La guerra de secesión (en Burgos, sin ir más lejos)

Ni siquiera es una crisis de identidad, sino más bien un ‘ahogamiento’. Otro más. La Plataforma Sierra de la Demanda estudia la posibilidad de dejar Castilla y León y anexionarse a otra comunidad limítrofe, en este caso, a La Rioja.

El porqué de contemplar esta circunstancia no es otro que la desatención, a su parecer, por parte del Gobierno autonómico que preside Juan Vicente Herrera, en temas cruciales como la educación, el transporte y, sobre todo, la sanidad.

Dicha plataforma es un colectivo que agrupa a varias asociaciones de la comarca burgalesa de la Sierra de la Demanda formada, entre otras, por las localidades de Alarcia, Valmala, Rábanos, Villamudria, Santa Cruz del Valle Urbión, Soto del Valle, Garganchón, Pradoluengo, Villagalijo, San Clemente del Valle, Ezquerra, Espinosa del Monte de Rioja, San Vicente del Valle, Santa Olalla del Valle y Fresneda de la Sierra Tirón, todas ellas afectadas por los recortes en Sanidad de la Junta de Castilla y León.

El presidente de la Diputación de Burgos, no deja de defender la “integridad territorial” de la provincia, a la que alude como una cuestión “muy seria”. Julio César Rico insta a que este tipo de asuntos se trate con el máximo rigor político.

Por su parte, la alcaldesa de Pradoluengo, Raquel Contreras (PP), señala que esta propuesta de abandonar Castilla y León está “fuera de lugar” y no es sino una estrategia “para llamar la atención”.

La intención secesionista de la Plataforma Sierra de la Demanda viene justificada, según sus miembros, por los recortes que sufren en varias áreas y que se han visto culminados con la reducción de guardias médicas.

Desde la Junta de Castilla y León se ha pedido a la Plataforma que trate el tema con “lógica y sentido común”, según palabras del portavoz, José Antonio de Santiago- Juárez.

El colectivo ya ha protagonizado varias manifestaciones y protestas contra los recortes, desplazándose incluso a Valladolid, donde también se han reunido con el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, que hace poco más de un mes recibió a representantes de todas las zonas afectadas por los recortes sanitarios. Una reunión que, según el colectivo, se basó en dar estadísticas justificando los recortes y en hacer “oídos sordos” a las reivindicaciones.

Como ya se ha señalado, uno de los servicios afectados es el de las urgencias nocturnas, algo que ha causado gran preocupación entre, sobre todo, la población mayor, no sólo por no contar ya con esa atención médica, sino también por las distancias que, para ser atendidos, deben por unas carreteras bastante peligrosas, más aún de noche.

El portavoz de la Plataforma, Antonio García Hoyuelos, señala que le desagradaría que su lucha “se confundiera y se creyera que nos queremos ir de Castilla y León por otros motivos. La realidad es que estamos viendo que nuestros hijos, nuestros mayores y nosotros mismos, nos estamos quedando sin servicios”.

Son conscientes de que debe ser cada ayuntamiento de los pueblos integrados en la Plataforma, el que, en el caso de dar el visto bueno a la propuesta secesionista, debe iniciar los trámites jurídicos de segregación que, en última instancia, chocan con lo establecido en el Estatuto de Castilla y León, texto que regula la pertenencia o no a una provincia y que no se ha modificado al respecto a pesar de reiteradas peticiones, como las del Condado de Treviño.

Históricas intentonas

Que no se diga que no lo ha intentado y su primera vez se pierde en la historia. Treviño es un condado burgalés ubicado a modo de isla en el oeste de Álava, rodeado de tierras del País Vasco por todas las partes. Esto es, que para llegar a Treviño desde Burgos, o desde cualquier otra parte, hay que poner un pie en zona de Euskal Herria.

El que Cataluña estudie ahora una consulta popular sobre su independencia no les suena a nuevo a los vecinos del condado, compuesto por dos ayuntamientos, la Puebla de Arganzón y Treviño. Ellos ya hicieron una a finales del siglo pasado, concretamente en 1998, y no para independizarse, sino para dejar de formar parte de Castilla y León y conformar las ‘filas’ del País Vasco. Desde Álava esta reivindicación ha estado apoyada en todo momento: en 1963 se aprobó una moción para solicitar la entrada del enclave burgalés en la provincia vasca, pero en términos más ‘diocesanos’ que administrativos.

La consulta popular celebrada en el 98 concluyó con que el 68% de los votantes accedía a anexionarse a Álava. Desde entonces se han sucedido las comisiones mixtas, las ‘mesas de entendimiento’, los alejamientos, las protestas… Siempre bajo la premisa de que los límites territoriales están blindados en el Estatuto de Castilla y León.

Los treviñeses han realizado durante estos años actuaciones a favor de lograr el bilingüismo, adoptando el euskera como idioma propio y otros actos tendentes a lograr su salida de Castilla y León.

El nuevo alcalde, Ignacio Portilla, elegido en diciembre pasado tras una moción de censura, asegura que existe una vía administrativa para emprender la segregación. A finales de febrero Treviño enviará un informe a la Diputación de Burgos y a la Junta de Castilla y León para iniciar los trámites de la separación. Pero el Gobierno que preside Herrera parece no estar por la labor: “La única forma para la anexión de Treviño a Álava es la reforma del Estatuto, y eso no va a ocurrir”.

A todas luces, el ‘divorcio’ se presenta complicado.