La reforma de la Ley del Mar Menor que impulsa el Gobierno regional de Fernando López Miras no es un error técnico ni una discrepancia legítima sobre cómo gestionar un ecosistema frágil. Es el resultado directo de un pacto político entre el PP y Vox que tiene un objetivo claro: desactivar las pocas barreras legales que incomodan a quienes llevan años contaminando sin consecuencias reales.
Conviene llamar a las cosas por su nombre. Esta reforma no nace del interés general ni de criterios científicos. Nace de una alianza parlamentaria que intercambia protección ambiental por estabilidad política, y que vuelve a utilizar el Mar Menor como moneda de cambio. El ecosistema, una vez más, paga el precio de los acuerdos de despacho.
Permitir que empresas sancionadas por contaminar sigan accediendo a subvenciones públicas es una decisión profundamente ideológica. No es “defender al sector primario”, como repiten de forma mecánica PP y Vox. Es blindar a los infractores, premiar el incumplimiento y castigar indirectamente a quienes sí respetan la ley. Es instaurar una competencia desleal financiada con dinero público.
Catalina Guerrero Romera/ José Luis Morales Pérez/Juan Antonio Segura (Cátedra de Innovación Social de la Universidad de Murcia)
Plataforma Ciudadana Stop Biogas Los Camachos- Cartagena- Mar Menor
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