.
Desde el punto de vista jurídico, Antonio María Sáez añadió ayer que la Dirección General de Cartera Básica y Farmacia del Ministerio de Sanidad “no es el órgano competente” para tomar esa decisión, ya que, en su opinión, debería haber sido “el Gobierno de España o al menos la ministra de Sanidad”.
