Poner coto a la eclosión de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), entre los que se incluyen los populares patinetes eléctricos. Ese es el objetivo que se marcó hace tiempo la Dirección General de Tráfico (DGT), que en 2024 aprobó una normativa que establecía una serie de requisitos y características mínimas para garantizar la seguridad de conductores y del resto de usuarios de la vía.
Así, los nuevos patinetes que se compran deben estar certificados y cumplir una serie de requisitos como no circular a más de 25 kilómetros por hora, contar con dos frenos independientes, la utilización de elementos de protección como los cascos o el uso de un chaleco reflectante cuando se circule por vías que no cuenten con la necesaria iluminación. Los anteriores a 2024 tendrán hasta 2027 para adaptarse.
En este sentido, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de emitir un informe en el que pide a Tráfico justificar mejor algunas de las nuevas exigencias requeridas a los patinetes eléctricos.
Una mejor justificación
Entre las novedades, la nueva norma planteada por Tráfico exige a conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores el uso de cascos de protección homologados, guantes de protección en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipo de vías. La misma pretensión para los usuarios de VMP, con obligación de llevar un casco homologado o certificado.
Sin embargo, la CNMC pide “aclarar mejor la diferencia entre cascos homologados y certificados”, especificando si los segundos pueden transformarse en homologados y justificar técnicamente que solo se permita el uso de cascos homologados en ciclomotores.
Además, pide a la DGT que justifique por qué algunos requisitos más estrictos se aplican solo a los VMP y no a vehículos comparables, como bicicletas. También pide a Tráfico que se permita la inscripción de los VMP en el registro de manera online y plantearse medidas para reducir o eliminar la tasa de registro para los propietarios actuales.
Por último, la CNMC pide a Tráfico que valore el plazo de adaptación para cumplir con la nueva norma. “Evaluar si el número limitado de entidades de certificación puede suponer un cuello de botella en su puesta en práctica, y, si fuera necesario, ampliar los plazos de adaptación o analizar por qué existe tan poca oferta de certificadores”.
En cualquier caso, la comisión recuerda que “no plantea objeciones generales desde la óptica de competencia” y reconoce que las nuevas medidas “responden a motivos de seguridad vial y medioambientales”.