¡Que viene el Supremo!

La Audiencia de Madrid ha avalado que el juez Peinado prosiga su atrabiliaria e insostenible causa contra Begoña Gómez. Cualquier otra opción era imposible. Porque la trama judicial que conspira, y actúa, para derribar al gobierno Sánchez antes de que se celebren las elecciones no iba a permitir distracciones por muy indefendibles que sean sus movimientos. Pero en su camino ha aparecido otro obstáculo: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que ley de amnistía aprobada por el parlamento español no contraviene la normativa europea y que no hay delito de malversación en la actuación de Carles Puigdemont y los suyos.

La sentencia es una auténtica bofetada para la sala segunda del Tribunal, la entidad más poderosa e influyente del sistema judicial español, y contra el juez Manuel Marchena, líder del activismo judicial contra el gobierno y protagonista máximo de los más relevantes capítulos del enfrentamiento con este. Porque desde la semana siguiente de la aprobación de la amnistía, esas instancias se mostraron en contra de la aplicación de la ley a los líderes del procés independentista catalán, aduciendo que habían cometido malversación de fondos públicos -incluso acusaron a Puigdemont de haberse lucrado personalmente- y que la amnistía no afectaba a ese delito.

Marchena no ha dejado de combatir la amnistía desde entonces. Porque representa la negación de toda su posición política y de su combate sectario y antidemocrático contra el independentismo en el que, sustituyendo al gobierno del inane Mariano Rajoy, asumió todo el protagonismo, una actitud en la que se mantiene y que amenaza con ir a más. Por eso no va a soltar la presa. Por eso la amnistía tardará aún mucho en aplicarse, tal y como ha advertido este jueves el propio Puigdemont. Para empezar la orden de detención contra el líder independentista no se va a revocar hasta el Tribunal Constitucional no resuelva el recurso de amparo que Puigdemont elevó contra la decisión del Supremo de no aplicarle la amnistía.

Eso llevará meses. Y luego podrían llegar otros impedimentos. Marchena es maestro en encontrarlos y la Sala Segunda tiene poderes casi omnímodos para implementarlos. Todo valdrá con tal de evitar una derrota política que no sólo afectará a las perspectivas de la trama judicial ahora en acto sino que también implicará un golpe a la intransigencia frente al independentismo, una línea que podía haberse evitado y que se tardó años en sustituir, con óptimos resultados para la convivencia entre los catalanes y los catalanes y los españoles.

La previsión, por tanto, es que habrá tensiones de todo tipo. Justo en estos días Baltasar Garzón, -un gran juez que fue expulsado de la carrera por magistrados muy próximos ideológicamente a los que hoy rodean a Marchena- ha publicado un libro (“La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia”) en el que en un tono muy preocupante denuncia el peligro para nuestra democracia que suponen el poder y la autonomía creciente del Tribunal Supremo. Garzón subraya que la Sala Segunda funciona como un poder autónomo que no rinde cuentas a nadie. Que sus sentencias son inapelables, que sus responsabilidades personales son juzgadas por sus propios miembros y que su jurisdicción se extiende sobre todas las demás instituciones del estado.

“Todos -escribe Garzón-, el Tribunal Constitucional, el gobierno de la nación, el Consejo general del Poder Judicial, el presidente del Congreso y el del Senado (que es el poder legislativo) todos están sometidos a la Sala Segunda del Supremo”. “La Sala Segunda es el auténtico poder político en el Estado Español” Y añade: “Si el poder judicial lo confronta” le será imposible avanzar por la deriva que ha emprendido. “Si, por el contrario, se somete, estaremos perdidos y sus acciones nos conducirán al abismo. Los cambios son tan fluctuantes que pueden conducir a los peores escenarios”. En otro pasaje del libro el juez habla de un “golpe de estado blando”.

Garzón pide una reacción contra esos peligros. Pero no es muy optimista con respecto a que vaya a producirse: “Hay que combatir el reino del negacionismo, de los bulos, de la posverdad, de la mentira y de la instrumentalización de la justicia, o del lawfare”.

Y viene a la memoria que, a principios de los años 70 del pasado siglo, viviendo aún Franco y cuando seguían desplegados todos los resortes represivos del régimen, que eran muchos, incluso en la justicia, un grupo de jueces y fiscales decidió organizarse clandestinamente para hacer frente a la dictadura. Llegaron a ser más de 200, entre ellos algunos de los prestigiosos de la carrera. Y tuvieron mucho impacto en sus ámbitos. Se lo jugaban todo, pero tuvieron el coraje necesario para dar el paso. Puede que haya llegado el momento de que se repita su gesto.