Van a por Sánchez y no van a parar

Aunque se habla poco de ello, el miedo es libre, la gente razonable tiene pocas dudas de que algo parecido a una trama de jueces, coordinada con algunos mandos de la UCO y de la UDEF, está actuando en la política española. Desde hace un tiempo. Pero con particular intensidad en los últimos meses. Y contra la izquierda. Se cree que el “quien puede hacer que haga” que dijo José María Aznar hace más de un año es el origen de ese movimiento, pero no son pocos los que piensan que son otros, incluidos algunos directivos de medios de comunicación, los que están detrás del mismo. La pregunta que ahora se formulan prestigiosos periodistas es cuál va a ser el paso siguiente de la conspiración. Y su respuesta unánime es: Pedro Sánchez.

Porque por mucho que las encuestas vaticinen un triunfo de la derecha (PP más Vox) en las próximas elecciones, que serán dentro de nueve meses o de un año, esas instancias de poder en la sombra necesitan seguridades que por el momento no tienen. La debilidad política y de imagen de Alberto Núñez Feijóo y su errática política de oposición –únicamente preocupada por no alejarse de Vox– son su principal fuente de preocupación. Y ante sus ojos aparece con una fuerza y una capacidad de transmisión que ningún golpe judicial ha sido capaz de reducir, la figura de un Pedro Sánchez que sigue asegurando a diestro y siniestro que va a volver a ganar las elecciones.

Eliminar el riesgo de que en 2027 vuelva a producirse lo que ocurrió cuatro años antes y que en el último momento la izquierda se imponga a la derecha desmintiendo a las encuestas, pasaría, según se cuece en esos ambientes, por impedir que Sánchez encabezara la lista electoral. Y una imputación judicial sería la manera de conseguirlo.

No son ensoñaciones. La semana pasada Feijóo aseguró que en breve llegaría al Congreso un suplicatorio para poder investigar a Pedro Sánchez por sus implicaciones en el caso Leire Díez y los pagos que el PSOE había hecho a ese personaje.

Más allá de cómo se había enterado Feijóo de tales cosas –nadie denuncia la práctica ilegal de las filtraciones salvo si estas afectan a un fiscal general de izquierdas–, el cotilleo del líder de la oposición es algo que merece un par de vueltas. Sobre todo, porque la cosa llega después de que el Tribunal Supremo acabe de reducir la condena del corruptor del caso mascarillas hasta el punto de que no tendrá que pisar la cárcel y, sobre todo, no tendrá que devolver ni un euro de los casi cuatro millones de los que se apropió.

Ante tan escandalosa benevolencia con Víctor de Aldama, más de un jurista, no de derechas, ha dicho que la decisión del Tribunal era un llamamiento a otros investigados a colaborar con la justicia a cambio de ventajas hasta ahora impensables. Y más de una mirada se ha posado en personajes que hasta hace poco eran altos dirigentes del PSOE y que ahora esperan procesos por los que podrían caerles muchos años de cárcel.

Esas hipótesis se están haciendo cuando la ofensiva judicial recrudece su acción contra el PSOE. La retirada del pasaporte a Begoña es todo un indicador, más allá del inefable juez Peinado y su obsesión por entrar en los anales de las actuaciones judiciales notables, de que el clima judicial contra los socialistas se está calentando y no repara en mientes. El procesamiento de 25 dirigentes de la sociedad estatal SEPI y la investigación abierta contra la directora general de la Guardia Civil y su número dos, mediando solo un día entre ambas iniciativas, también se inscribe en ese clima.

Todo ello al tiempo que una jueza ha cerrado la causa abierta, hace solo dos meses, contra el cerebro pensante de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, por filtrar fotos de periodistas que hacían pesquisas sobre el novio de la presidenta de la Comunidad, cuyas varias y graves causas, por cierto, no avanzan un ápice desde hace un año.

Es para perder los nervios. Pero justamente en el asunto de la directora de la Guardia Civil se ha producido una novedad que podría servir para hacer frente a esa oleada judicial y policial que parece que solo se pararía el día que la derecha conquistara el poder. Y es que el Gobierno se ha negado a destituirla por muy procesada que esté y lo mismo ha hecho con su DAO. A eso se le llama resistir y no está nada mal que ocurra.