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REGIÓN DE MURCIA

Podemos estudia llevar al Constitucional la modificación de la ley urbanística de la Región de Murcia

María Marín califica de "escandaloso" que López Miras aproveche la crisis del coronavirus para aprobar el "decreto de los pelotazos"

María Marín, este miércoles, en la Asamblea regional

María Marín, este miércoles, en la Asamblea regional

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha defendido este miércoles en el pleno autonómico la oposición de su grupo parlamentario ante la modificación "vía decretazo" de las normas urbanísticas de la comunidad autónoma. Marín ha explicado que "bajo el eufemismo de simplificación de trámites administrativos", se abre la puerta a "más manga ancha para el Gobierno regional a la hora de conceder licencias para construir en entornos como Marina de Cope o Calblanque".

La modificación aprobada en la mañana del miércoles con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Vox, y que ha contado con la abstención del PSOE, posibilita que se puedan realizar obras en suelo urbano no sectorizado, antes incluso de aprobarse definitivamente los proyectos y con los estudios sin tramitar. Para Podemos, esto significa "ahondar más aún en la barbarie urbanística cometida durante las décadas previas a la explosión de la burbuja" y demuestra que el Gobierno regional "no tiene más proyecto para Murcia que los pelotazos, la especulación y el ladrillo".

Ante esto, la diputada ha anunciado que Podemos "está estudiando la constitucionalidad de esta norma, tanto por invasión de competencias como por vulneración de la ley del suelo estatal".

El decreto de López Miras no sólo se limita a las normas de vivienda, sino que cambia el marco legislativo "por tierra, mar y aire". Marín ha explicado que en la modificación aprobada, también se desregula la actual legislación sobre puertos, de forma que la Consejería de Fomento tendrá vía libre para autorizar cualquier instalación sin pasar por el Consejo de Gobierno. Desde Podemos, han calificado de "imprudencia temeraria" esta variación normativa "en pleno proceso de muerte del Mar Menor, ya que implica más puntos de amarre, menos control administrativo y añade más presión para una laguna ya maltrecha por la falta de medidas por parte de la administración regional en los últimos 25 años".

Marín ha asegurado que esta medida "no es la que necesita la mayoría de gente de nuestra Región", sino que responde a "otros intereses". En concreto, la portavoz de Podemos ha señalado que el consejero de Fomento e Infraestructuras, Díez de Revenga, "parece estar aprobando más bien una medida que necesitan empresas como Azentia", de la que el propio consejero era administrador hace poco tiempo. La diputada ha mostrado su sintonía con las críticas realizadas desde los colectivos ecologistas de la Región de Murcia y ha calificado de "actuación de clientelar, por no decir algo peor", la gestión del Gobierno regional en materia de construcción. Desde Podemos han asegurado que no dejarán de "denunciar estas tropelías" a las que "nos tienen desgraciadamente acostumbrados".

En cuanto a materia de vivienda, Marín ha mostrado el "absoluto rechazo" de Podemos a "aprovechar para aprobar mediante decreto medidas tremendamente regresivas y antisociales, cuando la ciudadanía está centrada en otros asuntos". Entre estas medidas, la diputada ha destacado que "se desvincula la protección pública de vivienda de la calificación urbanística del suelo, se elimina el registro de demandantes de vivienda, mientras no se explica cómo se va a controlar la renta o la situación de vulnerabilidad de las personas que soliciten las ayudas".

Además, Marín ha denunciado que "a pesar que de López Miras anuncie que ofrecerá el parque público de vivienda con finalidad social", la realidad es que el Gobierno regional "pretende desligarse de más de 3.000 viviendas, cediendo su propiedad a los inquilinos". La portavoz de Podemos ha recordado que "estas viviendas no han tenido mantenimiento alguno en 10 años, por lo que muchas se encuentran en estado lamentable". Por otra parte, también ha señalado que quienes hasta ahora eran inquilinos de un alquiler social por su situación de vulnerabilidad económica, "ahora pasarán a tener que pagar IBI, gastos de comunidad, seguro y mantenimiento", lo que supondrá "un nuevo pelotazo, dado que muchas familias sin recursos no podrán hacerse cargo de estos gastos". En lugar de esta cesión, Marín ha reivindicado que "se tramiten de una vez las necesarias ayudas para el alquiler", ya que esto "sí que ayudaría a la gente en riesgo de exclusión social".

Por último, la portavoz de Podemos ha expresado el "profundo rechazo" de su grupo a la fórmula de gobernar por "decretazo", buscando además únicamente el "beneficio para una minoría privilegiada de la Región de Murcia, con desprecio absoluto del bien común, el bienestar social y el medio ambiente".

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