En España nos hemos acostumbrado a que las palabras de los responsables públicos tengan fecha de caducidad. Lo que hoy es una advertencia solemne, mañana es una postura matizable; lo que se condena en un territorio se celebra en otro. Esta elasticidad discursiva, tan asumida ya por buena parte de la clase política, no solo es una falta de rigor: es una falta de respeto a la inteligencia colectiva.
El caso de la Región de Murcia es el ejemplo más reciente de esta deriva. Su presidente rechaza ahora unas elecciones anticipadas alegando que sería una “irresponsabilidad”, pero él mismo, y su partido, ha repetido hasta la saciedad que sin Presupuestos no se puede gobernar. La coherencia, al parecer, es un lujo que solo se aplica cuando conviene. Y lo que la Administración Central se presenta como ingobernable, en la Región de Murcia se pretende vender como estabilidad.
Este tipo de contradicciones no son inocuas. Detrás de cada rectificación disfrazada, detrás de cada argumentario intercambiable según el escenario, hay un deterioro profundo de la credibilidad institucional. Y, sobre todo, un mensaje implícito: que la política no es un espacio de principios, sino de oportunismo.
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