El pasado 24 de octubre pasado hemos celebrado, si se puede llamar así, el Día Internacional contra el Cambio Climático. Este año, la efeméride se produce en el contexto de la pandemia más virulenta en los últimos cien años. La prestigiosa revista británica de medicina, The Lancet, describió el cambio climático como la mayor amenaza para la salud del siglo XXI. Hoy, esta afirmación se puede sostener a pesar del coronavirus. El cambio climático no es solamente un fenómeno ambiental, tiene profundos impactos económicos sociales y sanitarios y sus consecuencia son mucho peores. Sin embargo, esta pandemia ha relegado la preocupación por el cambio climático a un lugar secundario en los medios de comunicación y la sociedad en general.
En estos últimos años los objetivos y el paradigma dominante han cambiado; hemos pasado de la lucha contra el cambio climático como relato hegemónico a la adaptación o mitigación de éste, lo que significa en la práctica bajar bastantes peldaños en la manera de afrontarlo. Algunas de llamadas políticas de adaptación al cambio climático que se defienden con énfasis desde los sectores que se niegan a actuar para frenar el proceso, probablemente resultarán ineficaces o provocarán el efecto contrario.
En este período de emergencia climática, el sureste peninsular será una de las zonas más perjudicadas en el Mediterráneo por los efectos directos e indirectos del cambio del clima. La aridez y la sequía en la región va aumentar significativamente. En estos momentos, nuestra región tiene un alto o muy alto riesgo de desertificación, un tercio de la región es árida. La pandemia ha sido una coartada más en la acción del gobierno regional para desmantelar la política ambiental: Las sucesivas contrarreformas han ido siempre en el sentido de acortar tiempos y supuestos sometidos a evaluación, con menores garantías administrativas y ambientales. Mientras tanto, la administración ambiental languidece con una estructura infradotada de recursos humanos, económicos y materiales. Las consecuencias económicas y sociales que produce el deterioro de la situación del Mar Menor es un ejemplo de que el daño que le hacemos al medio ambiente acaba teniendo repercusión, muchas veces no sobre los que lo han causado directamente, pero sí en nuestra economía y nuestra sociedad.
Dentro de un periodo corto, de quince o veinte años, con el cambio climático aumentarán los efectos muy severos para el medio ambiente y las personas en nuestra tierra. Un previsible escenario de aumento de la temperatura de 0,5º C. anual y la reducción del cinco por ciento de las precipitaciones supondría que el 85 por ciento de la región estaría por debajo de los 10 litros por metro cuadrado de escorrentía total anual. Como resultado final de esta situación, en 2050, Murcia registraría un 30-40 % menos de recursos hídricos propios. Actualmente, en nuestra región se emiten en torno a 10 millones de toneladas de dióxido de carbono anuales, la mitad concentrada en 22 grandes empresas. La Unión Europea obliga a reducir esa cifra un 26% antes de 2030.
En el aspecto sanitario, el Informe de Lancet Countdown sobre la salud y el cambio climático ha sido revelador[1]. Las vidas de todos los niños nacidos hoy se verán profundamente afectadas por el cambio climático. Sin una intervención acelerada, este nuevo período, con sus circunstancias cambiantes, definirá la salud de las poblaciones en todas las etapas de la vida. Cuando se salga de esta crisis, es urgente que se realicen cambios profundos que nos encaminen hacia esa lucha contra el cambio climático, la pérdida de recursos y los futuros impactos sanitarios.
Apenas queda tiempo para actuar. Nos encontramos en un punto de inflexión en el que hay que decidir si se opta por continuar con un sistema depredador de recursos, o bien afrontar la gravedad de la emergencia climática mediante un cambio completo, pasando por un decrecimiento del consumo de energías y materiales. Una urgencia inmediata es el cambio de nuestro modelo de consumo que supone, cada vez más, un mayor despilfarro energético Hay que desarrollar políticas de prevención de los peores efectos del cambio climático. Hoy es más necesario que nunca que la sociedad civil presione a sus políticos para un cambio del rumbo de colisión. En el ámbito estatal, este año 2020, debiera terminar con la aprobación de una Ley Cambio Climático en la que se plasmen los objetivos propuestos por la ciencia en el Acuerdo de París.
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