¡Inversores, os recibimos con alegría!, parafraseando la canción de bienvenida a los americanos de la genial película de Berlanga, la Región está en venta otra vez. El Gobierno regional ha dado otra vuelta de tuerca más en la desregulación de normativas y salvaguardas medioambientales. Con el nuevo Decreto Ley de dinamización de Inversiones, libertad de mercado y eficiencia pública, el objetivo es desregular la actividad económica aún más; poniendo en riesgo el interés público para beneficiar el interés privado empresarial más insolidario. La nueva norma se aprueba sin garantías democráticas, eludiendo la tramitación ordinaria de la legislación, sorteando el necesario debate público, los informes preceptivos de órganos consultivos, y las enmiendas y correcciones a las que sin duda se habría sometido. Es un decreto para facilitar la eliminación de normas, el descontrol y la desprotección en función del negocio de unos pocos. Además, se deroga la sede electrónica del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia y la dirección electrónica disponible para la ciudadanía, cuya titularidad pasa a la administración regional.
Hemos pasado de ser una Región donde lo habitual era incumplir leyes, normas y reglamentos a ser una Región donde se intentan eliminar leyes, normas y reglamentos. El decreto representa un camino hacia las políticas económicas depredadoras de los recursos naturales que están actuando en nuestra economía desde hace bastante tiempo. El Gobierno regional no gestiona para el conjunto de la ciudadanía murciana, López Miras solamente gobierna en función de los intereses de la CROEM, los agroexportadores y los empresarios del porcino.
Puede ser que no tengamos arreglo, la lenta agonía de nuestra laguna costera, el retraso de décadas en la aprobación de los planes de gestión en los espacios naturales protegidos (PORN), la carencia de recursos humanos en la administración como en la Dirección del Mar Menor, el descontrol sobre las macrogranjas de porcino, la contaminación de los suelos, acuíferos y el deterioro de la calidad del aire; son ejemplos del alto coste social, ambiental y para el erario público de la desregulación y la falta de control institucional frente a una economía depredadora del abuso y una entrega de nuestro territorio al mejor postor.
Este es un desaguisado que no empieza ahora. Los antecedentes hay que buscarlos en el Decreto Ley 4/2021 de simplificación administrativa que, bajo la pantalla de agilización de trámites, tenía el objetivo de desmantelamiento del medio ambiente, en el camino de la desregulación y el recorte de mecanismos de control y en la controvertida Ley de aceleración empresarial, que supuso abrir el camino a la desregulación de los intereses generales de la ciudadanía.
Esta situación atraerá al empresariado e inversores más reaccionarios e insolidarios, lo que redundará negativamente en el futuro de la sociedad civil de esta región. Reducir la tramitación y los estudios de impacto abre la puerta también para que nos lleguen proyectos tercermundistas contaminantes.
Con el pretexto de agilizar trámites y barreras burocráticas sacrifican la regulación ambiental, la ordenación del territorio y disposiciones laborales, que precisamente están para prevenir abusos. Lo ideal para el Gobierno de López Miras sería una Región sin procedimientos reglados medioambientales sin salvaguardas ni mecanismos de control ecológicos donde se pudieran hacer las cosas al albur y los intereses privados. Se puede ver claramente el espíritu de eliminación de garantías que preserven el interés general y el medio ambiente. Lo que llaman burocracia, como argumento justificativo, son normas regulatorias de la actividad privada para corregir y evitar sus excesos.
En materia de ordenación del territorio, este decreto establece que cuando por necesidades de una empresa sea necesario llevar a cabo una modificación del planeamiento general, se podrá hacer inmediatamente sin tener que esperar a que se produzca la revisión del plan general de ordenación urbana. La posibilidad de tramitar proyectos sin informes preceptivos, no sólo facilita la arbitrariedad y comisión de abusos, afectando a la salud pública, la calidad de vida, el medio ambiente o la contaminación, sino que puede facilitar la práctica de hechos consumados como forma de ejecutar proyectos difíciles de encajar legalmente.
Eliminar las evaluaciones ambientales a proyectos que se declaren excepcionales por la administración regional aumenta el riesgo de que se repitan los abusos del pasado, cuando determinados proyectos privados, polémicos por sus impactos, se han intentado desbloquear y poner en práctica. Por otro lado, aprobar proyectos que requieran modificar los planes urbanísticos, sin haber realizado ese cambio, supone un riesgo de introducir más caos en la ya de por sí nefasta ordenación del territorio y en la normativa urbanística en nuestra Región.
0