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Corrupción y democracia: pues no mames

El expresidente del Consejo de Transparencia José Molina

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El ya expresidente del Consejo de Transparencia murciano, José Molina, se ha despedido destapando una caja de los truenos que, a buen seguro, ya estaba destapada para cualquier cabeza pensante o mediopensante no obnubilada por prebendas, nepotismos, corruptelas, favores, promesas o intereses relacionados con el poder ejecutivo regional desde hace ya un par de décadas, por lo menos. Así lo demuestran y lo prueban las hemerotecas.

Sostuvo Molina en su adiós que el Ejecutivo regional, es decir, el que preside el inefable López Miras, ha boicoteado su labor de estos últimos cinco años al frente del Consejo Regional de Transparencia de Murcia (CTRM), puesto que la ha “torpedeado” utilizando “malas excusas legales” con el fin de “laminar” la independencia de ese organismo controlador, se supone, de las posibles transgresiones u opacidades del poder político-administrativo, ayudado por dos probos funcionarios cuya misión era meter palos en las ruedas del CTRM.

La bonhomía de Molina no puede, desgraciadamente, ocultar su ingenuidad bienintencionada. Me explico. Cuando hace cinco años el economista cuya renuncia a porta gayola nos ocupa se hizo cargo del organismo en cuestión no podía ignorar en qué Región estaba y con qué tipo de administración autonómica había de lidiar después de prácticamente veinte años de égida “popular”. O “podrida”, como el arriba firmante gusta de decir.

Su ingenuidad residió, precisamente, en su bonhomía: creer que se hacía cargo de un organismo realmente “limpio” por ser de nueva creación desde el que podría ejercer una labor fiscalizadora de las malas prácticas político-administrativas para hacerlas buenas y mejorar la gobernanza de esta sacrosanta de cualquier virgen que salga al paso Región.

Su en cierto modo abrupta salida del cargo no hace sino arrojarnos de bruces sobre una realidad que, desgraciadamente, ya conocemos… o deberíamos conocer a la luz de los recuentos más o menos independientes de los malhechos que vienen ocurriendo en esta comunidad regional desde que los muchachos de Aznar se hicieron con el poder enarbolando premonitoriamente el estandarte definitorio antisocialista de “Paro, Terrorismo, Corrupción” allá por 1995, un año antes de que sus señoritos de Madrid ocuparan el Congreso y la Moncloa con la misma bandera.

Tener memoria es muy bueno. O muy malo. Depende para qué. En este caso que nos ocupa, es decir, el de las razones de la frustración de José Molina, nadie podrá decir que no estaba ––o no estábamos todos–– avisado.

Pues hace ya tiempo que, a pesar de la edulcorada labor de la “prensa independiente” murciana, sabemos de qué va el paño o, incluso, cuántas púas tiene el peine de la labor gobernante del partido que detenta el poder regional desde hace 25 años.

Tan recientemente ––o tan lejanamente, según se mire–– como en marzo de 2013, siete bíblicos años antes del estallido de la actual pandemia del horror, las agencias de noticias nacionales narraron que la Región de Murcia era “campeona de la corrupción: 45 municipios y 40 investigaciones judiciales”. Por delitos relacionados con la corrupción urbanística, mayormente. Dicho fue de paso y sin que sirviera de precedente.

Mas sí que sirvió de premonición de lo que habría de venir, puesto que siete años después de la publicación del recuento citado y apenas cuatro días después de la declaración del primer estado de alarma por la pandemia ––esto es, el 18 de marzo de 2020 ––, las agencias informativas nos volvieron a ilustrar con que proporcionalmente nuestra sacrosanta y queridísima tierra “tiene la cifra más alta de procesados por delitos de corrupción en España”.

El resultado de la sistematización del trabajo de los jueces es apabullante, ya que “concluyeron en 2019 un total de 42 procedimientos por corrupción en los que se dictaron autos de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 254 personas, de las que 84 (33%) fueron acusadas por delitos relacionados con corrupción en la Región de Murcia, la comunidad autónoma con mayor número de procesados”. Tanto más apabullante es ese resultado si vemos que este territorio autónomo viene a suponer algo más del tres por ciento (3%) de la población nacional y similar porcentaje del PIB estatal. Diez veces menos del porcentaje de acusados de corrupción.

A ese estado de cosas se suponía que Molina había de hacer frente para mejorarlo, con la inestimable ayuda de una dotación de personal tal que de dos fieles funcionarios quienes, según vino a decir él mismo en su hastaluegolucas, tenían como función primordial hacerle la cama. Encomiable labor la suya. De él, quiero decir.

Y bien intencionada hasta decir basta, puesto que incluso llegó a elogiar en su adiós a la consejera máxima responsable de su departamento, Beatriz Ballesteros Palazón. La misma que, es de suponer y a la vista está, dotó de medios y recursos ingentes al Consejo presidido por Molina para que su labor fuera efectiva y acorde con la línea del partido Ciudadanos, al que pertenece la ministrilla en cuestión, cuyo leit motiv, como ha quedado ampliamente demostrado desde que sus representantes ocupan poltronas regionales ––incluyendo la Presidencia de la Asamblea Regional––, es la regeneración de la vida pública local. Y estatal, por supuesto. Pues no mames, me dijo mi cuate del PRI cuando supo quién sustituirá a Molina. Vale.

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