Tener una cuenta en el banco no es una opción que dependa del libre albedrío. Llevando el asunto al extremo, podríamos decir que sí, que una persona puede decidir libremente no tener cuenta en el banco pero entonces, debería poco menos que convertirse en anacoreta e irse a vivir a alguna de las cuevas de la sierra del Valle y Carrascoy. Cuevas en las que, por otra parte, ya no vive ningún ermitaño desde hace siglos. Si se quiere tener una vida normal y corriente, no hay escapatoria y se hace obligatorio tener una cuenta en un banco. Tanto es así que el porcentaje de personas bancarizadas en España es del 96,7%.
No importa cuáles sean tus ingresos ni si proceden del trabajo, de rentas familiares o de ayudas sociales, todos ellos (al menos los legales) pasan por tener una cuenta. No es un tema menor. Durante los primeros meses del estado de alarma de 2020, se pusieron en marcha las llamadas 'ayudas covid'. Eran ayudas de emergencia destinadas a personas que se habían quedado sin ingresos debido a la pandemia. Ayudas de emergencia que debían servir para asegurar un mínimo de subsistencia a quien las recibiera. Sin embargo, muchas personas no pudieron recibirlas durante meses porque carecían de una cuenta bancaria.
Carecer de una cuenta es la forma extrema de la exclusión financiera. Un tipo de exclusión que se puede definir como “la incapacidad para acceder a los servicios financieros necesarios de una forma apropiada” y, véase el ejemplo de las ayudas covid, puede considerarse como una de las dimensiones más relevantes de la exclusión social.
Son varias las razones que pueden explicar la exclusión financiera. La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) las analiza en el informe “Inclusión financiera para el desarrollo sostenible, un enfoque de derechos en el proceso de reconstrucción post pandemia”. Repasamos a continuación algunas de ellas.
Una de las razones es de carácter geográfico. Se trata de la llamada 'desbancarización', es decir, cuando se vive en un territorio en el que se han cerrado las sucursales que había. Según un estudio realizado por el sindicato CCOO, el cierre de oficinas se eleva al 50%. Esta ‘desbancarización’ afecta más a la clientela de la llamada ‘España vaciada’, que no es necesariamente rural: en la ciudad de Murcia, una de cada cuatro pedanías (el 25%) carece de oficinas bancarias.
Una segunda razón es la exclusión en el acceso de determinados perfiles. Las entidades financieras juegan con la ventaja de saber que la ciudadanía no tenemos más remedio que convertirnos, antes o después, en sus clientes. Desde esa posición privilegiada, seleccionan a la clientela que les dé seguridad y expulsan a la que potencialmente no ofrece las garantías necesarias ni cumple con sus requisitos. Esta discriminación encubierta puede conseguirse estableciendo exigencias inasumibles a determinados perfiles de clientela, aquella con menores recursos, de origen extranjero, con manejo insuficiente del idioma, con bajo nivel de logro educativo, con brecha digital, con ingresos inestables, etc.
En relación con lo anterior, es interesante la jornada que EAPN-ES ha organizado para el próximo miércoles 9 de febrero titulada: “Inclusión financiera: ¿enfoque de derechos o aporofobia bancaria?”. Recordemos que la aporofobia, término acuñado por la filósofa Adela Cortina y que ya se recoge en la Ley de Infancia, hace referencia a la discriminación que las personas en situación de pobreza sufren precisamente por vivir en pobreza.
Una tercera causa tiene que ver con la brecha digital. La falta de recursos (ya sean dispositivos o conexión a internet) y formación para el acceso y manejo de las tecnologías digitales empieza a ser un problema de magnitud más que considerable. Supone quedarse atrás (o directamente fuera) de la educación formal. Supone no poder hacer muchos de los trámites exigidos por la Administración Pública. Y supone caer en la exclusión financiera.
La brecha digital se relaciona directamente con la pobreza y la exclusión social pero no solo. Hace unos días supimos de una recogida de firmas promovida por el jubilado Carlos San Juan de Laorden. El nombre con el que se dio a conocer esta recogida de firmas fue “Soy mayor pero no idiota” y lo que exige es una atención personal en las sucursales bancarias, que no existan trabas tecnológicas y que se mantengan oficinas abiertas donde pueda darse esa atención “paciente y humana”.
El informe de EAPN-ES que ha servido para escribir este artículo establece (a partir de un estudio del Réseau Financement Alternatif ) la lista de los cuatro servicios financieros básicos considerados indispensables en la vida cotidiana de las personas. A saber: Disponer de una cuenta para recibir los ingresos personales, tener una cuenta bancaria que autorice las transacciones para disponer de un medio que permita efectuar pagos, tener una cuenta de ahorros con el fin de poder guardar dinero, disfrutar de un crédito sin aval para gestionar la falta de liquidez temporal o los gastos inesperados.
Concluye, dicho informe, con una serie de propuestas dirigidas a la Unión Europea, al Gobierno Central, a las Autonomías y Entidades Locales, a las entidades bancarias y a las entidades del tercer sector. Todas estas propuestas se pueden consultar aquí y van desde la regularización de las comisiones a la erradicación de la brecha digital pasando por los microcréditos gestionados desde los ayuntamientos. Estas propuestas, en todo caso, se formulan desde la idea que se exponía al inicio: el acceso a los servicios financieros se ha convertido en una condición necesaria para participar en la vida económica y social.
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