El odio al inmigrante recorre Europa

“La culpa es de los inmigrantes”. Aunque se acuñó hace ya unos cuantos años, ese eslogan se está difundiendo cada vez más fuerza en toda Europa y condiciona cada vez más las opciones de los grandes partidos. El caso más reciente y contundente es el de Gran Bretaña, en donde el líder conservador David Cameron acaba de anunciar duras medidas para frenar la inmigración no sólo extracomunitaria sino también la procedente de países pobres de la UE, y particularmente de Rumania y Bulgaria. Pero en otros muchos países europeos están en curso iniciativas en esa misma dirección, que corren paralelas al aumento de la fuerza electoral de partidos ultraderechistas y xenófobos en todos ellos.

El pasado 2 de mayo los conservadores británicos recibieron una bofetada electoral por parte del UKIP, un partido que se inscribe en esa corriente, aunque adoptando formas políticas no convencionales y el humor como mecanismos de propaganda. El UKIP (United Kingdom Independence Party) obtuvo un 23% de los votos en las elecciones municipales celebradas en ese día. Un punto menos que los conservadores. Y con sólo dos propuestas destacables: la salida de Gran Bretaña de la UE y el recorte sustancial del número de inmigrantes. Pero los analistas creen que ha sido la segunda de ellas la razón principal de su éxito electoral.

Cameron tardó sólo seis días en responder. Y lo hizo a través del documento que contenía el programa legislativo de su partido para el año que viene, que la reina Isabel II leyó ante el Parlamento, y cuya pieza central era un endurecimiento sin precedentes de la normativa en materia de inmigración. En la línea demandada por el UKIP y por el ala más derechista del partido conservador, que presiona duramente al primer ministro.

Entre las muchas medidas restrictivas destacan las siguientes: la percepción del seguro de desempleo por parte de inmigrantes procedentes de países de la UE quedará reducida a un periodo del seis meses; las autoridades locales darán prioridad a los ciudadanos británicos en la concesión de alquileres sociales; los países de la UE tendrán que contribuir significativamente al pago de los costes que implique la asistencia sanitaria a sus ciudadanos en suelo británico; se elevarán las sanciones a los empresarios que contraten a inmigrantes ilegales; los arrendadores de viviendas deberán comprobar que sus inquilinos tienen la documentación en regla; Londres facilitará la expulsión de inmigrantes clandestinos y de extranjeros condenados por la justicia: en la actualidad podían permanecer en Gran Bretaña si tenían familiares en el país.

Desde hace ya dos años en el Reino Unido están en vigor disposiciones muy estrictas para impedir la llegada al país de inmigrantes procedentes de la Europa “pobre” y particularmente de rumanos y búlgaros. Y en marzo Cameron había declarado: “El acceso a los servicios públicos debe ser algo que los inmigrantes se ganen y no un derecho automático”. Además de insistir en la obligatoriedad de aprender el inglés para acceder a permisos de trabajo y beneficios sociales.

Por ahí también va el Gobierno danés, que ha presentado un proyecto de ley según el cual se recortará el subsidio de desempleo a los inmigrantes de más de 30 años que no usen correctamente el idioma local. El ministro francés de Interior, el socialista Manuel Valls, acaba de anunciar que se no se renovará el permiso de residencia a los inmigrantes que no hayan cumplido con sus obligaciones, y en particular la de aprender la lengua. El Gobierno de Sarkozy tomó hace dos años medidas tajantes para expulsar de Francia a los gitanos rumanos. Que, sin embargo, siguen llegando. Para indignación del ultraderechista Frente Nacional de Marine Le Pen, que, como se ha comprobado, no sólo condiciona la política de la derecha en esta materia, sino también la del Partido Socialista francés.

En Alemania, en donde el peligro de un resurgimiento del neonazismo aparece frecuentemente en las primeras páginas de la prensa, corren vientos no muy distintos. Berlín, junto con Viena, La Haya y Londres, ha bloqueado la demanda de Rumania y Bulgaria de adherirse al tratado de Schengen, que elimina las fronteras internas en la UE. Y la prensa de izquierda y de centroizquierda ha visto en ello una clara intención electoral por parte de la derecha, con vistas a las generales de septiembre. “El ministro del Interior está usando el miedo que la población tiene a la inmigración pobre como instrumento de la campaña electoral”, ha escrito el Berliner Zeitung. Por su parte, la Asociación de Ciudades Alemanas hizo público en abril un comunicado que decía que los municipios carecían ya de recursos para afrontar los costes que suponía la inmigración.

En Holanda, la derecha y el centro han hecho suyos muchos de los planteamientos antiinmigrantes de las formaciones xenófobas. La ultraderecha griega, cuyas posibilidades electorales estarían creciendo, según los sondeos, multiplica los ataques violentos contra los inmigrantes. El millón de gitanos húngaros es el objetivo prioritario del partido ultraderechista magiar Jobbik. Suiza, cuyas últimas elecciones fueron ganadas por el ultraderechista Partido Popular, acaba de prolongar la cláusula que impide la entrada en el país de inmigrantes procedentes de la llamada “Europa pobre”. La nueva ley sobre la nacionalidad aprobada en Bélgica ha hecho caer en un 44% el número de nacionalizaciones.

Dos países se salen de esas tendencias. Uno es Suecia, que en 2008 decidió abrir totalmente el mercado de trabajo a los inmigrantes extracomunitarios, sin limitaciones salariales en función de la nacionalidad. El otro es Italia, en donde la nueva ministra de Cooperación Internacional e Integración, Cecile Kyenge Kateshu, nacida ella misma en el Congo, ha anunciado su intención de cambiar la ley Bossi-Fini aprobada en 2002, en tiempos de Berlusconi, que establece durísimos requisitos para la entrada de inmigrantes en el país, agiliza las expulsiones e institucionaliza el uso de centros de detención de inmigrantes clandestinos.

Y en donde otra ministra nombrada recientemente, la radical Emma Bonino, ha declarado: “En toda Europa crece la intolerancia, el apoyo a los partidos populistas y xenófobos, la discriminación y la pérdida de derechos por parte de los inmigrantes”. La pregunta que a los españoles nos queda en el aire es si la nueva titular italiana de Exteriores también se refería a nuestro país. Porque a ojo de buen cubero, aquí también parece que las actitudes antiinmigrantes, si no xenófobas, tienen una audiencia creciente. Y no sólo en la derecha. Pero, por lo visto, ese es un tema tabú. Porque de ello sólo se habla en la calle. Y mucho.