Sin duda, la agricultura en la Región de Murcia ha alcanzado un desarrollo tal que la hace ser el factor económico de mayor relevancia en las últimas décadas. Los datos sobre su contribución al PIB regional, las exportaciones, el desarrollo tecnológico, la demanda de mano de obra… aumentan año a año. Incluso en estos años de crisis económica.
Desde el sector empresarial agroalimentario nos inundan con un relato sobre los inmensos beneficios que su modelo de agricultura supone para todos, para la economía y para el medio ambiente. En palabras de Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (declaraciones en Jornadas Futuro Español): “El sector es proactivo, imita a la naturaleza, ayuda a paliar el exceso de CO2, es una barrera contra el desierto, es económica, social y medioambientalmente sostenible, genera una economía inteligente, eficiente, sostenible, funcional e integradora, que no precisa de ayuda externas… y se identifica con la economía circular”. Casi nada, ¡si fuera verdad! Y no se sonroja, aunque haga una lectura del guión aburrida y a veces balbuceante.
También el reciente Manifiesto Levantino por el Agua, otro banderín de enganche más después del “Agua para todos”, que busca señalar a quienes no muestren su adhesión, “la huerta levantina… se nos muere por falta de agua”. Ya conocemos las campañas en las que se busca el apoyo de todos los ciudadanos por el hecho de consumir en sus hogares un agua muy cara.
Esta pretensión de hacer pasar las reivindicaciones de una parte del gran del sector agroalimentario como las de toda la sociedad de la Región llega al extremo de que quien ose poner en cuestión algunas situaciones o propuestas se verá atacado, llegando al extremo de que en la Asamblea Regional Francisco Jódar (consejero del Gobierno Regional) propuso una iniciativa para “la reprobación al diputado de Podemos Oscar Urralburu por los ataques a los agricultores al cuestionar el modelo productivo agrícola de la Región”.
En el imaginario de la población, y más en la murciana, con raíces agrarias tan profundas, está el recuerdo de los sufridos agricultores de la huerta y del campo, la mayoría propietarios de pequeñas parcelas con superficies que apenas daban para la subsistencia. Pero, ¿de qué se están hablando hoy en día cuando se refieren a los agricultores?
Nadie duda de que el sector agrario se ha transformado en las últimas décadas: la aplicación de tecnologías avanzadas y la necesidad de producción a gran escala para ser competitivo ha hecho que se vaya imponiendo un modelo agrario que necesita grandes inversiones en capital. Cada vez más, la producción se concentra en grandes empresas que obtienen una elevada rentabilidad y que son las que dominan el mercado, mientras que, por otra parte, pequeños propietarios subsisten con dificultades o tienen que dejar su actividad como agricultores.
Por eso, la agricultura predominante ya no es aquella del siglo pasado, sino una agricultura “industrial” mayoritariamente exportadora que en nuestra Región supone un sector con grandes beneficios económicos, apoyada por las administraciones, con unas estructuras empresariales y sindicales que actúan como un potente lobby.
Ese modelo agrícola necesita, además de una alta inversión de capital, agua en abundancia, porque el regadío es mucho más productivo que el secano, superficies aptas para el cultivo, alto consumo de productos químicos como abonos y plaguicidas y mano de obra barata disponible en los momentos precisos. Son cuestiones de las que la ciudadanía recibe información producida por el propio sector y de aquellas instituciones y grupos sociales que le apoyan, pero que no cuentan toda la verdad.
Y la verdad es que ese modelo de agricultura produce daños colaterales que intentan ocultar: al medio ambiente y a los trabajadores. Al medio ambiente, como hemos comprobado, por ejemplo, en el Mar Menor, al dejarlo en una situación límite por los años de vertidos procedentes de las miles de hectáreas de su contorno: aguas salobres, fertilizantes en abundancia y plaguicidas. O, la destrucción del paisaje, incluso en zonas con protección ambiental, como en el caso de Marina de Cope, con la sobreexplotación de acuíferos, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de hábitats o la ampliación de regadíos ilegales.
También, el desarrollo de este sector se asienta sobre el trabajo de sus trabajadores, mayoritariamente hombres en el campo y mujeres en los almacenes. Y de ellas y ellos se ocultan sus condiciones laborales que solo salen a la luz en la prensa cuando denuncian la explotación. Jornadas larguísimas, desplazamientos (a veces de más de 100 km) que no se pagan, aumento de accidentes laborales, sueldos de miseria, contratos laborales, si los tienen, de unos pocos días aunque trabajen durante semanas con horarios superiores a lo reflejado, contratación de personas en situación irregular, trabajo a destajo (que dificulta la actividad sindical), creación de comités de empresa manejables, despido de los trabajadores más combativos…
Nada de esto podría ocurrir si no hubiera un poder político al servicio del agronegocio. Los dos partidos mayoritarios se han mostraron siempre dóciles ante los deseos empresariales, tanto en sus reivindicaciones sobre el agua, como en sus propuestas sobre materia laboral o en las medidas de apoyo a la economía neoliberal. Y ahora que el PP no tiene mayoría en la Asamblea Regional, los partidos de la oposición se ven sometidos a fuertes presiones por parte de este y del agronegocio cuando la legislación que se propone no es de su agrado, como ha ocurrido con Marina de Cope o estos días con la Ley del Mar Menor.
Cuando los trabajadores y el medio ambiente son solo recursos que se deben explotar al máximo para poder obtener mayores beneficios empresariales, los daños que se producen no son ya solo daños colaterales sino una losa para un verdadero desarrollo sostenible en nuestra Región.
*Rafael Cordón es activista anticapitalista y miembro del sectorial de Huerta y Modelo de Ciudad de Cambiemos Murcia
