La Audiencia de Murcia vuelve a aplazar la decisión sobre la pena de cárcel para los organizadores de la red de prostitución de menores

La segunda jornada de vistillas por el caso de la red de explotación sexual de menores en el que hay implicados varios empresarios de la Región ha tenido lugar este martes en la capital murciana. El objetivo de estas sesiones es ratificar la entrada en prisión y la suspensión de las penas para cada uno de los acusados.

Este lunes la Audiencia confirmó que cuatro de los empresarios pederastas condenados no pisarán la cárcel. Para lograr el acuerdo de conformidad con la Fiscalía, los implicados tuvieron que reconocer los hechos imputados en una vista que tuvo lugar el pasado 11 de septiembre.

La primera en visitar la Sala 2 de lo Penal de la Audiencia Provincial de Murcia este martes ha sido Yesenia Mercedes Balladares Cusme. Su defensa ha explicado que, a día de hoy, la acusada lleva una vida “perfectamente normalizada e integrada en la sociedad” y ha alegado problemas de salud.

El presidente de la Sala, Álvaro Castaño, ha declarado que “los hechos imputados y reconocidos son lo suficientemente graves” como para no llevar a cabo la suspensión de la pena. Balladares, por su parte, ha dejado claro que está “arrepentida” y que no lo volvería a hacer, vistas las consecuencias de sus actos: “Nunca me vi envuelta en nada ilegal, me dedico a trabajar de lo que sea”. El tribunal ha decidido aplazar su decisión al próximo lunes.

Los pederastas, aquejados del ruido mediático del caso

El segundo en comparecer tendría que haber sido Juan Martínez Fernández, conocido como 'el enterrador' de Totana, aunque no se ha presentado en la Audiencia Provincial, según su defensa por “problemas de salud” y porque su situación es complicada por la “presión mediática y social” que ha traído este caso.

Debido a su ausencia en la Sala la decisión sobre su futuro se ha pospuesto al lunes. El Ministerio Fiscal no se opone a la suspensión. El Consistorio de Totana retiró las distinciones honoríficas que se le habían entregado en el pasado tras conocerse el acuerdo de conformidad de este caso.

El caso de Nelly Paola Céspedes, una de las imputadas por su papel de madamme para la trama, el tercero de la mañana, también ha quedado aplazado al lunes que viene, fecha en la que en principio podremos conocer el destino final de todos los implicados.

Su defensa ha insinuado que el revuelo mediático del caso es lo que ha llevado al Ministerio Fiscal a querer asegurarse la culpabilidad de los imputados sin tener demasiado en cuenta la posible reparación a las víctimas: “La defensa no entiende que si el fiscal tuviera la intención de que mi clienta cumpliese la pena de prisión, por qué se le rebajó la pena de dos años y medio a dos años”.

La cuestión de la reparación a las víctimas

Han alegado también que la acusada consignó 6.000 euros para la reparación económica de las víctimas y que “ese esfuerzo debería tenerse en cuenta”, ya que, según la defensa, “si de verdad importase la reparación a las víctimas, ¿por qué pasan las indemnizaciones de 7.000 a 1.000 euros? Mi cliente ha consignado ese dinero y colaborado”.

La Sala ha entendido que no existen motivos para apelar a la excepcionalidad de la suspensión de la condena. Se ha hablado de la 'reprochabilidad social' de los hechos: “Ya no hablamos solamente de reparar a las víctimas, sino de reparar a la sociedad y también al ordenamiento jurídico. Siento que se haya dedicado a la prostitución, que es la peor forma de violencia contra la mujer, pero ha llevado a la prostitución a seis personas menores de edad. Estamos hablando de un delito contra la libertad y la identidad sexual. La prostitución atenta contra la posibilidad de tener una vida plena en [el ámbito sexual]”.

Ante esto, la acusada ha declarado que las víctimas “ya se dedicaban a la prostitución antes de que [ella] las captara”. Sobre las medidas cautelares tomadas por la justicia, que incluyen una orden de alejamiento de 500 metros a cada víctima, la acusada ha llegado a la conclusión de que, siendo tantas las víctimas, va a “tener que irse de Murcia”.

Tras esto y recordarle el Ministerio Fiscal que no tiene que discutir hechos probados sino hablar de su situación personal, la acusada ha declarado que tiene pensado hacer un “curso de cocina”.

Juan Peque ha sido el último de los condenados en comparecer ante la Sala 2 de lo penal de la Audiencia Provincial. Rápido, como si esperase su turno para renovar el DNI, ha enunciado un rápido “me arrepiento mucho”, y ha aguardado pacientemente el dictamen de la mesa.

Según se ha explicado, el Ministerio Fiscal no se opone a la suspensión de la pena y, en principio, reúne todos los requisitos para recibir la suspensión de la condena de acuerdo a lo establecido en el artículo 80.3 del Código Penal. El acusado se encuentra condenado a dos penas de 6 meses de prisión.

“Juan, creo que usted ha escuchado que el Ministerio Fiscal no se opone al perdón provisional y se va a proceder a la suspensión de la pena”; se le añade también la orden de alejamiento de 500 metros a las víctimas y la obligación de asistir a un curso de reeducación sexual que podrá realizar en Valencia, ciudad en la que actualmente vive.

La vocal de la Sala ha defendido que cinco de las víctimas quieren 'pasar página' y que los culpables “reflexionen sobre lo que han hecho”, que “no quieren que entren en la cárcel” y ha criticado que este caso se haya convertido en una cuestión pública ya que, según declara, “ha victimizado doblemente a las víctimas”.

La madre de una de las víctimas, por su parte, ha declarado a elDiario.es de la Región que las chicas “fueron violadas, amenazadas, engañadas y están muy afectadas. ¿Qué quieres que pidan? ¿Que se queden en la calle? ¿Que sigan amargando la vida a más niñas? Solo faltaba que los dejaran libres, a todos estos sinvergüenzas que habían vendido a mi hija para llevársela en avión a no sé dónde. No la hubiera visto más... y no quieren que pida cárcel. ¿Qué quieren que pida?”